Una mujer, victima de violencia de género, extranjera, sin familia en Lanzarote, con cuatro hijos. Da a luz a dos niños más, mellizos prematuros, que tienen que ingresar en el Hospital materno infantil de Gran Canaria. La madre debe ir a dar el pecho cada día. Su marido tiene una orden de alejamiento por violencia de género. Ella está a punto de retirar la denuncia. Es verano y no hay colegio. No le queda más remedio que dejar al resto de los niños con el maltratador, y seguir viviendo ella misma en esa casa cuando vuelve de Gran Canaria.

Mientras se encuentra viabilidad a la que parece la solución más sensata, que es trasladar a la madre y a todos los hijos a Gran Canaria hasta que dure esa situación excepcional, el tiempo pasa y las soluciones, por parte de las administraciones, no llegan. El Juzgado no sabe qué hacer y el Cabildo, finalmente, acaba encontrando una solución transitoria.

Esta es una situación poco habitual. Ocurrió en la Isla hace un mes, pero pone de manifiesto las carencias para atender todos los casos de violencia sobre la mujer y para cumplir con las determinaciones de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “También pone de manifiesto que no hay coordinación al cien por cien o que falla, y pasa en muchos otros casos”, señalan fuentes jurídicas.

No existe un organismo o una figura que coordine las necesidades o las acciones a realizar entre los distintos servicios sociales de ayuntamientos, Cabildo o Gobierno con otros órganos, como la Policía Nacional, Guardia Civil o la Fiscalía, que en muchas ocasiones, según estas fuentes, no reacciona a tiempo. Revela, igualmente, que queda mucho camino por recorrer para poner en marcha los mecanismos que prevé la Ley.

Para empezar, el Juzgado especializado en violencia contra la mujer que hay en la Isla es mixto, es decir, se ocupa de esos casos pero también de otros de otra índole. No tiene asignado un psicólogo forense que aporte pruebas periciales que ayuden a tomar decisiones sobre los casos.

Recientemente trascendió que la ausencia de psicólogos forenses en la plantilla de los Juzgados de Arrecife estaba retrasando el testimonio de dos menores que habían sido, presuntamente, víctimas de abusos sexuales. El perito es necesario para determinar si el testimonio de los menores es real o no. Lo mismo ocurre con casos de maltrato psicológico a mujeres, cuando no hay pruebas evidentes o se depende exclusivamente del testimonio de la víctima.

En los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria sí está creada esa unidad forense de valoración integral y, por tanto, cubierta esa necesidad. La mayoría de los casos como el que abre este texto son de mujeres que no tienen arraigo en la Isla o que no pueden disponer de ayuda familiar por otros motivos.

Muchos de los casos se sobrellevan gracias al apoyo de familiares o amigos, pero los casos se complican cuando no existen esos apoyos y los recursos institucionales son insuficientes o no reaccionan con agilidad.

El Cabildo de Lanzarote atendió a 363 mujeres por violencia de género en 2020, un año en el que tuvo que aumentar las plazas de pisos de acogida. De este recurso se beneficiaron ese año 49 mujeres, muchas de ellas con menores a su cargo, mientras que del Centro de acogida inmediata se beneficiaron 80 mujeres.

Las plazas, según fuentes del sector, son insuficientes, y en algunas ocasiones se acoge a mujeres que no son víctimas de violencia de género porque no hay otro lugar donde alojarlas. También faltan otras medidas de apoyo para la integración de la mujer en sociedad, si tiene que salir a trabajar y no puede hacerse cargo de los menores, o en periodos vacacionales.

En ocasiones las instituciones derivan casos a Mararía, que tiene un servicio de asesoramiento integral y gestiona pisos tutelados, con menos plazas, pero que en realidad sirven como una especie de trampolín para la integración total en sociedad, como un último paso, y no como un recurso de emergencia.

Datos

En 2021, el Dispositivo de emergencia para mujeres agredidas atendió a 116 mujeres. El Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia en el 112 respondió, también el año pasado, 1.077 llamadas. En los seis primeros meses de este año, ese mismo servicio, ya ha atendido 495 consultas, y, de ellas, 237 son de violencia física, con o sin agresión sexual, aunque la gran mayoría sin agresión. Todas esas llamadas activan el protocolo de violencia de género.

En lo que va de año ya se contabilizan 237 llamadas por violencia física

En el primer trimestre de este año el partido judicial de Arrecife se ocupó de 108 delitos contra la mujer, la gran mayoría lesiones y malos tratos. El 60 por ciento de las víctimas son españolas y el 40, extranjeras, cuando el porcentaje en la sociedad no está repartido de esa manera.

De todos esos casos hubo 22 renuncias al proceso, en ocasiones porque creen que la denuncia puede ocasionar un coste personal para ellas, sus hijos o su familia, y en otras ocasiones porque están mal asesoradas.

Faltan, en definitiva, más recursos materiales y humanos y mayor especialización. Entre las reivindicaciones del sector está la Unidad de valoración, una coordinación mas efectiva y una mayor implicación de la Fiscalía, principalmente de menores, que en ocasiones no reacciona a tiempo o no contesta.

También hace falta más personal en las fuerzas de seguridad para el seguimiento de las órdenes de alejamiento ya que muchos de los delitos vienen precedidos por un quebrantamiento de estas órdenes. La ley, por otra parte, contempla el acompañamiento a la víctima, que tampoco se produce en todas las ocasiones. Las víctimas, cuando declaran, deben estar acompañadas por un letrado o letrada, y no siempre se cumple.