El Ayuntamiento de San Bartolomé indicó este viernes que ha procedido al embargo de las cuentas de la empresa pública Inalsa, sociedad del Consorcio del Agua, propiedad a su vez del Cabildo y de los siete ayuntamientos de la Isla, “como consecuencia del impago de diversas liquidaciones giradas por la corporación”.

En concreto, el Consistorio reclama 968.000 euros, principalmente por una tasa de ocupación de suelo rústico de titularidad municipal para la instalación de dos parques eólicos, con seis aerogeneradores, que todavía no se han instalado, además de por la licencia para una subestación eléctrica, ya construida.

La reclamación del Ayuntamiento de San Bartolomé le ha enfrentado con la mayoría de instituciones que forman parte del Consorcio del Agua, promotor de los parques eólicos públicos. Mientras que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, advierte de que el abono del citado importe dificulta la instalación de los parques, la alcaldesa de San Bartolomé defiende que el Ayuntamiento tiene derecho a cobrar los tributos.

Corujo señaló que el Ayuntamiento ha tenido que exigir a través de la vía de apremio el pago del millón de euros “ante la negativa de Pedro San Ginés a abonar los importes liquidados por el Ayuntamiento y que, en uno de los casos, ya se han pronunciado los tribunales otorgando la razón a San Bartolomé”.

“No es agradable recurrir a la vía de apremio entre administraciones pero, al igual que con otras administraciones o empresas públicas, San Bartolomé no va a dejar de recaudar ni un euro de los ingresos a los que tiene derecho y menos por un capricho impertinente del presidente”, ha advertido Corujo, quien que ha rechazado “los intentos de San Ginés de culpabilizar al Ayuntamiento cuando nos limitamos a cumplir con la ley”.

“Decir que comprometemos la viabilidad del proyecto cuando hay ayuntamientos de Coalición Canaria que deben más de dos millones de euros a Inalsa desde hace años es, cuando menos, hipócrita”, afirmó Corujo, en referencia al Ayuntamiento de Teguise, que arrastra una deuda por impago del agua.

“Decir que nos oponemos al despliegue de las renovables, cuando somos de los pocos ayuntamientos con ordenanzas fiscales para favorecer su implantación, es retorcer la realidad”, ha añadido la alcaldesa.

Por último, Corujo ha condenado los intentos de exigir al Ayuntamiento que ceda el importe recaudado al Consorcio: “Resulta de un cinismo insoportable pedirnos que renunciemos a lo que nos corresponde, por el uso de nuestro suelo público, cuando han marginado sistemáticamente a San Bartolomé, pues no han invertido ni un euro en la renovación de las redes del municipio”, ha finalizado.