La sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dejado vista para sentencia la pieza del caso Montecarlo relativa al Ayuntamiento de San Bartolomé. Todos los acusados han reconocido los hechos y han aceptado penas rebajadas tras un acuerdo con la Fiscalía.

El ex interventor Carlos Sáenz ha aceptado tres años más de prisión, el ex tesorero Luis Manuel Rodríguez, el ex concejal de hacienda Javier Betancort (PP) y el ex alcalde Miguel Martín (CC) han aceptado penas de un año de cárcel. El quinto condenado es el empresario José Vicente Montesinos, de las sociedades Recingest y Progestril, que ha aceptado una pena de dos años de cárcel.

La vista ha durado media hora escasa. Todos los acusados tendrán que hacerse cargo de las costas judiciales de un procedimiento que se inició hace casi siete años. Sáenz y Montesinos deberán pagar una multa de 65.000 euros cada uno y los cinco deberán devolver el dinero al Ayuntamiento de San Bartolomé, como responsabilidad civil.

Los cinco acusados deberán devolver de forma solidaria las cantidades malversadas. En el caso de Sáenz la cantidad es de más de 460.000 euros y de ellos 74.000 deberá devolverlos en solitario. En el caso de Montesinos deberá hacer frente a casi 400.000 euros, la misma cantidad que el ex tesorero. Miguel Martín deberá hacer frente a 230.000 euros y Betancort 210.000 euros. Cada uno deberá pagar aproximadamente, como mucho, una quinta parte de esas cantidades.

Las consecuencias prácticas de la condena no están claras. Aunque las penas de tres de ellos son menores de dos años y por tanto se podría suspender la condena y no entrar en prisión, la Fiscalía podría solicitar su ingreso. Ya lo ha hecho en otros casos con condenas menores a dos años, como el del ex secretario de Yaiza o el ex alcalde de Yaiza que tuvo que entrar en la cárcel para cumplir una pena de seis meses.

Montesinos tiene ya una condena, que no es firme, de más de cinco años de cárcel por la pieza de este mismo caso en La Oliva, mientras que Saénz ya está en prisión por una condena de cinco años. Esta podría ser su cuarta condena ya que también reconoció los hechos en la pieza de La Oliva y fue condenado a un año y medio, mientras que en Unión, que aún se está juzgando, aceptó el mes pasado una condena de tres años y medio.

Martín fue condenado en 2007 en primera instancia a dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento privado mientras y fue condenado primero y absuelto después por un delito contra la ordenación del territorio. Por su parte, Betancort se enfrenta a otra pieza de Montecarlo relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife.

La aceptación de los hechos también conlleva penas de inhabilitación para cargo o empleo público, que tendrán pocas consecuencias. Tan solo el tesorero es trabajador del Ayuntamiento y ya no está en la tesorería sino en el departamento de servicios públicos y su condena de inhabilitación lo es solo para el cargo de tesorero.

Sáenz y Montesinos han sido condenados por cuatro delitos: falsedad en documento público, cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los otros condenados los han sido por estos dos últimos delitos. Gracias al acuerdo de Fiscalía, la pena se ha rebajado nueve años en el caso de Sáenz, diez en el de Montesinos y casi cinco años menos para el resto.

Desde 2012

El caso Montecarlo se inicia por una denuncia anónima en Fiscalía por irregularidades en Arrecife. La operación estalla en mayor de 2012 y se acaban formando cinco piezas: una en la Oliva que ya se ha juzgado, esta de San Bartolomé y tres en Arrecife que están pendientes de juicio. Los acusados sustrajeron más de 460.000 euros de las arcas municipales mediante el cobro de remuneraciones indebidas y facturas irregulares.

La acusación distingue entre dos hechos diferentes. El primero solo afectaría a Sáenz y tiene que ver con el cobro irregular por su trabajo como interventor acumulado en San Bartolomé, ya que era titular de la plaza de Arrecife. Sáenz sólo podía cobrar el 30 por ciento de su sueldo por su trabajo en San Bartolomé y se asignó, no como nómina sino como mandamientos de pago, una cantidad mayor, que la Fiscalía cifra en más de 74.000 euros desde 2003 a 2012.

El segundo hecho es el abono por parte de San Bartolomé de diversas cantidades a dos sociedades de Montesinos a las que se pagó casi 450.000 euros entre 2002 y 2008. En mayo de 2002, el Ayuntamiento hace un contrato de consultoría con Progestril mediante un negociado sin publicidad y sin justificar que era necesario externalizar ese servicio. Ni siquiera está justificado que la empresa llevara a cabo los trabajos por los que se le contrató. En 2004 se firmó un segundo contrato.

El fiscal destaca “la imprescindible participación” del que era concejal de Hacienda, Javier Betancort, que “ordenaba el pago de las facturas que se le presentaban, a sabiendas de que no obedecían a la prestación de servicio alguno para el departamento que dirigía”. El siguiente concejal de hacienda, Antonio Rocío (PSOE) se negó a pagar las facturas que se le presentaron por esos trabajos.

Montesinos también facturó irregularmente con otra sociedad, Recingest, por “servicios de asesoramiento en materia tributaria, financiera y presupuestaria” entre marzo de 2005 y mayo de 2007. Se le abonaron facturas por un importe total de 87.000 euros. La Fiscalía destaca que tanto Sáenz como Miguel Martín, Javier Betancort y el tesorero sabían que no se pagaba por “ningún servicio prestado sino únicamente a la voluntad de que fuera sustraído dinero público”.