El Cabildo de Lanzarote propondrá al Consorcio Insular de Aguas destinar, en parte, los 400.000 euros anuales que pagarán los responsables de la desaladora de Montaña Roja, en Playa Blanca, a subvencionar el agua para uso agrícola, según ha anunciado este jueves el presidente de la Corporación, Pedro San Ginés.

Según el Cabildo, esos fondos "son más que suficientes para garantizar y asegurar que Lanzarote contará con el agua agrícola, pesquera y ganadera más barata de Canarias".

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Cabildo, Antonio Morales, destaca que esta medida hará "más competitivo el sector primario de la Isla, hecho que permitirá entre otros beneficios ampliar la superficie cultivada o el aumento de la cabaña ganadera".

Paralelamente a este objetivo, el Consorcio del Agua de Lanzarote “baraja igualmente la posibilidad de abaratar con cargo al mismo canon el precio del agua a los pensionistas”.

El acuerdo con la empresa Club Lanzarote se cerró el pasado 7 de noviembre y fue homologado por el Juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, dentro de uno de los litigios sobre la planta desaladora de Montaña Roja.

En ese acuerdo se reconoce que el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas a los vecinos de la urbanización Montaña Roja se facturará en nombre del Consorcio de Aguas de Lanzarote y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos de la isla.

Del mismo modo, Club Lanzarote asumirá todos los gastos y deberá pagar un canon al Consorcio del 15 por ciento de los ingresos facturados, cantidad que rondará los 400.000 euros anuales.

“Razonable” la retirada de la causa penal

En relación con la retirada de Club Lanzarote de la causa penal contra el presidente, iniciada por la propia empresa tras la incautación de la desaladora en septiembre de 2014, tras el acuerdo alcanzado, San Ginés considera que “era lo razonable y lógico”.

San Ginés añade que “en el propio convenio, que es imposible que sea oscuro en la medida en que fue avalado directamente por la justicia, la empresa ha venido a dar la razón al Consejo al reconocer que nunca tuvo título habilitante para vender agua a terceros y que solo el consorcio puede hacerlo”.

El presidente del Cabildo señala en un comunicado que llegó a ese pacto “con transparencia” y agrega que “se ha contado públicamente en múltiples ocasiones los términos básicos del acuerdo y así lo publicaron todos los medios, incluso años antes de que se le abriera el procedimiento abreviado”. La empresa no había llegado a ningún acuerdo hasta que el Gobierno de Canarias decretó la clausura de la planta.

Más detalles

BENEFICIO. San Ginés afirma que "existe un extraordinario en indiscutible beneficio para el interés general sin coste alguno para las arcas públicas, por más ruido sin fundamento que haga la oposición".

VECINOS. El presidente resalta que ese “beneficio” se centra en que “por fin los vecinos tienen una facturación legal con idéntico precio y condiciones que el resto de Lanzaroteños y avalada por la Justicia”.

CARGAS. Además, subraya, “no solo no ha habido cargas económicas para la administración, sino todo lo contrario. Ahora existe un canon de unos 400.000 euros al año en beneficio del erario que antes no existía”.