El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote ha decidido continuar en solitario con el ejercicio de la acusación popular en la causa penal por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, por lo que anuncia que presentará escrito de acusación y solicitará la apertura de juicio oral en el plazo establecido por el magistrado.

"Por respeto al trabajo realizado durante tres años por el juez instructor, por respeto a los autos dictados en esta causa por la Audiencia Provincial avalando esa instrucción y por respeto incluso al criterio mantenido hasta hace unos meses por el Ministerio Fiscal, consideramos que debe llegarse hasta el final, celebrándose el juicio para depurar responsabilidades", señala el portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca.

La decisión se ha producido tras un análisis "consciente y responsable" de la situación generada por el cambio de criterio de la denunciante, que se retiró como acusación particular después de negociar un acuerdo con el presidente, Pedro San Ginés, y sobre todo tras la nueva postura adoptada por la fiscal, que ha pedido el archivo de la causa al no poder formular acusación contra Ignacio Calatayud, que fue quien asesoró "verbalmente" al presidente del Cabildo durante la incautación, y que "fue desimputado en un auto del polémico juez Alba, que a su vez está pendiente de juicio por varios presuntos delitos en el ejercicio de su cargo", señala Podemos.

"No compartimos el cambio de criterio de la fiscal, que da por buenos los argumentos del cuestionado juez Alba, frente a las posiciones de otras salas de la Audiencia que han expuesto argumentos jurídicamente contrarios", subraya el consejero, que considera que "hay sobrados indicios de que se cometió un delito de prevaricación y recuerda las resoluciones de la Audiencia que así lo constatan".

Esas resoluciones, a diferencia de la dictada por Alba, destaca el portavoz de Podemos, "confirmaron el auto que puso fin a la instrucción de esta causa y que inició el trámite para llevar a juicio tanto a Calatayud como a los otros tres investigados: Pedro San Ginés como presidente del Consorcio Insular de Aguas, Francisco Perdomo como secretario y José Hernández Duchemín como secretario de ese órgano".

"La argumentación expuesta ahora por la Fiscalía, liberando de responsabilidad a los cargos políticos y funcionarios públicos por haber obedecido las consideraciones de un asesor jurídico externo supone un precedente muy peligroso", advierte Meca, que afirma que “no se puede dar por bueno el asesoramiento verbal de Calatayud a San Ginés cuando este abogado no es funcionario de la institución y, lo que es más grave, cuando en ese momento trabajaba también para Canal Gestión, que se vio directamente beneficiada por esta operación”.

Meca destaca que así lo señaló el propio juez instructor, que en su último auto habló del "beneficio económico" que obtuvo Canal cuando le entregaron las plantas incautadas, "mientras pagaba más de 3.300 euros al mes a la persona que asesoró al presidente para adoptar esta medida".

"Podemos no va a moverse de la posición que ha marcado desde que se personó en la causa por una razón muy sencilla: no hay motivo jurídico para ello. Y lo que vamos a seguir defendiendo es lo mismo que dijo la Fiscalía el pasado mes de octubre, cuando se opuso a los recursos que presentaron los imputados contra ese auto y señaló que había sobrados indicios para llevarles a juicio", señala Meca.

“Actuación delictiva”

El portavoz de Podemos resalta que, con la instrucción ya concluida, “el Ministerio Fiscal veía no solo indicios de un acto administrativo ilegal, sino también de una actuación delictiva, y para sostenerlo realizó un relato que no ha variado a día de hoy”.

Añade que “lo que dijo entonces la fiscal –que es lo que seguirá sosteniendo Podemos desde la acusación popular- es que San Ginés ordenó la incautación sin contar con el dictamen jurídico previo escrito sobre la viabilidad de la medida, que acordó la incautación sin dar audiencia a los interesados, que esa medida extrema y excepcionalmente gravosa ni siquiera está prevista por la normativa sectorial aplicable, que tampoco justificó de ninguna manera la insuficiencia o inadecuación de otras medidas menos lesivas para la finalidad perseguida y que dicha resolución fue ejecutada al día siguiente de dictarse, produciéndose el acceso a las instalaciones de Club Lanzarote sin contar con autorización judicial", para después entregar esas plantas a Canal Gestión.