El portavoz adjunto del grupo nacionalista en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para “explicar la forma en que abonó su vivienda y la procedencia de los fondos con los que realizó dicho pago”. En total, según San Ginés, pagó 360.000 euros: 95.000 euros en efectivo y 265.000 euros mediante transferencias bancarias, y se endeudó para pagar parte de ese importe.

Con sus explicaciones, San Ginés consideró que desmonta "muchas de las conjeturas de los autos judiciales, aclarando muchas dudas y explicando con todo lujo de detalles cómo, cuándo y cuánto” pagó por su casa, adquirida a la empresa Adelfas 24 SL, vinculada a la familia de Felipe Fernández Camero.  

En su exposición, San Ginés reiteró que el origen de esta investigación tuvo lugar con motivo de una denuncia contra él “por parte de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, porque, según ella, [el abogado] Ignacio Calatayud o su entorno” le “pagaron o regalaron” su casa “como contrapartida por contratarle y haber cobrado importantes costas procesales".

“Como todos saben”, prosiguió San Ginés, "tras esa denuncia, un ejército de guardias civiles enviados por el juez entró en mi casa buscando pruebas del presunto delito del que me acusó la señora Corujo obteniendo así, desde mi punto de vista, la imagen mediática que buscaba y que dio la vuelta a Canarias con la indudable intención de impedir que me pueda presentar a los próximos comicios electorales”.

“Porque ese, y no otro, era el objetivo pretendido por la presidenta del Cabildo, una persona sin bagaje alguno en su gobierno y a quien solo le importa conservar el poder a base de eliminar a sus adversarios y convertir la política en un permanente teatro de relatos y fotos que en nada mejoran la vida de las personas", agregó San Ginés.

El expresidente del Cabildo resaltó que “los propios informes de la Guardia Civil ya concluían un mes antes” del registro de su domicilio “que no existía ningún nexo entre Calatayud y su entorno” con su patrimonio.

“No tendría que dar ninguna explicación [ni al juez] ni la UCO y mucho menos a Dolores Corujo de cuál es el verdadero origen de los pagos de mi vivienda, porque eso no está denunciado y por tanto no es lo que se investiga", afirmó San Ginés.

“Sin embargo”, destacó el actual portavoz nacionalista, "sí me siento en la obligación moral de aclararlo a la ciudadanía [de Lanzarote] porque he sido su presidente” entre 2011 y 2019, “y porque tengo que asumir que han logrado sembrar una duda razonable cuando la policía entra en tu casa por orden judicial”. “Por eso y, por supuesto, porque tengo derecho a limpiar mi nombre de tanta infamia", apostilló.

360.000 euros

San Ginés afirmó en su comparecencia que el precio de compraventa de su vivienda, “pactado en diciembre de 2011”, fue de 360.000 euros, "por encima incluso de su valor catastral que, en 2012, era de doscientos veintidós mil 222.000 euros, según los propios informes de la UCO, e íntegramente abonados con fondos propios, disponibles o formalmente adeudados, entre diciembre de ese año y febrero de 2020".

"Cuando se pacta el precio en 2011, se acuerda con la propiedad de entonces que realizaría una entrega a cuenta en efectivo de 60.000 euros, y así lo hice tras hacer las consultas legales pertinentes y comprobar que no existía ninguna prohibición o impedimento legal para realizar pagos en efectivo", añadió San Ginés.

“Al vencimiento de este primer contrato, y en sucesivas ocasiones, renegociamos las condiciones de pago, pero nunca el precio de la vivienda por la que terminé pagando el precio acordado, esto es, los 360.000 euros inicialmente acordados aunque tuve que endeudarme para ello", apostilló.

En su comparecencia afirmó que 265.000 euros se abonaron mediante transferencias bancarias, “según consta en los propios informes de la UCO”, dijo. En cuanto a 95.000 abonados en efectivo, San Ginés dijo que hizo tres pagos: 60.000 en 2011, 15.000 en 2015 y 20.000 en 2018.

San Ginés recalcó que "todos los pagos realizados en efectivo, y por supuesto el resto, son lícitos y proceden de fondos propios", y que detalló al juez instructor, Jerónimo Alonso, “fechas exactas y entidad bancaria de la que tienen origen los préstamos y pagos”.

Devoluciones de su hermano

El portavoz de CC en el Cabildo apuntó que 85.000 euros utilizados para pagar su casa procedían de “devoluciones en efectivo de Leandro San Ginés”, su hermano, “por préstamos que éste le había realizado desde sus cuentas bancarias y, por tanto, cien por cien comprobables”.

Otros 10.000 euros, según San Ginés, los retiró de su cuenta corriente en la entidad Bankia. “Este dato fue confirmado tras su declaración y posterior acceso a sus contratos en sede judicial”, añadió.

San Ginés también aclaró que “en total” realicé a su hermano, “solo a través de entidades bancarias, 10 operaciones de préstamo entre los años 2010 y 2018 por importe de 274.000 euros".

En un comunicado, detalló los siguientes préstamos: “174.500 euros, por ampliación de un crédito hipotecario en Santander Central Hispano en marzo de 2010”, “30.000 euros de un préstamo personal solicitado al Santander Central Hispano en mayo de 2011”, “28.500 euros, de un préstamo personal solicitado a Cajamar Caja Rural en marzo de 2015” y “41.000 euros en siete transferencias bancarias desde su cuenta en la entidad Bankia entre mayo de 2011 y enero de 2018, y por tanto de inequívoca comprobación”.

"El cien por cien de estas 10 operaciones por importe de 274.000 euros fueron íntegramente destinadas a salvar la delicada situación económica de Grúas San Ginés”, aseguró el expresidente del Cabildo. “Jamás recibí un céntimo de euro de Grúas San Ginés que no fuera mío, sino todo lo contrario. Y lo hice porque de esa empresa vivían mi hermano y mi cuñada, además de mis tres sobrinas que eran empleadas de la compañía familiar”, recalcó.

Falta de registro de la vivienda

Sobre los motivos para no registrar la compra de la vivienda adquirida, el expresidente del Cabildo de Lanzarote ha manifestado que "no es un trámite obligatorio y, por lo tanto, es legal no hacerlo”. “De hecho, los informes de la UCO al respecto también concluyen que 'esta falta de normalidad no incurre en ilegalidad'", añadió.

Al respecto, afirmó que "el contrato contiene una cláusula con una reserva de dominio que impide la elevación a público de la compraventa hasta que estuviera completamente abonada, cosa que no ocurrió hasta 2020".

En ese sentido, San Ginés apuntó que no incorporó la adquisición de la vivienda a su declaración de bienes del Cabildo de Lanzarote a que están obligados los cargos públicos de la corporación porque cuando la hizo en 2019 "aún no la había pagado”. “Por tanto, según el propio contrato, no era de mi propiedad entonces y entiendo que solo tengo obligación de declarar mis bienes al principio del mandato y al final del mismo para determinar cuál ha sido mi incremento patrimonial", afirmó.