Puede que Alfredo Mendoza, teniente de alcalde del ayuntamiento de Arrecife (PSOE), haya estado atinado cuando señaló que los técnicos municipales no son expertos en patrimonio, al respecto de la concesión de la licencia para intervenir -dicen que para vaciar el inmueble- que ocupó el antiguo Hotel Oriental en la calle Real. Puede que haya estado doblemente acertado cuando expresó que debe existir un catálogo de protección de bienes protegidos, y, aunque forma parte del equipo de gobierno que lidera el PP, arrima esa responsabilidad a sus socios de gobierno por ser estos los responsables del asunto.

También podría haber dicho que aquí poco experto hay en patrimonio y haber señalado que por no haber, no hay ni arquitectos duchos en la materia. Que yo sepa, ni uno, aunque algunos se arroguen el que no haya que ser especialista para intervenir en inmuebles con valores históricos, que demandan de la aplicación de rigurosos criterios, más allá del "diálogo" con el edificio, término este totalmente insustancial al que se echa mano cuando se sabe poco del asunto.

La libertad creativa materializada en una intervención sobre un inmueble en el que concurren valores como para propiciar su protección, nos da como resultado lo que podemos apreciar en la antigua librería Lasso. Está mejor ahora que en ruinas, dirán algunos, y eso es incontestable, pero el edificio es otro edificio y el aspecto de la antigua fachada ha pasado a quedar en el olvido para inventar una solución historicista que en nada recuerda al anterior inmueble y que poco tiene que ver con la tradición local, más parece que juegan a pintar casas como en La Laguna, donde también les ha dado por reinventar fachadas. En este caso, poco se puede censurar a la propiedad porque ha hecho lo que el ayuntamiento le ha autorizado sin que el Cabildo pintara nada, pues el edificio, pudiendo tenerla, carece de protección alguna que no ha materializado el ayuntamiento, pero tampoco el Cabildo, haciendo uso de las herramientas de las que dispone. Ha preferido, en lugar de proteger, poner condiciones, como si gozara de protección, que la propiedad ha ignorado porque no estaba obligada. Hasta lo podrían haber demolido íntegramente sin que el Cabildo pudiera ni toserle a la propiedad.

Cuando un bien no catalogado disfruta de las condiciones para que no le pase una pala por encima, no sólo procede una paralización cautelar de la administración con competencias sino que, a continuación, debe instarse la medida de protección ajustada a esos valores, ya sea como bien de interés cultural (BIC), o como parte del catálogo insular o del catálogo municipal. No se puede, desde instancias de patrimonio del Cabildo, reconocer valores en la casa y derivar al ayuntamiento la adopción de la medida de catalogación cuando lo podría hacer el propio Cabildo incorporándolo a su catálogo insular -que no ha hecho- o incoando el expediente como BIC al par de "casas altas" colindantes que hay en esa calle -tampoco lo ha hecho-. Se llama echar balones fuera, pues saben en el Cabildo que el catálogo municipal es un enredo desde hace décadas, del mismo modo que conoce que pocas casas altas quedan en la isla y que estas merecen estar, al menos, en un catálogo de ámbito insular.

Para el buen fin de la protección de nuestro patrimonio se demanda un impecable marco legislativo. Al respecto de este punto, Alfredo Mendoza, el teniente de alcalde, no tiene por qué conocer el nivel de calidad de nuestra reciente Ley de Patrimonio Cultural. Sobre la misma le puedo indicar que, no siendo el mejor texto legislativo, tampoco habría que hacerla de nuevo. Con quitar varios artículos y reescribir otros, nos saldría una ley ajustada a aquello que efectivamente consideremos merecedor de ser parte de nuestro acervo cultural, de nuestra memoria. El asunto es que se reescriba con el ojo puesto en los valores culturales, no en los intereses inmobiliarios, aprovechando, de paso, para garantizar aprovechamientos urbanísticos. Le animo a que ponga las pilas a sus compañeros de partido del Gobierno de Canarias, o a los del propio Parlamento donde tenemos a la alcaldesa de la capital y a la presidenta del Cabildo. Debe ser que el asunto de la Ley de Patrimonio Cultural les interesa bien poco a ambas o que lo tendencioso de ese documento legislativo es conveniente a su idea de patrimonio.

Hoy, con esa ley, hasta el conjunto histórico de Teguise está en la cuerda floja. Todo bastante impresentable y arbitrario. Da en el clavo Mendoza, pero va a tener que convencer a su socia de gobierno y a la presidenta del Cabildo de que en las casas que son ambas administraciones, y de las que ellas son las responsables, están siendo bastante chapuceros.