La Ley del Suelo entró en vigor el pasado 1 de septiembre con una gran contestación por parte de partidos políticos, grupos ecologistas y otros colectivos, y con incertidumbre sobre cómo puede afectar a los instrumentos de ordenación que ya se están tramitando. En el caso de Lanzarote, podría afectar al Plan General supletorio de Arrecife y al Plan General de San Bartolomé, en tramitación, así como al Plan Insular de Ordenación.

La disposición adicional sexta de la nueva Ley dice que los instrumentos de ordenación que se estén elaborando, se podrán seguir tramitando con el procedimiento anterior o acogiéndose a la nueva ley, aunque tanto la competencia para su aprobación como el modo de intervención de las administraciones afectadas se hará conforme a la Ley del Suelo. En el caso de los planes supletorios, se seguirán tramitando conforme a las Directrices anteriores salvo que los ayuntamientos quieran recuperar sus competencias antes del 1 de diciembre.

En el último pleno celebrado en San Bartolomé, la alcaldesa Loli Corujo reconoció que para el documento, que se encuentra aún en fase de aprobación inicial, la Ley del Suelo puede ser “un hándicap más” porque hay que hacer las adaptaciones a la normativa que sean necesarias, aunque recalcó que se trata de cuestiones de tipo técnico. Para la portavoz de Somos en el Ayuntamiento, Paula Corujo, que preguntó en el pleno por el estado del Plan, hasta ahora ha habido oscurantismo y “ha habido tiempo de sobra para terminar el Plan”, que se tramita desde 2013.

En el caso de Arrecife, con aún más retraso, el concejal de urbanismo Samuel Martín, aseguró recientemente que antes de que terminara este ano, el documento ya estaría en poder del Ayuntamiento, aunque se afirmó lo mismo a principios de año con la fecha de mediados de marzo como tope.

En el caso de Lanzarote, la nueva Ley podría afectar al Plan Insular de Ordenación, así como al Plan General supletorio de Arrecife y al Plan General de San Bartolomé, en tramitación

En el Cabildo, el anterior consejero de Política Territorial, Marcos Bergaz, asegura que el Plan se puede tramitar de acuerdo a la normativa y que eso “sería lo ideal” porque la Ley del Suelo elimina la ordenación pormenorizada en suelo rústico y lo deja para los planes generales, que deberán detallar los usos de ese suelo. “Pero los planes generales no están adaptados al PIO y no tienen parámetros para el suelo rústico”, dice Bergaz.

También señala que el órgano ambiental que debe hacer la evaluación de los planes no está creado ni en los ayuntamientos ni en los cabildos, pero además ni siquiera existe un reglamento para crearlo. Señala que la Federación de cabildos se reunió para sopesar la creación de un órgano común a todos, o al menos de una misma postura, pero tampoco se ha avanzado, aunque se podría firmar un convenio con el Gobierno de Canarias para que creara el órgano medioambiental que debe examinar los planes. Tampoco se han llevado a cabo los cursos de formación para los funcionarios sobre la Ley del Suelo que prometió el Ejecutivo y la Ley ya ha entrado en vigor.

Una de las principales objeciones a la Ley es precisamente la creación de esos órganos ambientales. El catedrático de Derecho Constitucional, Santiago Pérez, uno de los más firmes detractores de la nueva Ley, señala que tal y como están planteados “pueden chocar con todas las garantías europeas ambientales” que ofrece la evaluación ambiental estratégica.

Pérez Sostiene que el hecho de que el órgano ambiental dependa de la Administración que va a hacer la aprobación definitiva, y que sea el propio pleno municipal quien resuelva alguna incompatibilidad, puede ser inconstitucional y de hecho se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, aunque Pérez se pregunta si lo apoyará el PSOE. “La principal garantía medioambiental se pervierte por completo”, señala Pérez, que considera la ley una “chapuza jurídica”.

La Ley puede retrasar más la redacción de los Planes, además de desactivar su contenido por el previsible abuso de la vía excepcional para aprobar proyectos de interés general

Dice que si la formulación del plan ya tiene los elementos de esa evaluación ambiental, los planes no se tienen por qué retrasar, pero que es más garantista la protección ambiental de la anterior legislación que ésta, por lo que considera que si algún Ayuntamiento opta por acogerse a la nueva Ley es para hacer una tramitación con menos garantías ambientales. Dice que algunos ayuntamientos, como puede ser el caso de La Laguna, intentarán urbanizar suelos rústicos con esta Ley que antes no pudieron con la anterior. Apunta que era la Cotmac la que frenaba muchos de estos proyectos.

Por otro lado, señala que lo más relevante de la Ley es que convierte la excepcionalidad en regla: “Los instrumentos excepcionales son el plan, en realidad”, asegura, porque “toda la discusión está devaluada porque un Plan General se puede acabar aprobando respetando los criterios ambientales y luego modificarse sin esos requisitos con los instrumentos excepcionales. El Gobierno puede incluir proyectos de interés general en los planes insulares o en los municipales, igual que el Cabildo y los ayuntamientos. Desde una administración superior se puede cambiar de facto el planeamiento.

En el Cabildo de Lanzarote se plantean ya al menos dos proyectos para que se incluyan como de interés general por la vía excepcional: el Palacio de Congresos de Arrecife y una residencia de mayores de 150 plazas.

Gesplan y la Administración

Puede haber otro problema añadido. Gesplan ha asumido la mayoría de los planes generales pero ha ido cambiando a los responsables de cada plan (o ni siquiera ha nombrado a un responsable de cada Plan), no hay coordinación y hay una saturación de trabajo. No hay agilidad. Algunos planes supletorios, en otras islas, como los de La Orotava o Arico están prácticamente paralizados por la entrada en vigor de la Ley del Suelo con la excusa de incorporar al plan todo aquello que pueda beneficiar su tramitación. Y hay que sumar la dificultad para afrontar la tramitación en los ayuntamientos, con muchas carencias de personal especializado. El control previo de legalidad lo tendrá que hacer la Secretaría y en la mayoría de los casos no tiene esa solvencia técnica especializada para hacerlo.