Es más que seguro que, aún pudiendo generar cierto rechazo la adopción de una figura de protección -siempre lo hace cuando afecta a la titularidad privada-, determinados bienes radicados en el municipio de Arrecife son incontestables desde la perspectiva de su conservación. Pero también es cierto que, así sea íntimamente, la mayoría de la población percibe cuándo algo merece pasar a formar parte de la memoria de la comunidad.

He podido acceder a un documento de la inspección de patrimonio, remitido por el Cabildo de Lanzarote al Ayuntamiento de Arrecife, donde se exponen de forma cronológica las comunicaciones que desde el Cabildo se han venido realizando, para solicitar que determinados bienes sean incorporados a un catálogo municipal. El escrito, sin más aval de representante político alguno, más allá de manifestar que es “contenido literal del informe técnico firmado por el inspector insular de patrimonio”, llega a advertir al Ayuntamiento a través del informe del técnico, y lo hace citando algunos aspectos de la ley.

Ante tal despliegue de bienes que desde la inspección de patrimonio se aspira a que sean objeto de catalogación por parte del Ayuntamiento -y que se ha ido incorporando a cuentagotas- resulta curioso, o lo desconocemos, que la inspección de patrimonio no se detenga en los instrumentos con los que el Cabildo cuenta para materializar la protección de aquellos bienes que considere que reúnen los valores para ello, delegando exclusivamente en el ayuntamiento capitalino tal tarea, y, además, advierta de la responsabilidad en que este incurre si no incorpora al catálogo la relación de bienes que aporta, o pretende imponer, en contra de la autonomía municipal. No se conoce si, previamente, la inspección de patrimonio ha apercibido a la consejera de patrimonio con meterla en los juzgados por no atender las obligaciones que sobre la adopción de medidas de protección corresponden al Cabildo, porque interpreto que no se puede ser tan selectivo recordando las obligaciones de otros mientras se ignoran las propias.

Sobre cuánto saben en el Servicio de Patrimonio sobre bienes inmuebles resulta un enigma, porque ellos y ellas deben ser conscientes de lo que saben. Los responsables políticos del Cabildo también saben lo que saben de las áreas que gestionan, pero no sé si alcanzan a conocer la solvencia de sus técnicos, porque de una medida inteligente se desprende que detrás habrá una persona o equipo capaz. De una decisión caprichosa y arbitraria se interpreta que un equipo caprichoso y arbitrario está en ello, que es tanto como decir que un área del Cabildo anda perdida, con zapatos que no son los suyos. Y para muestra de ello, el listado que ha elaborado el Servicio de Patrimonio, que no deja de ser un documento caprichoso donde se mezclan bienes con evidentes valores con otros más que discutibles.

Parecen desconocer en el Servicio de Patrimonio el concepto de "valor", concepto esencial hasta para los tribunales de justicia cuando se debaten los procedimientos sobre tales asuntos, porque, ¿qué quieren conservar y para qué?, ¿cualquier huella material de un modo de vida, sea la que sea esa huella?, ¿todos los testimonios sobrantes de lo que hemos dejado de ser?, ¿o aquellos bienes que ostenten determinadas condiciones que merezcan su preservación? Porque si todos hemos contribuido a la desaparición de los mejores exponentes del patrimonio de la ciudad, ello no tiene que significar que lo que queda disfrute de valores como para ser preservados, con lo cual tocaría lamentarse por lo perdido y seguir adelante con lo poco que queda.

Si comparamos el contenido de algunas fichas del documento remitido por la inspección de patrimonio al Ayuntamiento de Arrecife, sorprenden algunas cosas. Una de ellas es que en apenas dos años, lo que ni existía en un listado de 2017 aparece en un segundo listado dos años después, por lo que surge la duda de qué es lo que ha cambiado en esos dos años. De igual modo, resulta llamativo el cambio de criterio de la inspección sobre inmuebles en los que realmente existen valores, como en el caso de la antigua librería Lasso, donde no se contemplaba en aquel momento la posibilidad de remontas, al contrario de lo que luego se informó. O sobre el cambio de criterio desde su propuesta de catalogación del Hotel Oriental en la calle León y Castillo 37 hasta su incoación como BIC. En esta edificación se modifican las intervenciones de la ficha de catalogación que se aporta en 2017, de manera que en el expediente de incoación como BIC en 2022 aparecen, como novedad, las remontas en la parte trasera del edificio, lo mismo que ha sucedido en el número 35 de la misma calle. Del reconocimiento de determinados valores en 2019, se pasa en 2022 a la "flexibilidad en la intervención”, que es lo que se viene defendiendo, al menos desde 2021, desde el Colegio de Arquitectos y el Cabildo. La pregunta es qué ha cambiado en los bienes que se pretendían catalogar. En apenas dos años, lo que era de una manera es de otra, diríamos que de manera caprichosa. Parece una reflexión obligada la de cuestionarse el grado de influencia que ejerce, ya no el Colegio de Arquitectos, sino el decano del mismo en todo este asunto cuando se incorpora al Cabildo un discurso de otro tono en determinado momento, y que coincide en el tiempo con un proyecto para el patrimonio que no es más que una excusa conveniente a los intereses del colegio profesional.

