Un socavón junto al mar producido por el oleaje convertido en una oportunidad para simbolizar los riesgos costeros y los efectos que tiene el aumento del nivel del mar. Mathilde Wargnier y Ariadna Torrens realizaron sus prácticas en la Oficina de la Reserva de la Biosfera. Su investigación se tituló Gestión de riesgos costeros: soluciones estructurales y no estructurales en Lanzarote tras el hundimiento de la carretera LZ-703. El trabajo se publicó en el último número de la revista Cuadernos de ordenación del territorio, de Fundicot, la asociación interprofesional de ordenación del territorio.

El objetivo del estudio es el de representar los riesgos y definir su gestión teniendo en cuenta la complejidad de los fenómenos asociados, los límites del planeta y los valores de las comunidades afectadas. El trabajo combina los datos históricos con 10 encuestas sobre la percepción del riesgo realizadas a personas relacionadas con la administración, el sector turístico, la prensa, la cultura o la arquitectura, entre otros.

“Las disciplinas que trabajan en la ordenación del territorio han observado en las últimas décadas cómo el cambio climático transforma los paisajes y condiciona las herramientas de análisis, estudio e intervención”, señala el estudio.

Entre esos testigos del cambio están los riesgos costeros, que ofrecen “una buena ocasión para mejorar nuestra capacidad de adaptación integrando medidas no estructurales en la gestión de riesgos”. Las medidas estructurales, en estos casos, serían soluciones basadas en diques, espigones u otro tipo de barreras, que, de momento, están descartadas.

Las autoras parten de un suceso, el hundimiento de un tramo de la carretera de Los Hervideros en febrero de 2021. Ese episodio “recuerda la fragilidad de nuestras infraestructuras costeras y lo necesario, quizás urgente, que es mejorar el diálogo con el conjunto de la sociedad y las medidas no estructurales asociadas, como complemento fundamental a las medidas estructurales en la gestión de riesgos costeros”, explican las autoras del trabajo.

El desmoronamiento de ese tramo pone en peligro la estabilidad y la existencia misma del tramo de carretera donde ocurrió, y, consecuentemente, la seguridad de sus usuarios. El Cabildo de Lanzarote procedió a cerrar el tramo afectado de inmediato, con la intención de arreglarlo cuanto antes para poder volver a abrir la carretera, muy transitada, a la mayor brevedad posible.

Sin embargo, la búsqueda de una solución adecuada que se pudiera implementar en un plazo reducido chocó muy rápidamente con varias limitaciones y representa un reto en la ordenación del territorio.

Como conclusión, desde el punto de vista legal, “las únicas soluciones pertinentes y susceptibles de conseguir autorización por las autoridades competentes son de naturaleza no estructural”.

El trabajo propone una intervención “simbólica, pedagógica y preventiva que contribuya a despertar conciencia y aumentar la cultura del riesgo en Lanzarote” para que la “sociedad lanzaroteña pueda mejorar su adaptabilidad y resiliencia frente a los efectos del cambio climático”. Esto sería coherente con la pertenencia de Lanzarote a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. “La carretera LZ-703 podría ser un testigo de la huella humana en el planeta, donde el público pueda visualizar, comprender e interiorizar los efectos del cambio climático”.

Foto: Adriel Perdomo.

“Esto recuerda la fragilidad de nuestras infraestructuras costeras”

Esa solución podría ser replicada en otras zonas de la Isla, “convirtiendo el territorio insular en sí en un sistema de monitorización y alerta temprana sobre los efectos del cambio climático, acompañado por acciones de comunicación, prevención, educación y formación”.

Por un lado, el socavón demuestra que la inestabilidad natural de los acantilados se debe a una combinación de estos factores y por otro lado, el análisis de las entrevistas indica también lo compleja que es la percepción de estos riegos.

Seguros

Las autoras consideran que las soluciones estructurales ya no son adecuadas no solo por el marco legal, que es complejo ya que hay legislaciones y competencias de la Unión Europea, Estado, administraciones autonómicas y locales, y todas tienen que cumplirse, sino también porque hay un “creciente consenso de los técnicos y de los científicos sobre los límites de los métodos de gestión estructurales de los riesgos costeros, tanto desde el ángulo de la eficacia y de la perennidad, como del coste y del impacto sobre los ecosistemas presentes en la zona, y teniendo en cuenta, además, la evolución rápida del entorno natural resultante de la aceleración del cambio climático y de la naturaleza muy friable de la roca en esta zona de la Isla”.

También son difíciles las soluciones basadas en la gestión del lugar, por el ecosistema donde se dan: acantilado volcánico, con escasa vegetación y clima árido que limita el abanico de las opciones aplicables.

“El impacto que conllevarían tanto los modos de gestión estructurales como los basados en los ecosistemas sería poco aceptable desde el punto de vista ambiental en un entorno tan frágil y de tal valor ecológico, protegido por gran cantidad de normativas”, señala el estudio, que apuesta por un enfoque no estructural “destacando el valor turístico y cultural de la carretera, por su estética y por la contribución de César Manrique a la realización de su trazado.

Adaptación

Entre las medidas que se podrían tomar está la de adaptar la ordenación territorial y el planeamiento urbanístico, pero también las políticas de seguros públicas y privadas, los protocolos de actuación y los planes de protección civil, “para reforzar esa toma de conciencia frente a los riesgos costeros”.

Por un lado, que las compañías de seguros inciten a las empresas de alquiler de coches y a los particulares a reducir su exposición a los riesgos costeros en este tramo de la carretera y, por otro lado, convertir ese tramo en una vía de tránsito ligero, principalmente de carácter peatonal y ciclista que se podría al mismo tiempo aprovechar para fines pedagógicos.

“Estas dos opciones contribuirían a intensificar la percepción del riesgo en esta zona, y de forma más general, la cultura del riesgo en la Isla”, señalan las dos autoras del trabajo. La opción del retroceso, desplazar la carretera hacia dentro, también sería aceptable desde el punto de vista medioambiental, pero en el balance entre intereses, coste y beneficios, las autoras consideran que no se justificaría una relocalización de la carretera y que esta solución “no ofrecería las mismas oportunidades de concienciación de la sociedad”.