Reflexión sobre la residencia de mayores de Tahíche y el destierro de lo social

Hay una palabra que se ha devaluado a fuerza de usarla como reclamo: "vistas". La empleamos para tasar un apartamento, para justificar un sobreprecio, para vender la promesa de que alguien, desde su cama, va a poder dominar visualmente el mar, un charco, un acantilado. Es una palabra que mide territorio en términos de espectáculo, y por ello tiene un reverso silencioso: todo lo que queda fuera de esa contabilidad, todo lo que se considera que "no tiene vistas", pasa a valer menos, a no ser que ya valiera poco. En el caso que tratamos se utiliza el recurso de las vistas, aunque sea falso, para defender un valor del que carece.

Ese reverso tiene ahora un nombre y una dirección: Tahíche, donde en un solar pedregoso el Cabildo de Lanzarote ha empezado a construir la residencia de mayores que llevaba años bloqueada. Ciento veinticinco plazas, dieciséis millones de euros, cuatro edificios pensados como "mini residencias" para no perder la escala doméstica. Una obra necesaria, reclamada, tantas veces aplazada que su arranque se ha celebrado como un acontecimiento histórico. Y sin embargo, casi nadie se ha detenido a preguntar algo que en cualquier promoción turística sería la primera línea del folleto: ¿qué hay que ver desde allí?, ¿cómo se va a vivir ahí, en clave de calidad de vida?

La respuesta, en el sentido inmobiliario del término, es la nada. Un pedregal, horizonte raso sin hito que lo corone. Ningún promotor llamaría a eso "vistas". Pero ese es justamente el problema: hablar de vistas —de si las hay o no las hay— es ya aceptar un marco que no le corresponde a este debate. Porque lo que de verdad define ese solar no es la ausencia de paisaje bonito, sino la distancia. Apartado, alejado del tejido urbano, de la calle con gente, del bar, de la plaza, de todo lo que hace que un barrio sea un barrio. Vestir esa distancia con un falso valor de "casa con vistas" es un pretexto: convierte un problema de fondo —dónde se decide instalar a quienes ya han sido apartados una vez por la edad— en una cuestión de estética menor, casi anecdótica, un beneficio de fachada que no es tal. No se puede mejorar lo que no es mejorable con retórica paisajística.

No es una acusación de mala fe hacia quienes han sacado adelante este proyecto, atascado durante un mandato entero por vaya usted a saber qué combinación de desidia y trámite. Es una pregunta sobre el criterio con el que se decide, primero, si algo va dentro de la ciudad o fuera de ella. Un emplazamiento urbano, integrado en un barrio con vida, con comercio, con vecinos que entran y salen, con nietos que pasan de camino al colegio, habría sido la opción evidente para lo que se pretende garantizar, en clave de calidad de vida, no solo de asistencia sanitaria. En su lugar, el criterio ha sido el de siempre en la isla: lo social va donde sobra suelo, no donde mejor sirve a quien lo va a habitar. La costa, el acantilado, la vista al Atlántico se reservan al ocio y al turismo. Lo que sobra, lo que nadie disputa, se destina a lo que la sociedad necesita pero prefiere no tener cerca: una residencia, un vertedero, una depuradora. Lo peor es que estas decisiones las toman, una y otra vez, quienes todavía creen que la vejez y la incapacidad son cosas que les pasan a otros.

Y ahí es donde el argumento de las "vistas" se revela como lo que realmente es, sólo un burdo pretexto. No se trata de si el solar tiene panorámica o no la tiene. Se trata de que a un lugar apartado, lejano, pensado más como destierro que como hogar, se le puede dar cualquier nombre bonito —"mini residencias", "unidades convivenciales", "modelo centrado en la persona"— sin que ese lenguaje corrija lo esencial: que se ha elegido, una vez más, alejar de lo social a quienes ya sufren el aislamiento como su principal enemigo. La soledad no residencial es, según la evidencia gerontológica, uno de los factores que más deteriora la salud de una persona mayor. Construir su residencia lejos de la vida urbana no es un detalle de planificación menor: es agravar precisamente el problema que se dice venir a resolver.

El resultado, dicho sin eufemismos, corre el riesgo de ser un aparcadero para viejos. Un lugar con instalaciones modernas, accesibles, bien dotadas —no se discute la inversión ni la voluntad de quienes la han impulsado—, pero desconectado de la vida social que debería seguir formando parte de la vejez. Se puede envejecer con dignidad en un edificio excelente y, aun así, envejecer aislado, si ese edificio está lejos de todo lo que no sea el propio edificio. Eso no lo arregla ninguna vista, la haya o no la haya.

El problema no es, entonces, que el lugar elegido en Tahíche carezca de vistas comerciales. El problema es que no se ha planteado la ubicación en los términos correctos —función, cercanía, vida social— cuando la pregunta que de verdad importaba era otra: ¿por qué no se ha construido en la ciudad, junto a la vida, en lugar de aparte de ella? Cuando se trata de un lugar donde cientos de personas van a envejecer y, muchas, a morir, esa pregunta deja de ser una cuestión de planificación urbanística y se convierte en una cuestión de justicia territorial: quién tiene derecho a seguir formando parte de la ciudad y a quién, con buenas palabras y mejores intenciones, se le aparta de ella.