Nuevo golpe de la Justicia a la polémica asociación Jiménez de Asúa. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arrecife ha inadmitado a trámite un recurso de la asociación contra la sentencia que le negó su pretensión de disolver Transparencia Urbanística, que ha llevado a cabo una labor contra la corrupción desde que se constituyó y que ejerce la acusación en numerosas causas, como en Stratvs o en la denominada pieza Jable del caso Unión.

En un auto dictado el 5 de septiembre, el Juzgado señala que la sentencia en contra de la demanda de Jiménez de Asúa se dictó el pasado 16 de mayo y se notificó el 22 del mismo mes, pero el recurso de apelación de la citada asociación no se presentó hasta el 27 de junio, cuando el plazo había finalizado seis días antes.

En la sentencia, que ahora se convierte en firme, la jueza rechazó “íntegramente” la demanda de la asociación Jiménez de Asúa y señaló que carece de legitimación para pedir la disolución del colectivo Transparencia Urbanística. Además, le condenó a abonar las costas del procedimiento.

Además, en la resolución judicial la jueza destacó que “no alcanza” a “entender qué legitimación o interés legítimo tiene la asociación Jiménez de Asúa para solicitar la declaración judicial de disolución” de Transparencia Urbanística y, de hecho, al rechazar su legitimación, ni siquiera entró en el fondo de la demanda.

Jiménez de Asúa aludió al derecho de asociación recogido en la Constitución Española, que estipula que son ilegales “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos”, recalcó que las asociaciones “deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad” y concluyó que “se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar”.

La jueza destacó la “enjundia” de la pretensión de Jiménez de Asúa, puesto que quien apela a la Constitución no es “un miembro de la asociación” Transparencia Urbanística, sino otra entidad “ajena” al colectivo, que alegó una “vulneración en el derecho de asociación” a pesar de no formar parte de la misma. Para la jueza, el objetivo de Jiménez de Asúa resulta “inadecuado o improcedente”.

En ese sentido, la jueza advirtió de que ni siquiera iba analizar las pretensiones de Jiménez de Asúa, que además criticó que fueron “expuestas de una manera farragosa e incomprensible”. Así, acogió totalmente la solicitud de Transparencia Urbanística, que argumentó que Jiménez de Asúa carecía de legitimación y que no procedía entrar al fondo de la demanda.

El polémico historial de Jiménez de Asúa

La demanda de Jiménez de Asúa se interpuso en diciembre de 2016 y el juicio se celebró en el mes de septiembre del año pasado. Contra el último auto del Juzgado cabe solo interponer un recurso de queja, con nulas posibilidades de prosperar.

El historial de Jiménez de Asúa en Lanzarote está vinculado a la polémica. La asociación Jiménez de Asúa se creó en julio de 2015 en Las Palmas de Gran Canaria aunque toda su actividad se centra en Lanzarote. A pesar de que quiere ejercer la acusación popular, no se ha presentado públicamente y en los casos en los que se ha admitido su personación, tampoco la ejerce.

En el caso Unión, se personó en una pieza con la instrucción terminada y pidió la nulidad del auto de apertura de juicio oral, lo que retrasaría todo el caso y la celebración de juicio. Fue expulsada porque no tenían acreditados los requisitos objetivos para ser parte del proceso ni habían trasladado su acta fundacional ni estaba claro su interés legítimo ni sus fines.

Juan Alberto Rubio, abogado de Jiménez de Asúa.

La jueza Silvia Muñoz señaló sobre esta asociación que usaba la acusación popular de modo torticero, "desdibujando los límites para los que fue concebida". Jiménez de Asúa recusó a la juez instructora del caso Unión y también se querelló contra el juez Pamparacuatro, pero la querella fue archivada y se les impuso una multa de mil euros por mala fe.

El Ministerio Fiscal viene advirtiendo al menos desde el año 2015 de que esta asociación podría estar intentando entrar en la causa como un "caballo de Troya" con "intereses bastardos" y, sobre su personación en el caso Unión, afirmó que "si no es un abuso en el ejercicio de la acción popular, se le parece".

En defensa de los acusados

El letrado de la asociación Jiménez de Asúa, Juan Alberto Rubio Ortega, insistió en el juicio hasta en tres ocasiones en que Transparencia Urbanística está creando alarma social porque pide penas de cárcel de hasta 21 años, en referencia a la pena que solicita para Juan Francisco Rosa en el caso Stratvs, y que también solicita "el cierre de instalaciones", por la misma bodega.

Además de la censura a la actuación de Jiménez de Asúa por parte de la Fiscalía y los tribunales en los casos citados, Transparencia Urbanística también ha destacado que la asociación que intentó sin éxito su disolución ha sido “útil” a los “intereses” de acusados en casos de corrupción como los empresarios Luis Lleó y Juan Francisco Rosa o el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero.