La alcaldesa del Ayuntamiento de San Bartolomé, María Dolores Corujo, ha dado instrucciones a los servicios jurídicos de la corporación para instar “con carácter inmediato” la ejecución de la sentencia del conocido como caso Montecarlo, una vez sea comunicada a las partes.

“Hay que recordar que la sentencia que recaerá en los acusados será efectiva con carácter inmediato pues no cabe recurso al haberse producido como consecuencia de la conformidad que los mismos acordaron con la Fiscalía” tras confesar su culpabilidad, ha aclarado Corujo.

La alcaldesa ha recordado que los ahora condenados se concertaron para apropiarse indebidamente de fondos públicos, por un total de 470.000 euros, que ahora tendrán que reintegrar como parte del acuerdo alcanzado con el Ministerio Público.

La Fiscalía, “como garante del interés general, ha considerado adecuado llegar a un acuerdo con unas determinadas penas y no me toca a mí opinar sobre la duración de las mismas pero como alcaldesa de San Bartolomé garantizo que el Ayuntamiento recuperará hasta el último euro, pues vamos a tomar las medidas necesarias para que los condenados afronten su responsabilidad”, ha asegurado Corujo.

La Audiencia Provincial de Las Palmas dejó este martes para sentencia la pieza del caso Montecarlo relativa al Ayuntamiento de San Bartolomé. Todos los acusados reconocieron haber cometido los delitos de los que se les acusaba y aceptaron las penas.

Loli Corujo, alcaldesa de San Bartolomé.

"Vamos a tomar las medidas necesarias para que los condenados afronten su responsabilidad", ha asegurado Corujo

El ex interventor Carlos Sáenz ha aceptado tres años más de prisión, el ex tesorero Luis Manuel Rodríguez, el ex concejal de hacienda Javier Betancort (PP) y el ex alcalde Miguel Martín (CC) han aceptado penas de un año de cárcel. El quinto condenado es el empresario José Vicente Montesinos, de las sociedades Recingest y Progestril, que ha aceptado una pena de dos años de cárcel.

Todos los acusados tendrán que hacerse cargo de las costas judiciales de un procedimiento que se inició hace casi siete años. Sáenz y Montesinos deberán pagar una multa de 65.000 euros cada uno y los cinco condenados deberán devolver el dinero al Ayuntamiento de San Bartolomé, como responsabilidad civil.

Los cinco acusados deberán devolver de forma solidaria las cantidades malversadas. En el caso de Sáenz la cantidad es de más de 460.000 euros y de ellos 74.000 deberá devolverlos en solitario. En el caso de Montesinos deberá hacer frente a casi 400.000 euros, la misma cantidad que el ex tesorero. Miguel Martín deberá hacer frente a 230.000 euros y Betancort a 210.000 euros. Cada uno deberá pagar aproximadamente, como mucho, una quinta parte de esas cantidades.

Montesinos tiene ya una condena, que no es firme, de más de cinco años de cárcel por la pieza de este mismo caso en La Oliva, mientras que Saénz ya está en prisión por una condena de cinco años. Esta podría ser su cuarta condena ya que también reconoció los hechos en la pieza de La Oliva y fue condenado a un año y medio, mientras que en Unión, que aún se está juzgando, aceptó el mes pasado una condena de tres años y medio.

El exalcalde Miguel Martín fue condenado en 2007 en primera instancia a dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento privado mientras y fue condenado primero y absuelto después por un delito contra la ordenación del territorio. Por su parte, Betancort se enfrenta a otra pieza de Montecarlo relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife.

La trama para expoliar las arcas públicas

El caso Montecarlo se inicia por una denuncia anónima en Fiscalía por irregularidades en Arrecife. La operación estalla en mayor de 2012 y se acaban formando cinco piezas: una en la Oliva que ya se ha juzgado, esta de San Bartolomé y tres en Arrecife que están pendientes de juicio. Los acusados sustrajeron más de 460.000 euros de las arcas municipales de San Bartolomé mediante el cobro de remuneraciones indebidas y facturas irregulares.

Se sustrajo cerca de medio millón de euros de las arcas públicas con remuneraciones indebidas y facturas irregulares

La acusación distinguió entre dos hechos diferentes. El primero solo afectaría a Sáenz y tiene que ver con el cobro irregular por su trabajo como interventor acumulado en San Bartolomé, ya que era titular de la plaza de Arrecife. Sáenz sólo podía cobrar el 30 por ciento de su sueldo por su trabajo en San Bartolomé y se asignó, no como nómina sino como mandamientos de pago, una cantidad mayor, que la Fiscalía cifra en más de 74.000 euros desde 2003 a 2012.

El segundo hecho es el abono por parte de San Bartolomé de diversas cantidades a dos sociedades de Montesinos a las que se pagó casi 450.000 euros entre 2002 y 2008. En mayo de 2002, el Ayuntamiento hace un contrato de consultoría con Progestril mediante un negociado sin publicidad y sin justificar que era necesario externalizar ese servicio. Ni siquiera está justificado que la empresa llevara a cabo los trabajos por los que se le contrató. En 2004 se firmó un segundo contrato.