Gerardo Díaz, exgerente de Canal Gestión, filial de la empresa madrileña Canal de Isabel II, visitó las instalaciones de la empresa Club Lanzarote, promotora de la urbanización Montaña Roja, en Playa Blanca, antes de la incautación, que se produjo en septiembre de 2014, junto con responsables del Consorcio del Agua, entidad compuesta por el Cabildo y los ayuntamientos.

Díaz, que ha declarado como testigo en la primera sesión del juicio por la incautación de la desaladora, dijo primero que no recordaba esa visita y, después, cuando la ha recordado, ha dicho que se produjo unos días antes de la incautación. Sin embargo, hasta tres empleados de Club Lanzarote la han situado cuatro meses antes. 

Eso sí, Gerardo Díaz reconoció que desde el Cabildo le preguntaron si se haría cargo de la planta desaladora y calificó la visita como “poco sustancial y benigna”. Además, dijo que dos o tres días antes de la incautación, le avisó del hecho el gerente del Consorcio del Agua, Domingo Pérez, para que se fueran preparando. Señaló que la incautación supuso muchos gastos pero sostuvo que, en rigor, no sabría decir si tuvo más gastos que beneficios.

El exgerente de Canal aseguró que no instó personalmente a San Ginés a la regularización de las desaladoras privadas –el Consejo del Agua bajo el mandato del expresidente del Cabildo llegó a anunciar un plan para cerrarlas- sino que era algo que estaba “implícito” en el contrato pero sin un horizonte temporal concreto.

En el juicio salen a relucir facturas del abogado Ignacio Calatayud a Canal Gestión, que recibió la planta de Club Lanzarote, antes y después de la incautación

Sobre el abogado Ignacio Calatayud, el exgerente de Canal dijo que se le contrató como a otros profesionales que ya estabas contratados por Inalsa o el Consorcio del Agua, hasta que les diera tiempo a hacer sus propias contrataciones.

“Le contratamos porque era el abogado del Consorcio, como hicimos con multitud de proveedores”, afirmó. También señaló que habían prescindido de sus servicios en los mismos días de la incautación, pero se le mostraron facturas del abogado, amigo y asesor jurídico externo habitual de San Ginés, de hasta un año más tarde.

Pedro Soriano, abogado de Club Lanzarote.

Club Lanzarote

En la primera sesión del juicio contra el expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, el exsecretario, Francisco Perdomo y el exgerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, declararon un administrativo y un ingeniero de Club Lanzarote, que aseguraron que la visita a la planta desaladora de la promotora de Montaña Roja se produjo unos cuatro meses antes y acudieron responsables del Consejo, del Consorcio del Agua y de Canal Gestión. El día de la incautación “entraron primero Calatayud y Domingo Pérez”, señaló el ingeniero José Miguel Andrés.

El abogado de Club Lanzarote, Pedro Soriano, insistió en que no les dieron audiencia antes de la incautación y que el expediente “lo tenía Calatayud”

El abogado de Club Lanzarote, Pedro Soriano, declaró que Duchemín había nombrado en alguna reunión entre el organismo público y la empresa la posibilidad de una incautación, pero que él le respondía que eso no era posible. Dijo que no les dieron audiencia antes de dicha incautación y que el expediente “lo tenía Calatayud”.

Soriano sostuvo que tenían autorización para vender agua dentro del plan parcial y que, como las comunidades de propietarios tenían problemas para cobrar a los usuarios, ellos firmaron unos convenios con esas comunidades para facturar, pero en realidad facturaban a las comunidades de propietarios.

También señaló que habían pedido en dos ocasiones que les aprobaran las tarifas pero que, de todas formas, los precios estaban justificados. Además, Soriano aseguró que las quejas de los vecinos se fueron contestando y que había reuniones con el Cabildo.

El abogado de Club Lanzarote declaró que el Cabildo les pidió una cifra “esperpéntica” como supuesto beneficio ilícito por el suministro de agua de 35 millones de euros, que después rebajaron a algo más de un millón. También destacó que el acuerdo con el Cabildo estuvo sobre la mesa en varias ocasiones y que no se produjo por la sanción del Gobierno de Canarias sino por la mediación solicitada por el Juzgado.

Soraya Brito, a la que se le retiraron las competencias en el expediente del Consejo de Aguas de la incautación.

Competencias

Por su parte, la exconsejera Soraya Brito (CC), que era la responsable política del Consejo de Aguas, dijo que le habían cedido la competencias sancionadoras en esa materia en junio de  2014 -la incautación fue en septiembre- y que no conocía el área en profundidad.

En el juicio salió a relucir que le notificaron que las habían retirado esas competencias el día siguiente a la incautación, lo que podría suponer otra presunta irregularidad. “Me dijeron que yo no conocía ese procedimiento y que acababa de llegar al área”, concluyó.