En los últimos meses, la isla de Lanzarote se ha visto envuelta en una intensa polémica en torno a las llamadas “zonas de aceleración de renovables”. Lo que inicialmente se presentó como una herramienta técnica para impulsar la transición energética ha derivado en un clima de confusión, confrontación institucional y desconcierto ciudadano.

El foco mediático ha puesto el acento en el enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote. Sin embargo, reducir el debate a una disputa política simplifica una cuestión que es mucho más profunda: el modelo energético y territorial que se quiere imponer —o construir— en la isla.

Durante más de ocho meses, ambas administraciones han mantenido un cruce constante de declaraciones sin lograr resolver el problema. Unos apuntan a errores en los mapas de delimitación; otros niegan que ese sea el núcleo del conflicto. Mientras tanto, la ciudadanía asiste a un debate confuso, en el que se evita entrar en la cuestión esencial: qué tipo de transición energética se está promoviendo y a quién beneficia.

En el fondo, lo que subyace es la implantación de un modelo centralizado de producción energética, impulsado desde el Gobierno autonómico y defendido por figuras como Antonio Morales con gravísimos daños al territorio y regalo del viento, el sol y el agua de lluvia al oligopolio energético concentrado su modelo en la destrucción del barranco de Arguineguín.  Este modelo, ya desplegado en islas como Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura o La Gomera, se basa en grandes instalaciones renovables promovidas por empresas del oligopolio eléctrico.

Lanzarote, sin embargo, había permanecido relativamente al margen de este esquema desde 2007, evitando la expansión masiva de infraestructuras energéticas de gran escala.

La introducción de las zonas de aceleración supone ahora un cambio de rumbo: bajo el argumento de la urgencia climática, se pretende incorporar la isla a un modelo que ha generado importantes impactos territoriales, ambientales, sociales, en otras partes del archipiélago.

A ello se suma un elemento clave que rara vez se aborda con claridad: la apropiación de los recursos naturales. El viento y el sol, bienes comunes del territorio, están siendo utilizados por grandes operadores sin que ello se traduzca en beneficios proporcionales para la población local. La factura eléctrica no disminuye significativamente, mientras que los impactos paisajísticos, ambientales y territoriales sí se quedan en la isla.

En este contexto, el reciente manifiesto conjunto entre Lanzarote y Fuerteventura, contrario a la implantación de renovables tal como se está planteando, añade aún más confusión al debate. Porque la cuestión no es estar a favor o en contra de las energías renovables, sino definir cómo, dónde, para quién y con qué límites se desarrollan.

Lo preocupante es que, en medio de esta confrontación, apenas se está dando espacio a alternativas. No se habla de reducir el consumo energético ni de abordar el problema desde la raíz. Se evita debatir sobre un modelo que priorice el ahorro, la eficiencia y el decrecimiento de los consumos más intensivos y derrochadores, como vía efectiva para reducir las emisiones y aliviar la factura energética.

Tampoco se está apostando con la suficiente claridad por un modelo distribuido y socialmente justo. Un plan que impulse equipos técnicos en todas las instituciones para acompañar a la ciudadanía —residentes, pequeños y medianos propietarios— en la superación de las barreras burocráticas y técnicas al autoconsumo sería un paso decisivo. Del mismo modo, un programa estratégico para cubrir con energía solar los techos de edificios públicos, instalaciones deportivas, centros educativos, sanitarios y viviendas permitiría avanzar hacia una mayor soberanía energética sin necesidad de ocupar grandes extensiones de territorio.

Pero la transición energética no puede entenderse de forma aislada. Debe formar parte de una transición eco social más amplia, que aborde de manera integrada cuestiones como el consumo de agua, la gestión de residuos, la movilidad o el modelo económico. En una isla con recursos limitados, estos aspectos están profundamente interconectados.

Asimismo, resulta imprescindible abrir el debate a la ciudadanía. La toma de decisiones sobre el territorio no puede quedar restringida a acuerdos entre administraciones o intereses empresariales. La gobernanza territorial, la participación social y la diversificación económica deben ser pilares fundamentales de cualquier estrategia de futuro.

En definitiva, lo que está ocurriendo en Lanzarote no es solo una discusión técnica ni un conflicto político coyuntural. Es una encrucijada que obliga a decidir entre dos caminos: uno basado en la centralización, la externalización de beneficios y la presión sobre el territorio; y otro que apueste por la proximidad, la equidad y el respeto a los límites de la isla.

Aclarar esta diferencia es clave para salir de la confusión actual y construir un debate público honesto. Porque sin esa claridad, el riesgo no es solo tomar decisiones equivocadas, sino perder la oportunidad de definir un modelo de futuro verdadero para Lanzarote.