Para acometer un proceso de catalogación de bienes, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias recoge, entre otros, algunos aspectos que se detallan al final de este artículo, y algunos otros a los que no se hace mención, por demasiado prolijos. Asimismo, la ley canaria establece que se recoja en la ficha de catalogación la edificabilidad permitida en el bien objeto de protección, aspecto que parece dar cobertura a intereses urbanísticos que nunca debieran ser objeto de esta ley. Cuando el Colegio de Arquitectos, COALZ, y el Cabildo de Lanzarote, presentan su proyecto denominado como + Patrimonio apelaban, además de a cuestiones de manual y de sentido común, a la libertad de intervención sobre los bienes históricos de Arrecife, una novedad en el marco de un proyecto sobre patrimonio que causa perplejidad por tener al otro lado a la primera institución de la isla y a la que corresponde las competencias en esta materia. Esa libertad de intervención se traduciría en la obtención de aprovechamientos urbanísticos sobre aquellos bienes -remontas, plantas de altura o mayor edificabilidad- pero en ningún momento hacen mención a que esta circunstancia estaría condicionada al proceso de catalogación que estaba, y sigue, pendiente, y más, cuando el Cabildo no aborda su catálogo insular al que está obligado y del que la ley específica que debe mantener actualizado. Por lo expresado, resulta paradójico la presencia del Cabildo en tal iniciativa

Tras la fórmula elegida por el COALZ y el Cabildo, subyace una idea grosera, una estrategia que es la de adaptar el catálogo que está por realizar a sus pretensiones, y hacerlo en el momento de su redacción, para que cada inmueble sea susceptible de aquellos aprovechamientos. Quedaría así pervertido el espíritu de la protección, que es el de atender a los valores existentes para que pueda ser protegido, en favor de aquella medida. Por tanto, la clave para el catálogo que haya de elaborarse en la linea intervencionista planteada estaría en elaborar una ficha ad hoc, de manera que se pasen por alto valores existentes para, a continuación, establecer que en esas partes se construya libremente. Para explicar qué va a pasar con un eventual catálogo de protección para Arrecife, habría que saber quién lo elabora y si tal equipo es proclive a recibir directrices en la dirección del mayor intervencionismo posible, haya o no haya valores, para contentar a las dos entidades que ya han manifestado cuál quieren que sea la dirección de las intervenciones en los inmuebles que haya que catalogar (una entidad pública con las competencias en patrimonio y una entidad de derecho público que representa los intereses muy particulares de sus afiliados arquitectos). Causaría perplejidad que profesionales de todos los campos, suponiendo que cuenten con ellos, desciendan al fango para darle a aquellos su trozo de pastel y hacerlo a costa de los valores de nuestros mejores exponentes arquitectónicos.

La segunda fórmula para proceder a catalogar cualquier bien, con independencia del municipio en que se encuentre, corresponde al Cabildo Insular, y la inclusión se iniciará de oficio por el propio Cabildo o a instancias de terceros. Hay que señalar que el procedimiento de catalogación insular es extraordinariamente menos complejo y de gran sencillez comparado con la catalogación municipal. El único requisito es que el departamento de patrimonio elabore un informe sobre los valores patrimoniales del bien.

No se conoce que el Cabildo de Lanzarote, desde la aprobación de la ley, haya iniciado de oficio o a instancia de terceros, catalogación alguna de ningún inmueble en municipio alguno, a pesar de que están obligados a mantenerlo actualizado y de los riesgos de que algunos edificios pudieran ser demolidos por carecer de protección a pesar de los ostensibles valores de los que disfrutan. También sabemos ahora, que el concepto de “mantener actualizados” es perversamente utilizado por el Cabildo para reducir los valores de bienes que disfrutan de una protección anterior a la aprobación de esta ley, motivado por intereses ajenos, cuando tal obligación lo que significa es que no quede sin catalogar nada que posea los requisitos para estarlo.

Puede que la falta de diligencia del Cabildo venga motivada porque un catálogo municipal puede instar a que se levanten plantas sobre el bien catalogado y que este aspecto no se contempla -con muy buen criterio- en los catálogos insulares: esos son los “aprovechamientos urbanísticos” que mencionábamos al principio del texto. El Cabildo no hace su tarea para el catálogo insular porque, de hacerla, no obtendría los aprovechamientos a los que aspira y que políticamente, le serían muy rentables. Parece esta, la sociedad lanzaroteña, la única incapaz de sobreponerse a las corruptelas y a los intereses personales, y más incapaz, aún, de establecer la existencia de algo denominado como bien común.

La respuesta a todo ello podría ser extraordinariamente sencilla. Con los millones pagados por el Solar de Ginory se habría compensado sobradamente a aquellos propietarios de Arrecife a los que se les hubiera catalogado su inmueble por los aprovechamientos urbanísticos no obtenidos por no poder construir un edificio. Catalóguese, por tanto, lo que tenga valores, y búsquense los recursos para tal compensación. Con tal incentivo, nos olvidaríamos de cargarnos el patrimonio con desvaríos creativos cuyos resultados ya conocemos, y el COALZ que se vaya olvidando de que pondremos nuestro patrimonio a disposición de sus intereses, que no es otro que proteger a toda costa el ejercicio de su actividad profesional y el libre albedrío. De lo que se trata es de compensar económicamente por recibir el disfrute del patrimonio cultural catalogado y hacerlo con recursos públicos sin que eso suponga una carga para algunos propietarios, y si alguno de los propietarios de un inmueble con valores y no catalogado desea conservarlo, no tenemos más que aplaudir tal iniciativa por mostrar tales niveles de compromiso.

A ver quién se apunta a la apertura de tan interesante debate, y esperemos que la consejera de patrimonio Doña Ariagona González vea por fin la luz e identifique a los interlocutores que tiene en su mesa. Eso es tanto como saber que ella representa el interés general y los otros un interés corporativista. “Reconocer, proteger, conservar, difundir y transmitir la herencia recibida” sería un buen objetivo para su mandato.

ALGUNOS ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA CATALOGACIÓN: La exigencia de considerar criterios de calidad o interés artístico, material, constructivo, técnico o industrial; de relación, de valoración de conjunto, urbano, rural, paisajístico o ambiental; históricos, sociales, simbólicos, personales o de autoría. Asimismo, establece que se considere la valoración sobre la incidencia en los valores protegidos y medidas preventivas, en su caso; los criterios, técnicas y materiales a emplear en las intervenciones; un estudio previo de carácter histórico, artístico y cultural de los bienes; el análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación de los bienes; criterios de valoración del conjunto y de sus partes, incluso de elementos discordantes o perdidos, valor o potencialidad informativa de la construcción y valor o potencialidad arqueológica del subsuelo; delimitación del bien y de su entorno, en su caso, justificadamente; estado de conservación, patologías, riesgos y medidas a adoptar; grado de protección asignado al conjunto, o a cada una de sus partes, y su justificación; tipos de intervenciones permitidas; criterios de intervención particular, en su caso.