Cuando entramos al Parlamento de Canarias, hace ya 3 años, éramos conscientes de que una de nuestras prioridades debía ser cambiar el perverso sistema electoral que tiene nuestra tierra. Trabajar para tener un sistema más justo, más solidario y más democrático. Uno que represente mejor la voluntad del pueblo canario en las urnas. Un sistema que no permita que alguien con 5.000 votos pueda secuestrar las decisiones que se toman en este Parlamento, mientras que una fuerza política apoyada con 50.000 votos de ciudadanas y ciudadanos se quede fuera de la Cámara. Un sistema en el que algunos votos no valgan 17 veces más que otros. La gente nos lo demandaba. Lo vimos en las calles, en las numerosas movilizaciones que se dieron hace tres años. Especialmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Nosotras recogimos el guante, siguiendo el mandato de la ciudadanía. Lo hemos peleado en las instituciones, en los medios y en la calle. Empezamos la Legislatura abriendo una comisión sobre la reforma del sistema electoral. Sabíamos que era una necesidad, por eso la Comisión salió adelante con el apoyo mayoritario de todos los grupos (salvo la abstención de la Agrupación Socialista Gomera, el partido gran beneficiado de este sistema en las pasadas elecciones). Todas las formaciones parlamentarias partíamos de posiciones muy diferentes, desencontradas, y muy alejados los unos de los otros. A pesar de ello, todos hemos trabajado durante estos tres años para esa reforma, conscientes de la responsabilidad política que cargábamos sobre nuestros hombros. Es evidente que Podemos tenía las más altas pretensiones, con un fin muy claro: una persona, un voto. Un empeño del que no desistimos, ni desistiremos, en ningún momento. Pero desde el primer día, y para cualquiera que sepa sumar, resultaba obvio que con la fragmentación actual del Parlamento de Canarias todos debíamos ceder para lograr que en 2019 tuviéramos un sistema electoral más justo. Las cuentas eran claras. Nos encantaría que Podemos tuviera una mayoría suficiente que nos permitiera sacar adelante nuestra propuesta inicial: 2 diputados/as por cada isla en circunscripción insular, y el resto elegidos en una lista regional. También nos hubiera encantado que la reforma del sistema electoral se hubiera hecho en Canarias, a través del desarrollo de una Ley electoral canaria. Pero hacían falta 40 votos, de 60, para poder impulsarlo. Las cuentas son claras. Gracias a la apertura de la Comisión sobre la reforma del sistema electoral pudimos escuchar a los partidos que habían sido afectados por el sistema, a la sociedad civil organizada (mención especial y nuestra gratitud para el oro civil de Demócratas por el Cambio) y también escuchamos a muchos expertos, con puntos de vista e ideologías diversas. Todas estas voces que visitaron la Comisión coincidían en sus conclusiones: hay que avanzar hacia más democracia en nuestra tierra. El actual sistema no funciona. Pasada esa fase, y sabiendo que si permanecíamos en posicionamientos inmovilistas no habría reforma, abrimos una ponencia para buscar acuerdos y consensos que permitieran puntos de encuentro entre las distintas fuerzas políticas. El primer objetivo era que tuviera el apoyo unánime de los grupos presentes en el Parlamento de Canarias, y que no hiciese falta llegar hasta el Congreso de los Diputados en Madrid. Eso queríamos: que se decidiera en nuestra tierra. Sin embargo, hubo quien se negó taxativamente a buscar consensos, y que ahora que no se quejen si esquivamos sus obstáculos en el Congreso de los Diputados. Los mismos que no les importó usar cuando hace más de una década elevaron las barreras electorales en Madrid. No hay otra. O consensos, o nada. Y quien se niegue a aceptar a los consensos, quizás está incapacitado para hacer política. Nuestro grupo se sumó al acuerdo tras realizar una consulta en la que participaron más de 2000 personas (la primera de este tipo que se hace en toda Canarias), también nuestros órganos internos, Consejo de Coordinación y Consejo Autonómico, se manifestaron favorables a llegar a consensos. Por desgracia, la reforma en Canarias no ha sido posible, pues chocamos con una dura realidad: dos de los grupos se niegan a la reforma que planteamos en el dictamen. Coalición Canaria y Agrupación Socialista Gomera dicen que no. Casualmente, los dos partidos más favorecidos por el sistema electoral actual. Hemos acordado una reforma que supone disminuir las barreras y aumentar 10 diputados (posibilidad contemplada en el actual Estatuto de Autonomía), elegidos en una lista regional. Sabemos que esta puede ser una medida impopular y por eso viene acompañada de un mandato: que no suponga ningún coste extra para la ciudadanía. Poner como excusa que esta reforma se rechaza porque hace más cara nuestra democracia es un argumento espurio, falso y demagógico. En el dictamen final se asegura que la reforma no supondrá mayor coste para las arcas del Parlamento. Así que esta es una excusa propia de quien quiere que nada cambie. Y ese aumento de diputados/as sin coste se lograría de cuatro formas: 1.- Reformulando las asignaciones que recibimos en concepto de dietas y/o asistencias, así como los complementos derivados del cargo (por presidir una Comisión, ser Portavoz o Presidente, miembros de la mesa, etc.) 2.- Bajando las asignaciones que perciben los Grupos Parlamentarios. 3.- Disminuyendo la cantidad de diputados/as que asisten a las comisiones, y el transporte que supone (amén de las dietas que reciben). 4.- Utilizar las nuevas tecnologías de videoconferencia para asistencia a reuniones, como se hace en otros parlamentos de España o incluso en la Mesa y Junta de Portavoces. Miren, si entramos en el juego de que la democracia es cara, ¿díganme los que piensan así cuantos diputados/as creen que son necesarios: 40, 20, 10? Porque por esa regla de tres, hagamos una dictadura donde mande uno solo, que así saldría más barato que tener un Parlamento con diputados y diputadas. A lo mejor hay quien estaría más cómodo con ese sistema. El futuro de Canarias se juega en este tablero. Salir del caciquismo que algunos han utilizado en favor propio, para construir un Archipiélago más vertebrado. Para eso necesitamos un sistema electoral que represente mejor a los canarios y canarias. Con el cierre de esta comisión, y el veto que hemos encontrado, se vuelve a demostrar una cosa: Coalición Canaria es un problema para la democracia de este país y la democracia de esta tierra. Cuando un partido pone por delante sus intereses, y su vocación de permanencia en el poder, por encima de los intereses de la ciudadanía: ese partido es un grave problema. Y eso pasa con Coalición Canaria. A pesar de estos esfuerzos por alcanzar consensos en Canarias, la reforma del sistema electoral se dilucidará en Madrid, dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía. Allí, estoy segura de que nuestros diputados y diputadas de Podemos pelearán de nuevo por una reforma más ambiciosa, y que trabajarán por lograr consensos que logren al menos algo: que no nos quedemos en la nada. Asumamos la realidad. Si no cambiamos algo este año, no vamos a cambiar nada nunca. Es imposible cambiar el sistema electoral, como a muchos demócratas nos gustaría, si no damos un primer paso, que aunque parezca insuficiente ya es algo. O esto, o nada. Y yo, perdonen que les diga, pero en el bando de la nada, el bando de los que quieren que nada cambie, allí donde están Coalición Canaria y el señor Curbelo, que no cuenten conmigo.