El portavoz adjunto de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, compareció este martes ante los medios de comunicación, después de que este lunes los agentes de la UCO registraran su domicilio en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia de Podemos por presuntas irregularidades en el cobro de alrededor de un millón de euros por parte del abogado Ignacio Calatayud del Consorcio del Agua y de su empresa pública Inalsa.

Después del registro de su domicilio, San Ginés declaró el mismo lunes en calidad de investigado en el cuartel de la Guardia Civil, aunque se acogió a su derecho a no declarar y hacerlo ante el Juzgado cuando sea citado. La instrucción la lleva el juez Jerónimo Alonso, titular del Juzgado de instrucción dos de Arrecife, y está declarada secreta. San Ginés dijo que "casualmente" todas las causas contra él caen en este Juzgado.

El expresidente del Cabildo compareció junto a su abogado David Monte, con la voz tomada "por el frío" en una sala del Cabildo insular, acompañado de otros cargos de CC, como la presidenta insular, Migdalia Machín, entre otros.

Señaló que, a pesar de que la investigación, a la que calificó como "espectacular operación de la UCO", es secreta, la Guardia Civil le permitió contar el asunto por el que se le investiga, que es la contratación irregular de Ignacio Calatayud, así como la posible apropiación indebida de 850.000 euros por parte de ese abogado, amigo suyo personal, con su supuesta complicidad. "Esto no es nuevo pero lo que sí es nuevo, aunque lo ha dejado caer la presidenta del Cabido en algún pleno, es la adquisición de la vivienda donde resido", aseguró San Ginés.

Sobre esa vivienda, que era propiedad del suegro de Calatayud y exsecretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, no quiso contestar en qué año la adquirió, pero sí que comenzó a vivir en ella en 2007 en régimen de alquiler con opción a compra, primero a nombre de la que era su pareja y después a su nombre desde 2011.

San Ginés aseguró que el "escaso patrimonio" que tiene es “legítimo” y de “procedencia legal”, incluida esa vivienda, y que está absolutamente tranquilo. Sobre la contratación de Calatayud dijo que se hizo por decisión unánime del consejo de administración de Inalsa después de la renuncia del anterior letrado, Juan José Cobo.

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Respecto a la posible apropiación indebida, San Ginés aseguró que no se trata de fondos públicos, sino que son las costas procesales que pagan las empresas que perdieron los contenciosos y que esas costas le corresponden al abogado.

El expresidente del Cabildo dijo que, como ya ha mantenido en otras ocasiones, que se hizo así para que los incidentes concursales no tuvieran coste para las arcas públicas, y que fueron homologadas por el Juzgado de lo mercantil.

Registro en el domicilio

Respecto al registro en su domicilio, dijo que "no es plato de buen gusto" y que "es un trance delicado que te revisen hasta el último calcetín", así como toda su "vida pública y privada", además de "cuentas, correos, redes sociales y cada rincón", también por parte de la unidad canina que, según su sensación, buscaban grandes cantidades de dinero que no encontraron. "Encontraron una cantidad tan pequeña que no la reflejaron", aseguró. Señaló que en la oficina de CC en el Cabildo no hubo registro sino que fueron a por un Ipad, que quedó incautado.

Finalmente, dijo que imagina que el proceso va a ser largo pero que defenderá su "honestidad y honorabilidad" o bien en la instrucción o bien en el juicio, si lo llega a haber.

Preguntado si espera llegar a juicio señaló que las tres causas por las que se le investiga, y ahora ésta, están en el mismo Juzgado, cuyo juez fue el que le ha sentado en el banquillo por la incautación de la desaladora de Montaña Roja sin que le acuse la Fiscalía y dejando que se persone un grupo político, el de Podemos en el pasado mandato, el único que ejerce la acusación, tal y como ha insistido en numerosas ocasiones.

Por último, aseguró que nadie le ha pedido que renuncie a su acta de consejero y que "no hay razón para renunciar por tener abierto un proceso de investigación".