La primera inspección fue en agosto de 2015 y la última en septiembre de 2017. En medio hubo otra, y antes y después, sospechas y acusaciones en redes sociales sobre irregularidades en la gestión de la perrera municipal de Arrecife. Hoy, esa polémica se ha convertido en un campo de batalla con varias denuncias cruzadas por el camino, con una querella en los Juzgados contra la concejal de Ganemos Leticia Padilla y la sargento del Seprona Gloria Moreno, que a su vez está suspendida de empleo durante tres meses por una queja del veterinario municipal, Javier López Vicente.

El asunto se ha enturbiado pero, mientras se pone el foco en investigar a quienes denunciaron esas irregularidades, la investigación sobre la perrera no se ha culminado. Ahora es Coalición Canaria, que gestionaba la perrera cuando estaba en el grupo de gobierno, quien pide que se investigue si al menos 300 animales salieron de forma irregular entre 2012 y 2015.

Los nacionalistas también piden que se tramiten de forma urgente los expedientes ya abiertos sobre la perrera, por denuncias de la propia Policía Local, y que el Ayuntamiento encargue una auditoría del libro de entradas y salidas de animales.

De momento, el punto de llegada está así: el veterinario está de baja médica, la sargento está suspendida porque el veterinario considera que le estaba hostigando y se quejó ante la Guardia Civil, que aprovechó para culminar lo que no habían podido hacer con los cuatro expedientes anteriores.

Una campaña de recogida de firmas acumula ya más de 122.000 que se han presentado ante el Ministerio del Interior en apoyo a la sargento, que también está acusada en el Juzgado número 4 de revelación de secretos e infidelidad en la custodia de documentos por la querella del veterinario. La concejal Leticia Padilla está acusada, en ese mismo procedimiento, de calumnias.

En este caso, por segunda vez, ya que la primera denuncia se archivó. ¿Pero cómo se ha llegado hasta aquí? En agosto de 2015 empiezan a aparecer en las redes sociales acusaciones de maltrato animal y de irregularidades en la perrera. Unos días más tarde, la sargento del Seprona hace una inspección y detecta irregularidades en la razabilidad del destino de los animales.

Después es el Gobierno de Canarias quien le pide los libros de registro y las fichas de los perros y solicita más tarde al veterinario que modifique la forma de llevar los libros de registro y que realice un archivo Excel. Unos meses más tarde, Padilla empieza a solicitar los libros de entrada y salida de los animales y denuncia públicamente las irregularidades, y también ante el Seprona.

Ganemos considera que el veterinario incumple el artículo 9 del Real Decreto 117/1995 al no retener a los animales durante veinte días antes de proceder a su entrega en adopción, sobre todo cuando se trata de cachorros.

El veterinario, por su parte, en conversación con Diario de Lanzarote, señala que puede haber errores administrativos pero no irregularidades y dice que le parece “fantástico” que se tramiten los expedientes por denuncias de la Policía Local porque era Samuel Martín el concejal y porque fue el propio veterinario quien pidió que se abrieran. “Está todo justificado”, dice.

En febrero de 2016 vuelve el Seprona a raíz de la denuncia interpuesta por Ganemos, pero no la sargento, que está de baja. En la inspección también está presente un veterinario del Gobierno de Canarias, Antonio Cardona, que es quien finalmente redacta el acta y a quien, según el veterinario, le pidieron que inspeccionara porque estaba en la Isla para el cierre de Guinate Park y porque existía esa denuncia de Ganemos. La Consejería de Ganadería del Gobierno es el organismo encargado de inspeccionar a las perreras y las protectoras.

Se hace una inspección aleatoria y se detecta un perro sin chip, que el veterinario justifica en que había salido por temas de salud a una clínica privada. Durante esa inspección, el veterinario municipal entrega el Libro de registro de animales al Seprona, que no coincide con el que había entregado dos meses antes a los concejales, ya que en el primero se habían eliminado los datos de los adoptantes alegando que no son datos públicos. Leticia Padilla pide que se abra un expediente en el Ayuntamiento por falsificación de documentos oficiales porque no coinciden los libros.

Un año después, la sargento Moreno, que regresa de su baja, realiza otra inspección y presenta una denuncia por falsedad documental. La denuncia se archiva en los Juzgados en febrero de este año, y es cuando el veterinario presenta la queja contra la sargento y la querella contra ambas.

A Moreno le acusó de haber filtrado a la concejal el libro que él envió a la Guardia Civil y a Padilla le acusa de calumnias por decir que había presuntamente falsificado los libros de registro. Los libros, junto con el acta, los envió al Ayuntamiento la Guardia Civil tras la inspección de 2016 en la que no participó la sargento.

Y, ¿cuáles son las irregularidades? Lo que denuncia Ganemos es que los animales no están el tiempo suficiente en la perrera y que el veterinario no hace informes sobre el estado de salud de los animales que justifiquen las decisiones que toma.

El veterinario justifica estas medidas señalando que los cachorros de menos de tres meses no requieren chip y que reduce los plazos para salvaguardar su salud, porque la perrera no tiene las instalaciones adecuadas. “Los animales pueden salir antes por motivos de salud o peligrosidad”, dice y asegura que ninguno de los animales que salió antes tiene más de dos meses. Afirma que, como no están vacunados, corren riesgo, y que todos salieron con su documentación pertinente.

Lo más llamativo, en todo caso, es que se han entregado, entre 2012 y 2015, 300 perros a un matrimonio alemán (que lleva sacando perros de esa perrera al menos desde el año 1998), que no está constituido como protectora y que traslada después esos perros a Alemania.

Javier López asegura que es el Gobierno el que le comunica que trabajan con una protectora en Düsseldorf y señala que son los únicos que tienen una autorización específica del Ayuntamiento, firmada en el año 2000, para trabajar con la perrera, y que antes de que entrara él a trabajar no tenían autorización o permiso.

Las protectoras locales se niegan a trabajar con este matrimonio, que formó parte de la Junta directiva de una de ellas, y hay sospechas de que puede existir un negocio con estos animales, puesto que los gastos de traslado son elevados. En octubre de 2017, el concejal Samuel Martín (CC) pide un informe sobre el dinero que supuestamente se ha ingresado en concepto de tasas municipales por esas adopciones.

Ganemos habla de que puede haber 1.200 perros sacrificados sin informes veterinarios y el veterinario declaró en la Cadena SER que en todo caso, él se autorizaba a sí mismo y por eso no hacía informes. López señala que el Ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto. “Si creen que hay algo mal que me expedienten y si no, que me defiendan”, afirma.