Ya se ha puesto de manifiesto en alguna intervención anterior que para defender la postura de poder flexibilizar las intervenciones sobre el patrimonio caben dos opciones, o se espera a que salga un catálogo para a ver qué inmuebles permiten la opción de intervenir con laxitud, atendiendo a la no presencia de valores, o se influye, ya durante el proceso de catalogación, ya en el de la adopción de la medida que corresponda, de manera que se rebajen las protecciones que se derivan de la presencia de sus valores con el objetivo de que todos sean susceptibles de ser intervenidos libremente.

En aquel fichero de la inspección de patrimonio, del que se propone su inclusión en el catálogo municipal, se puede comprobar una insuficiente descripción de los valores más notables, ignorándose, en determinados casos, alguno muy relevante, lo cual resulta penoso para quien acceda al contenido de esas fichas. Se constatan múltiples dataciones erróneas de varios inmuebles, que llega a alcanzar en algún caso, más de cien años de diferencia entre los años que tiene y los que se dice que tiene, o descripciones incorrectas y términos mal utilizados que inducen, igualmente a error. Del listado aportado al final del documento, con imagen fotográfica y dirección postal, no se aporta un sostén documental que explique por qué deben ser catalogados. En las advertencias del técnico al Ayuntamiento, consta la solicitud, subrayada y en negrita, referida a que “cualquier acto que pudiera afectar los valores patrimoniales de los inmuebles citados fuera comunicado a este Cabildo”, sin indicar de qué valores se trata.

Para estos, para algunos técnicos en el Cabildo, el patrimonio parece objeto de ideologización, de poder, y de pulso político,y es probable que lo vinculen exclusivamente a cuestiones identitarias y a una visión arqueológica de la arquitectura. Consideran cada inmueble de la ciudad como un hecho arqueológico, y no parece que haya miradas que corrijan esa deriva. Es como el hallazgo de una moneda en una excavación, que adquiere un valor extraordinario para explicar la vida de determinada comunidad y sus relaciones con otros pueblos, pero esa misma moneda encontrada en una caja en casa de un vecino puede carecer de valor alguno. La inspección de patrimonio está tratando los inmuebles de la ciudad como si fueran un hallazgo en una prospección arqueológica, por lo que no consideran sus valores, sino su mera presencia, que es lo que parece prevalecer. Se puede ser arbitrario de muchas formas, aquí, por exceso, como es el caso del repertorio de inmuebles pretendidamente candidatos a formar parte del catálogo del municipio, y se puede ser arbitrario por restar valores a inmuebles para que puedan ser intervenidos libremente.

Ya puestos a valorar las acciones relativas al patrimonio, se han lucido los técnicos con la protección como Bien de Interés Cultural de la “obra inconclusa de César Manrique” en el Islote de Fermina, dónde no se discute que merezca una protección. Por no quedar, no queda ni el espíritu del artista, tan dado a intervenir fuera de proyecto, tan exquisito en el detalle, y con esa capacidad de visión de conjunto y de las relaciones entre todos los elementos presentes en las obras arquitectónicas que acometía. Cada intervención suya evolucionaba cada día con sus indicaciones. El resultado actual será cualquier cosa menos la obra inconclusa de nadie, lo cual resulta paradójico pues está perfectamente concluida a gusto de todo el que le puso la mano encima, lo que significa que no debería afirmarse, como se hace en la justificación del BIC, que se ha intervenido en la obra del Islote para “finalizarla, sin que se haya producido modificaciones sustanciales que hayan alterado la obra de manera significativa”. O está inacabada o está acabada, pero lo que no se puede es afirmar lo que es un imposible, que es una obra inconclusa finalizada. Y dejan con el culo al aire a la consejera y a la presidenta, y a la administración cabildicia, devaluada y desprestigiada por tales ligerezas.

Con tanta falta de criterio, y ante estas prácticas integristas, no sé cómo no se ha incorporado en el listado de la inspección de patrimonio la casa de Carmen. Carmen la de los perros. Pequeña historia local que bien merecería ser preservada conociendo el nivel del personal del Servicio de Patrimonio al que el Cabildo deja hacer incomprensiblemente sin contrastar su labor, y con una Comisión Insular de Patrimonio que no sirve a los retos del patrimonio. Es lo que tiene cuando se pretende ejercer la arqueología un palmo por encima del suelo. Que todo vale.