Los informes de los servicios jurídicos del Cabildo a los que han tenido acceso el grupo Podemos y sobre los que dio una rueda de prensa la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, este martes “son muy contundentes y abundan en detalles que comprometen la salud democrática de la institución”, según la formación morada

Ese mismo informe aclara que “la prestación de servicios no está amparada por un contrato administrativo por lo que adolece de omisión de procedimiento que supone el reparo de legalidad de las facturas que se presentan”. De igual forma detalla en varias ocasiones que los contratos verbales son “nulos de pleno derecho”, lo que para el grupo político supone un “absoluto escándalo que merece ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales”.

Según el criterio del grupo político Podemos, tras el estudio de estos informes jurídicos, cabe la posibilidad de pedir responsabilidades judiciales dada la nulidad de los contratos verbales. “Se ha sido tremendamente irresponsable con el dinero público y con servicios básicos de carácter social y parece que la presidenta no quiere llegar hasta el final caiga quien caiga”, declara Myriam Barros, portavoz de Podemos en el Cabildo.

Por su parte, el grupo de gobierno del Cabildo (PSOE y PP) ha llevado este miércoles a pleno los expedientes para revisar de oficio y anular contrataciones “verbales” por prestación de servicios de atención social que, en conjunto, alcanzan sumas millonarias, según señaló la presidenta en su intervención.

Dolores Corujo, detalló que se trata de “servicios esenciales” como la atención a mayores y enfermos de alzheimer, a personas con discapacidad, el transporte adaptado para mayores y dependientes o la atención a los menores extranjeros no acompañados.

Responsabilidades compartidas

Bajo el criterio Podemos “tanto el PSOE como el PP tendrían el mismo nivel de responsabilidad en estos contratos nulos” que afectan a los servicios esenciales de atención social.

“Si solo hablamos de la etapa de San Ginés, es cierto que la presidencia  ha estado en manos de CC, pero el área de Servicios Sociales ha sido responsabilidad directa tanto del PSOE como del PP, actuales socios de gobierno”, puntualizó Myriam Barros.

Para Podemos esta responsabilidad es compartida, puesto que las licitaciones de servicios esenciales para el área de Bienestar Social deben ser lideradas por el consejero o consejera al frente del área. La rueda de prensa que la presidenta ofreció ayer es, para la formación morada, “echar balones fuera”, puesto que nada dijo sobre las actuaciones legales que podrían y deberían tomarse. “Nos hubiese encantado ver a la presidenta asumir las contradicciones de su partido y reconocer que son tan responsables de esto como CC, con los que han gobernado siempre que han podido”, concluyó Barros.

 “Si los fines son loables, siempre encontrarán la mano tendida de Podemos para fines sociales, pero la Ley de Contratos del Sector Público nos da herramientas para sacar a licitación con transparencia estos servicios, que exceden claramente el ámbito temporal de un año y cuantitativo de 15.000 euros marcados para el contrato menor, y por no hablar ya de los contratos verbales”, añadió el consejero Jorge Peñas.

Para los morados proteger los derechos sociales es una cuestión prioritaria en estos momentos de crisis socioeconómica, por lo que consideran prioritario que se saquen a licitación todos los servicios que dependan de gestión externa. “Nuestra primera opción siempre es la gestión directa de los servicios públicos, pero las actuales leyes lo complican mucho, por lo que estaremos muy atentos para que las licitaciones sean transparentes y garanticen tanto la calidad del servicio prestado como las condiciones laborales del personal contratado”, concluyó el abogado y consejero Jorge Peñas.