Las empresas Sacyr y Aqualia pidieron que se aumentasen las tarifas del agua en Lanzarote en el marco de la negociación con Canal Gestión para que esta empresa, que gestiona el servicio de abastecimiento en la Isla desde 2013, cediera su contrato. Este jueves el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, lleva a la asamblea del Consorcio del Agua una propuesta para encarecer el agua un 15 por ciento en todos los tramos.

El conflicto entre Canal Gestión y el Consorcio por la actualización de las tarifas ha sido constante en los últimos años. De hecho, el precio del agua no se ha tocado en los casi 12 años que la filial de Canal de Isabel II lleva en Lanzarote. En el contrato se fijó que el precio del agua se revisaría a partir del cuarto año con una fórmula que consistía en sumar el IPC (Índice de Precios al Consumo) y un uno por ciento adicional.

Aunque es la asamblea del Consorcio del Agua la que propone la actualización de las tarifas, la última palabra la tiene la Comisión de Precios de Canarias, un órgano que depende de la comunidad autónoma, que también da el visto bueno, por ejemplo, a la subida de las tarifas del taxi. La Comisión de Precios ha venido rechazando esa actualización y ha esgrimido como argumento las abultadas pérdidas de agua en la Isla, un déficit en la explotación que se mantiene en la actualidad.

En una de sus resoluciones, la Comisión de Precios de Canarias rechaza la subida de las tarifas en Lanzarote porque hay más agua que se pierde que la que se consume, por lo que el incremento de su precio de venta supondría un “perjuicio” para el ciudadano de la Isla, sin ser “el culpable del problema”. Tanto el presidente Oswaldo Betancort como el consejero de Aguas, Domingo Cejas, resaltaron este argumento en el conflicto abierto con Canal, que reclamaba ya el año pasado más de 35 millones de euros de deuda por no subirse las tarifas.

Elegidos desde noviembre

Ahora, según la documentación que se va a elevar a la asamblea del Consorcio del Agua, se sabe que el pasado 12 de noviembre, Canal de Isabel II desveló de forma oficial quiénes eran los elegidos para quedarse con el agua en la Isla. Así, trasladó al organismo público su “intención de autorizar” la cesión de su contrato en Lanzarote a las empresas Sacyr y Aqualia, esta última del Grupo FCC.

El Consorcio reconoce que “una de las premisas” de Sacyr y Aqualia, “para dar continuidad a la cesión del contrato, es la necesidad de proceder a una actualización de las tarifas”

Se da la circunstancia de que FCC fue la que demandó a Inalsa, empresa propiedad del Consorcio, por incumplimiento en el contrato para construir una desaladora en Janubio y aquella deuda que con intereses suponía unos 13 millones de euros fue el origen del concurso de acreedores de la empresa pública, del embargo a los políticos que formaban su consejo de administración y, en última instancia, a la privatización del servicio del agua en Lanzarote que se quedó Canal.

Entre las condiciones que ahora ha fijado el Consorcio del Agua para que Canal ceda su contrato se encuentra, además de reducir las pérdidas de agua a un 30%, unas inversiones de 35 millones de euros en un plazo máximo de cinco años, y una interpretación de la fórmula para revisar el precio del agua.

En respuesta a esas condiciones, Sacyr y Aqualia trasladaron como “respuesta” un estudio técnico y otro de “gestión económica” para la “reducción de pérdidas”. Y Canal aseguró que no había participado ni en la elaboración de esos estudios ni había efectuado “ninguna valoración de la misma”.

“Estudiados los documentos, se desprende que una de las premisas del estudio de viabilidad, para dar continuidad a la cesión del contrato, es la necesidad de proceder a una actualización de las tarifas del servicio de abastecimiento de agua de las islas de Lanzarote y La Graciosa”, señala el gerente del Consorcio, Fernando Fernández Pinazo.

Petición encubierta a través de Canal

Como Sacyr y FCC Aqualia “carecen de legitimidad para iniciar un procedimiento de solicitud de revisión de tarifas del servicio de abastecimiento, dado que a día de hoy tienen la consideración de terceros ajenos al contrato”, y tras valorar que la revisión de las tarifas “podría ser iniciada de oficio por el Consorcio”, finalmente el 16 de enero de este año Canal Gestión solicitó la actualización de los precios.

En ocasiones anteriores, la Comisión de Precios de Canarias rechazó las subidas exigidas por Canal por las abultadas pérdidas de agua

Este pasado 6 de febrero, la responsable del contrato del agua emitió un informe, en el que contextualiza “la propuesta de actualización de tarifas dentro del marco del proceso de cesión del contrato que se está resolviendo, llegando a la conclusión [de] que es necesaria”.

Cabe destacar que se contrató “asesoramiento especializado” del economista Francisco Javier Hernández Santana, “orientado a garantizar la adecuación del nivel de ingresos” por la gestión del agua “al coste real, necesario y eficiente del servicio”.

La conclusión de ese análisis es una propuesta de actualización de las tarifas que supone un incremento medio del 15,06 por ciento en todas las categorías –doméstica, turística o agrícola- y en todos los tramos y servicios.

Está previsto que este aumento del precio del agua, que se aborda este jueves en la asamblea del Consorcio del Agua, se apruebe al estar controlado el organismo público por el Cabildo. Está por ver lo que hará la Comisión de Precios de Canarias, ya que la situación de abultadas cantidades de agua que no se controla, por pérdidas en red principalmente, no ha variado sustancialmente desde que rechazó las anteriores subidas.