El Ayuntamiento de Teguise y la sociedad Caleta de Caballo y Barranco del Bebedero, principal propietaria de una finca ocupada y rifada entre los vecinos por el propio Ayuntamiento en los años ochenta, firmaron un convenio en junio de 2018 para afrontar el pago de 6,7 millones de euros exigidos por una sentencia judicial firme.

La sentencia reconocía a los propietarios de esa finca su derecho a ser indemnizados porque se les había ocupado 17.000 metros cuadrados de carácter urbano que tenían que ir destinados a calles, aceras y accesos a la playa y otros 7.000 metros rústicos.

La finca se vendió a una comunidad de propietarios de Gran Canaria, principalmente, a finales de los años sesenta. Se repartió primero en 50 partes y posteriormente en 600. En 1999, la comunidad de propietarios se convierte en una sociedad.

El Ayuntamiento, gobernado entonces por Dimas Martín, decidió rifar una parte de esos terrenos, unos 200 solares, entre los vecinos del municipio, siempre en fechas próximas a elecciones municipales.

Se llevó a cabo la subasta a pesar de que el suelo no era de su propiedad y de que no se entregaban las escrituras a los vecinos. Los dueños llegaron a acuerdos con algunos de esos vecinos para que les pagaran el valor del terreno, pero también llevaron el asunto a los tribunales, que les dio la razón frente al Ayuntamiento.

La primera sentencia es de marzo de 2012, del Juzgado contencioso número 1 de Las Palmas, luego ratificada. La sociedad pedía una indemnización de 17 millones de euros. En la sentencia se refleja que dicha sociedad “exponía” (no demostraba) que era propietaria de 562 de las participaciones existentes. Esas 562 participaciones se convierten, sin aparente justificación, en 576.

Hace dos años se llega a ese convenio de pago que homologa el propio Juzgado. El primer pago se hizo en noviembre de 2018 y fue de 965.000 euros. El segundo, en mayo de 2019, fue de 951.875 y el tercero de 727.500 euros, en mayo de este año. Todos los pagos se harán en el mes de mayo hasta el año 2027, cuando finaliza. Son diez pagos en total y los intereses totales ascienden a más de 715.000 euros.

Según fuentes conocedoras del caso, el Ayuntamiento de Teguise, durante el procedimiento, no exigió a la sociedad que demostrara que era propietaria de ese porcentaje del terreno, ni tampoco lo hizo en el periodo de ejecución de sentencia. Por este motivo, el Ayuntamiento de Teguise podría estar pagando casi un millón de euros de forma indebida.

El Ayuntamiento paga a esta sociedad como si fuera propietaria del 96 por ciento de la finca, mientas el cuatro por ciento restante lo tiene acreditado otra propietaria, Sin embargo, en las fichas registrales del Registro de la Propiedad de Teguise, de abril de 2020, no se justifica ese porcentaje.

Las inscripciones registrales otorgan el 14% a propietarios con porcentajes pequeños que o han vendido o ignoran el procedimiento

Si se suman los porcentajes de las diferentes inscripciones, la sociedad Caleta de Caballo y Barranco del Bebedero no ha demostrado tener más que el 82 por ciento. Es posible que el resto, o una parte, lo haya adquirido a través de contratos privados, o no, pero en cualquier caso dicha sociedad no ha demostrado documentalmente que tenga los derechos sobre el 96 por ciento.

Las inscripciones registrales otorgan el 14 por ciento restante a una serie de propietarios con porcentajes pequeños que, o bien han vendido y no lo han elevado a público, o bien son ajenos por completo al procedimiento y no han exigido sus derechos.

En el Registro de la Propiedad de Teguise aparecen numerosas anotaciones a nombre de particulares sobre esa finca, muchas de ellas de una cincuentava parte indivisa que después se convirtieron en 600 partes indivisas. A nombre de la sociedad solo hay ocho inscripciones: de 147 partes, de 100, 48, 12, 13, 131, 36 y 5. Entre todas suman exactamente un porcentaje que es el 82 por ciento de la finca, mientras que el Ayuntamiento está pagando por el 96. De la diferencia, el 14 por ciento, son propietarias otras 51 personas.

A esta sociedad, el Ayuntamiento ya le ha pagado hasta ahora 2.538.600 euros, es decir, 370.212 euros más de lo debido, en perjuicio del resto de titulares. Si continúa pagando por ese porcentaje, el pago indebido va a ascender a 940.222,50 euros, casi un millón, a pesar de que no se ha acreditado esa titularidad.