Coalición Canaria (CC) ha acusado a la secretaria insular del PSOE, María Dolores Corujo, de "desvergüenza política" por haber presentado una demanda contra el Cabildo de Lanzarote al considerar vulnerado su derecho de participación en un pleno cuya convocatoria coincidía con sus obligaciones como diputada en el Congreso, después de que la Fiscalía solicitara desestimar la demanda.

El secretario insular de CC en Lanzarote y La Graciosa, Pedro San Ginés, ha criticado en un comunicado que Corujo haya cuestionado la fecha de celebración del pleno del 30 de abril de 2026 cuando, según ha asegurado, durante su etapa como presidenta del Cabildo dejó de convocar más de una decena de sesiones ordinarias.

San Ginés considera que el escrito del Ministerio Público evidencia, tal como ha venido señalando su formación, "la desvergüenza política de Corujo, quien dejó de celebrar más de una decena de plenos ordinarios durante su presidencia en el Cabildo y ahora ha pretendido presentarse como víctima".

La formación nacionalista se ha pronunciado después de conocer las alegaciones del fiscal Jesús Javier Lomba Montesdeoca, que solicita al órgano judicial desestimar la demanda presentada por Corujo contra la convocatoria y los acuerdos adoptados en aquella sesión plenaria.

En su escrito, el fiscal considera que no se vulneró el derecho fundamental de participación política de la consejera socialista y diputada nacional, al estar prevista la posibilidad de intervenir en el pleno por medios telemáticos.

CC destaca que la Fiscalía señala que la doble condición de Corujo como diputada y consejera insular puede generar dificultades cuando coinciden las convocatorias de ambas instituciones.

"Lo que es inherente a sus circunstancias puede constituir un obstáculo para el funcionamiento tanto del Parlamento como de la institución insular", recoge la nota de Coalición Canaria al citar el informe fiscal.

El Ministerio Público también sostiene que el funcionamiento del Cabildo, "institución que representa los intereses de todos los habitantes de dicha isla, no puede quedar condicionado a la cualidad de Diputada de uno de sus miembros".

San Ginés cuestiona la actuación de Corujo

El secretario insular de Coalición Canaria ha señalado que la dirigente socialista debe asumir las obligaciones derivadas de su condición de consejera del Cabildo y diputada nacional.

La Fiscalía solicita desestimar la demanda de Corujo y sostiene que el funcionamiento del Cabildo no puede quedar condicionado a su condición de diputada nacional

Según San Ginés, Corujo ha pretendido condicionar el funcionamiento de la institución insular a sus compromisos parlamentarios en Madrid, pese a que la convocatoria contemplaba la participación a distancia.

La formación nacionalista sostiene que la decisión de compatibilizar ambos cargos corresponde a Corujo y a su partido, y considera que no puede responsabilizar al Cabildo de las dificultades derivadas de esa situación.

"Quien dejó sin celebrar más de una decena de plenos no está en condiciones de dar lecciones de rigor institucional ni de presentarse ahora como víctima de una supuesta vulneración de derechos en la que el Cabildo no ha incurrido", ha afirmado San Ginés.

El dirigente nacionalista ha insistido en sus críticas a la actividad política de Corujo tanto en la institución insular como en el Congreso de los Diputados.

Para San Ginés, "lo que es peor aún es que lo que ha pretendido María Dolores Corujo con esta treta, tirada por tierra por la Fiscalía, es ocultar su inacción tanto en el Cabildo donde no ha propuesto nada constructivo, como en la Cámara Baja donde su actividad es prácticamente nula".

La Fiscalía solicita desestimar la demanda

La demanda presentada por María Dolores Corujo cuestiona el decreto de la Presidencia del Cabildo por el que se convocó el pleno del 30 de abril de 2026 y los acuerdos adoptados durante esa sesión.

San Ginés reprocha a la expresidenta insular que dejara de celebrar más de una decena de plenos durante su mandato y asegura que ha intentado presentarse como víctima

La consejera socialista alegó que la fecha coincidía con sus obligaciones en el Congreso de los Diputados y le había impedido asistir presencialmente.

El fiscal Jesús Javier Lomba Montesdeoca, en un escrito firmado el 29 de julio, considera que esa circunstancia no vulnera el derecho de participación reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

El Ministerio Público recuerda que la convocatoria del pleno admitía la participación a distancia y señala que la modificación puntual de la fecha respondió a razones organizativas.

El fiscal también rechaza que el calendario ordinario del Cabildo tenga que quedar subordinado al del Congreso de los Diputados por la doble condición de uno de sus miembros.

En consecuencia, solicita que "se desestime la demanda de la parte actora por entender que no se ha vulnerado el derecho previsto en el art 23 de la CE".