El denunciante del caso La Bufona y propietario de terrenos en esa urbanización, Gonzalo Murillo, ha vuelto a denunciar que la Gerencia regional del Catastro acaba de cambiar, otra vez, la titularidad de los terrenos donde se asientan las casas y a inscribirlas en una calle inexistente: Chubasquillo, en lugar de Chabusquillo, que es su nombre original.

Es la segunda vez que ocurre lo mismo. En 2008, la Dirección provincial del Catastro cambió la titularidad a favor de los dueños de esas viviendas sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo, y también cambió el nombre de la calle.

Murillo recurrió y tanto el Ministerio de Economía, primero, y los tribunales después, le dieron la razón. El ministerio destituyó al Director del catastro, Jesús Hernando, alegando que para ese cambio de titularidad no existía expediente y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló hace tres años la inscripción de las viviendas en el Catastro a nombre de los compradores, pero la sentencia no se ejecutó hasta mayo del año pasado, después de que Murillo pusiera los hechos en conocimiento de la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias.

Esa sentencia decía que se había hecho el cambio de titularidad al margen de todo procedimiento y que en lugar de adecuar el registro catastral a la realidad, se creó "artificiosamente una realidad nueva".

Considera que se ha hecho un alta catastral de forma arbitraria y que se ha iniciado el procedimiento sin dar audiencia 

En esta ocasión, Murillo, en un escrito dirigido a la Delegación de Economía y Hacienda de Canarias, considera que se ha hecho un alta catastral de forma arbitraria y que se ha iniciado el procedimiento sin dar audiencia a su familia, como interesada. También dice que se vencido el plazo de seis meses para notificar la resolución, que se tomó en diciembre y se ha notificado el 3 de julio.

Por otro lado, también denuncia que el gerente regional del Catastro tiene pleno conocimiento de que se está produciendo una ilegalidad "evidente, patente, flagrante y clamorosa".

Destaca, igualmente, que el año pasado ya se hizo una alteración catastral de la casa de la presidenta del PP insular, Astrid Pérez, y que actualmente todo el suelo de esa casa, incluida la franja de terreno rústico que ocupa, aparece catastrado como de uso residencial, mientras que en las otras 13 casas en idéntica situación, esa franja aparece como de uso agrario.