“Está en juego nuestra sostenibilidad, el derecho a la vivienda, la protección del entorno, la calidad de vida y el empleo”. La consejera de Turismo, Jéssica de León, empezó fuerte la legislatura. Parecía que, por fin, con esas palabras, el Gobierno iba a abordar rápidamente uno de los mayores problemas de las islas: la escasez y carestía de vivienda, regulando uno de los elementos que más influyen en el problema: la vivienda vacacional.

Pero ha tardado poco en decepcionar. La semana pasada aclaró que la nueva ley “limitará el alquiler vacacional en zonas turísticas y en barrios de las dos capitales de Canarias”. Volvemos al principio, cuando el Gobierno decidió prohibir el alquiler turístico vacacional precisamente en las zonas turísticas. Toda una declaración de principios y de apoyo al sector turístico.

Si a Arrecife no le afecta la ley, el problema se va a agravar. En una isla de las dimensiones de Lanzarote, si se parcela la solución, se concentran los problemas en otros lugares. La consejera anunció que “se determinarán zonas tensionadas” como Arona, Adeje , El Cotillo o La Oliva. Es curioso que al PP le valgan las zonas tensionadas de la Ley de Vivienda pare el alquiler vacacional pero que las rechacen para el alquiler residencial.

Dijeron que eran conscientes de la importancia de conciliar todos los intereses y de escuchar a todas la partes implicadas. Parece que se han cansado a mitad de camino.