Carlos Egea, propietario de Petra, una perra de raza dogo que falleció el 6 de octubre de 2018, ha demandado a la clínica veterinaria Fany de Arrecife, en la que fue ingresada y donde terminó muriendo durante la noche, “sin vigilancia y sin siquiera la posibilidad de que su amo la acompañara en sus últimos momentos”.

El demandante reclama a la clínica, y en concreto a su representante, un total de 4.671,96 euros, desglosados en los 1.400 del valor de la perra; 271,96 por los gastos de cremación y 3.000 euros en concepto de indemnización por daños morales causados al propietario, “al tratarse de un componente más de la familia”, se lee en la demanda presentada en un juzgado de instrucción de Arrecife.

La perra, un ejemplar sin esterilizar de pura raza dogo alemán, de tres años “fuerte y sana” era hija de campeones de España y fue inscrita en el Libro de Orígenes de la Real Sociedad Canina de España, con pedigrí.

“Su propietario podía haberla cruzado, con el fin de obtener otra generación de perros de pura raza, obteniendo un beneficio económico cuantioso, ya que los dogos alemanes suelen tener alrededor de diez cachorros”, según detalla la demanda.

Sin embargo, Carlos Egea asegura que busca más una reparación moral que económica, ante la tristeza que le ha causado la muerte de su perra en circunstancias “tan trágicas”.

El animal falleció solo, durante la noche, al no contar la clínica con servicio de 24 horas a pesar de que en su página web se especifica: “Realizamos todo tipo de intervenciones con todas las garantías de higiene y seguridad” y “tu mascota estará perfectamente controlada durante su tratamiento o convalecencia”.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de octubre de 2018. Egea llevó a Petra a la citada clínica, tras advertirle su veterinario habitual de que podría estar sufriendo una torsión gástrica, dolencia muy grave de la que tendría que ser intervenida en un establecimiento con quirófano y servicios adecuados.

Según se narra en la demanda, el amo de Petra no fue informado de los horarios reales de la clínica y, tras la intervención de alto riesgo, en la que la perra finalmente salvó la vida, se le comunicó que la clínica cerraba al público de 21.00 a 09.00 horas, y “ningún veterinario se quedaría a su cuidado”, un servicio que debería prestar Fany, al estar catalogada como clínica veterinaria en el Reglamento para el Ejercicio Profesional en Clínica de Animales de Compañía.

Sin embargo, lo más doloroso fue la negativa a que Carlos Egea “y su familia” acompañaran a su mascota durante esas horas, ya que, “aunque no podrían hacer nada, por lo menos estarían con Petra en sus últimos momentos. No se lo permitieron y les dijeron que se fueran”, reza la demanda.

“Cuando el personal de la clínica acudió por la mañana, Petra había muerto, sola, sin asistencia alguna”. Egea encontró “a su amada perra tirada en el suelo de un cuartucho, fría y rígida y sin ni siquiera una sábana que la tapase”, lo que le ha causado problemas emocionales.

La letrada de Egea recurre en sus argumentos al Código Deontológico para el ejercicio de la profesión veterinaria, en el que consta que “la relación del veterinario con el cliente tiene que basarse en la mutua confianza”; y al artículo 18.1, que establece que “el veterinario tiene el deber de informar al cliente, en un lenguaje comprensible, del diagnóstico y opciones de tratamiento”.

Los veterinarios de la clínica demandada “nunca comunicaron opciones ni mantuvieron la diligencia debida para que el animal sobreviviese”, mantiene.

El Colegio de Veterinarios de Las Palmas de Gran Canaria ya sancionó a la clínica por mala praxis, después de que Egea pusiera los hechos que ahora denuncia en su conocimiento el pasado año.