El expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirmó durante su declaración que no tenía formación en Derecho pero que sí sabía lo que firmaba cuando ordenó la incautación. Dijo que la gravedad de la situación estribaba en que la planta desalaba agua sin autorización y, sobre todo, la vendía a terceros sin título habilitante. 

Admitió que la primera noticia que tuvo de que la planta vendía agua terceros fue en 2010 y que esa venta se estaba haciendo desde 1986. Dijo que hay muchas desaladoras sin autorización pero que ninguna otra vende agua a terceros. También señaló que le impulsaron a actuar las advertencias del Diputado del Común con llevar el asunto a Fiscalía sin no actuaba.

Señaló que el único modo de impedir la venta sin título pero garantizar el suministro a los vecinos era incautar la planta para garantizar el control, porque no se podía conectar la red a las tuberías de Inalsa. “Si se clausuraba era inevitable el desabastecimiento”, aseguró. Dijo que era muy consciente del extraordinario calado de su decisión y de que la medida fue proporcionada para el fin que perseguía.

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También dijo que en 2013 tuvo reuniones con los responsables de Club Lanzarote para intentar llegar a un acuerdo. “Le advertí de que se podía hacer la incautación, porque ya estaba informado de que existía esa posibilidad”, dijo. Antes de la incautación llamó a Joaquín Cañada, representante de la empresa, para que la incautación fuera “pacífica”.

Además, dijo que nunca tomó una decisión “en contra de un asesoramiento verbal, y menos de este calado”. Añadió que pidió un informe por escrito posteriormente porque “sabía que iba a haber problemas”, aunque reconoció que no lo había solicitado de esta forma antes de dictar la incautación de la desaladora, la depuradora y las redes de abastecimiento.

Además, dijo que nunca tomó una decisión “en contra de un asesoramiento verbal, y menos de este calado” y que pidió un informe por escrito posteriormente porque “sabía que iba a haber problemas”.

Declaración de Duchemín

Por su parte, el exgerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, dijo que no intervino en la decisión de incautar la desaladora, la depuradora y las redes de la urbanización Montaña Roja, pero sí en la decisión de entregar la planta a Canal Gestión Lanzarote para garantizar el suministro porque, en su opinión, “era la única posibilidad que había”.

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El acusado afirmó que en 2010 ya conoció la venta de agua a terceros por parte de Club Lanzarote, que les hizo requerimientos y tuvo reuniones con la empresa. Dijo que accedieron a regularizar el precio del agua pero, primero, lo debía aprobar el Ayuntamiento y, después, la empresa no atendió al requerimiento de la Comisión provincial de precios.

“Estaba a expensas de ver si podían arreglar eso – señaló - y si podían tener una autorización condicionada”, dijo, preguntado por el motivo por el que no se había actuado contra la empresa hasta 2014.