El segundo intento de juzgar la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja en septiembre de 2014 ya ha dejado una diferencia notable respecto a la primera vista oral, que se produjo en noviembre de 2020 y se suspendió después de la declaración de los tres acusados.

En aquella ocasión, San Ginés declaró que tomó la decisión asesorado “fundamentalmente” por el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, también acusado. Por su parte, Perdomo se desvinculó de la decisión y dijo que su asesoramiento fue informal.

En cambio, este martes por la mañana, Perdomo se ha acogido a su derecho a no declarar, ni siquiera a las preguntas de su abogado, y San Ginés ha asumido que fue él quien tomó la decisión de la incautación, de entre varias opciones posibles.

El expresidente del Cabildo ha señalado que tomó la decisión, en su opinión, “menos gravosa” para los vecinos. Aseguró que había dos opciones: la clausura, que dijo que hubiera supuesto el desabastecimiento para 6.000 vecinos, y la incautación. Señaló que, aunque la decisión “se compartió”, la tomó él y que no responsabiliza al entonces secretario del Cabildo, ya jubilado. 

San Ginés dijo que tenía confianza en el secretario, que está convencido de que Perdomo no prevaricó, que era un gran profesional, “intachable”, y que tenía su confianza. Señaló que su asesoramiento fue verbal y que el secretario apuntó que la incautación era posible porque las desaladoras eran de dominio público y que no hacía falta ni informe previo ni autorización judicial porque no se trataba de un domicilio. San Ginés sostuvo que no era necesario iniciar un expediente para incautar la planta.

El entonces presidente del Cabildo declaró este martes que la resolución incautando la planta la habían firmado él y otra persona, en referencia al secretario de la institución insular. Después, su asesor jurídico externo y amigo Ignacio Calatayud, a quien libró de la causa el juez Salvador Alba, hoy condenado a seis años de cárcel, hizo un informe por escrito y el secretario lo firmó, según San Ginés, porque estaba bien fundamentado. “Se hizo posterior porque era mejor tenerlo por escrito aunque no fuera necesario” y porque “sabía que iba a haber problemas”.

Respecto a por qué pidió un informe externo a Calatayud aunque no fuera necesario, dijo que no había ningún impedimento: “Para tener garantías absolutas”. Según San Ginés, en ese momento no sabía que Calatayud aún era asesor también de Canal Gestión Lanzarote, que fue la empresa que se quedó con la planta.

El asesor

En este sentido, San Ginés señaló que se podía ceder la planta a Canal Gestión porque era la única empresa que la podía gestionar y por tanto “es intrascendente” que Calatayud fuera o no asesor: “No hay conflicto de intereses porque solo había una empresa”. De hecho, declaró que Calatayud se inclinó por no incautar: “Y yo lo desoí”. “No que lo desoí –matizó después– sino que quise tomar la decisión menos gravosa”. “Le dije, gracias por el consejo, pero me quedo con la otra opción, porque así evito el desabasto”, declaró en el Juzgado.

San Ginés dice que asumió las competencias que tenía otra consejera de CC por su inexperiencia: “Me puse yo de frente porque sabía que iba a causar problemas”

En su relato, San Ginés ha vuelto a insistir en que la planta de Club Lanzarote era la única que vendía agua a terceros sin autorización. Dijo que llegaron quejas de los vecinos por las tarifas y hasta cinco requerimientos del Diputado del Común, el último de ellos advirtiendo con denunciar los hechos en Fiscalía. Señaló que no llegó “ninguna queja tan grave como esta”  y que las advertencias del Diputado del Común, “subiendo el tono”, fueron lo que le llevó a actuar. “Podíamos acabar todos donde finalmente hemos acabado”, dijo.

Respecto a tomar otra decisión, como una sanción, señaló que “era indiferente” porque el problema solo lo evitaba la clausura, pero esa solución eliminaba el abasto, “por lo que algo había que hacer”. También dijo que se trató de una medida “provisional, para devolver después la planta”, y temporal, hasta que el Consorcio del Agua conectara ese plan parcial con sus tuberías, pero que se iniciaron las obras y Club Lanzarote las paralizó. “En todo momento, la intención era dar respuesta al Diputado del Común”, insistió.

San Ginés señaló que desde 2011 se estaba instando a Club Lanzarote, la empresa propietaria, a iniciar un expediente de concesión de la desaladora. “Se intentó conseguir un acuerdo pacífico pero no fue posible hasta que Gobierno de Canarias clausuró la planta”, dijo el expresidente, que defendió que la situación ahora es mejor que antes para los vecinos porque pagan menos por el agua, y también para las arcas públicas, que cobran un canon “para solucionar el agua de consumo agrícola”. También declaró que para este expediente asumió las competencias que había delegado un mes antes en la consejera Soraya Brito, por su inexperiencia. “Me puse yo de frente porque sabía que iba a causar problemas”, dijo.

Francisco Perdomo, secretario del Cabildo de Lanzarote, ya jubilado.

No contesta

San Ginés no quiso contestar a la acusación popular, ejercida por Carlos Meca y Pablo Ramírez, exconsejeros de Podemos en el Cabildo, a quienes no reconoce su legitimidad para acusarle, y dijo que si respondiera “sería legitimar una acusación que no reconoce”, pero añadió que animaba a la fiscal a hacer suyas las preguntas de la acusación popular y así respondería a todas las preguntas.

También dijo en varias ocasiones, después de intentar suspender el juicio por todos los medios, que esperaba “tener ocasión de explicarse”. E incluso, a una pregunta de su abogado respondió por otra cuestión. Advertido por la jueza, dijo que “es una introducción pertinente”.

José Juan Hernández Duchemín, exgerente del Consejo Insular de Aguas.

Duchemín

El otro acusado, José Juan Hernández Duchemín, gerente del Consejo insular de Aguas, declaró que al organismo llegaban infracciones cometidas por Club Lanzarote y que tuvo alguna reunión con los responsables de la empresa para que las solucionaran. “Se estaba atentando contra los derechos de los consumidores cobrando el agua a un precio no regulado”, dijo.

Señaló que desconocía que se estuvieran vendiendo el agua a terceros y que sabía que solo tenían autorización para autoconsumo. Hizo un informe para proponer que se incoara un expediente sancionador en el que reflejó, “como es habitual”, que se restableciera la legalidad y se tomaran las medidas cautelares oportunas. “Pero yo no entré en multar o incautar, era un tema muy complejo”, apostilló.

Duchemín dijo que la incautación no le parece “ni bien ni mal”, y que su informe no tuvo nada que ver con la incautación. También firmó otra resolución otorgando la planta a Canal Gestión porque según él era la única empresa que podía hacerlo por cuestiones sanitarias y que un concurso tardaría mucho tiempo.