En la quinta sesión del juicio del caso Unión que se celebra en Arrecife tan sólo han declarado dos testigos. De los cuatro previstos, una de ellas, trabajadora municipal, no se presentó a la sesión, mientras que la defensa de Juan Francisco Rosa renunció a que testificara Bienvenido Saavedra, ex director del Hotel Fariones, quien estaba llamado para que corroborara si Dimas Martín ejerció trabajos de supervisión en los jardines de ese establecimiento, como afirmó el propietario del hotel.

El abogado de Rosa alegó que renunciaba a su testimonio porque la prueba era “innecesaria” puesto que el fiscal no hizo en la sesión del lunes ninguna pregunta a Dimas Martín sobre el supuesto trabajo que realizaba en la empresa Galerías Rosa, y el fiscal contestó que el hecho de que le hiciera o no preguntas es “irrelevante” para tomar esa decisión. La defensa de Rosa había citado antes de que comenzar al juicio a tres testigos para que confirmaran la versión de que Dimas sí trabajaba en el Grupo Rosa, y en los primeros días ya renunció a los otros dos: uno de ellos era el director del Hotel Princesa Yaiza.

"No era consciente de la importancia"

El primero de los testigos propuestos por la Fiscalía fue Francisco Saavedra, ordenanza del Ayuntamiento de Arrecife que, sin embargo, firmó propuestas de gasto y facturas como técnico en la concejalía de barrios sin tener competencias para ello. Alegó que se lo ordenó la edil Luisa Blanco y que creía que era un trámite y lo hacía porque le decían que faltaba personal: “Era lo normal”. Dijo que en aquel momento desconocía que firmando estaba dando su conformidad con que los servicios se habían prestado. “Ahora sí lo sé”, dijo.

A pesar de que firmó una propuesta de gastos, declaró que no sabía lo que significaba una propuesta de gastos. “En esos momentos las costumbres eran esas, todo el mundo lo hacía”, señaló. “No era consciente de la importancia de mi firma en la factura”, dijo. El fiscal preguntó por la participación en esas facturas de Antonio Machín y Saavedra respondió que el concejal ni lo saludaba, aunque admitió finalmente que su firma era la que aparecía en las facturas firmadas por él.

El testigo declaró que para entrar a trabajar en el Ayuntamiento le hicieron una prueba con una fotocopiadora y tres preguntas sobre la Isla, de cultura general. Los estudios que tiene son el “certificado escolar”. Dijo que no recordaba haber visto nunca más de una oferta para un gasto. La acusación popular le preguntó si la jefa de contratación, Elena Martín, se dirigió a él en alguna ocasión para advertirle de las irregularidades en el proceso de contratación y contestó que no.

"Los procedimientos han cambiado muchísimo"

La segunda testigo fue Ruth Hernández, bióloga del Ayuntamiento. Firmó alguna propuesta de gasto para la Concejalía de Medio Ambiente porque en esa época no había técnicos en ese área. Declaró que nadie le especificó que hubiera un protocolo y que después de aquello “los procedimientos han cambiado muchísimo”. El único criterio para diferenciar si el gasto iba por Compras o por Contratación era la cantidad: si era menor de 18.000 euros iba a Compras y si era mayor a Contratación. Señaló que la decisión la tomaban los trabajadores de esos departamentos.