Sea cual sea el resultado, el asunto ya no tiene marcha atrás. El Consorcio del Agua había iniciado la resolución del expediente y el secuestro del servicio, como medida cautelar, para finalizar la relación contractual con Canal Gestión Lanzarote por incumplimientos graves. Pero el primer lunes de junio, aprobó revertir el servicio, pedir la cooperación administrativa de los ayuntamientos y tomar directamente el mando del ciclo integral del agua.

Canal Gestión ha dejado de prestar servicio en Lanzarote, aunque su sombra seguirá estando muy presente para el futuro de la Isla. La empresa hizo lo que era previsible: solicitar la resolución del contrato pero por incumplimientos graves atribuibles al propio Consorcio, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla.

Obviamente, todo se va a resolver en los tribunales, pero mientras llega esa decisión hay que seguir produciendo, distribuyendo, depurando y vendiendo agua. Al menos de forma temporal será el Consorcio quien asuma de forma directa el servicio. Estas son algunas de las claves de la situación.

El servicio. “Lo que viene ocurriendo estos días confirma la necesidad urgente de intervenir el servicio para empezar a reconstruir un sistema abandonado durante años”, decía a finales de mayo el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort.

Se refería a que un módulo de la planta desaladora Lanzarote V había estado parado durante una semana, sin producir agua, y empeorando el servicio, ya de por sí precario. Este año también estuvo parada, por otro fallo, la planta de Janubio, que funciona a dos tercios de su capacidad.

Un informe del gerente del Consorcio se quejaba del mal funcionamiento de la producción, con 20 paradas en los últimos tres meses y con la desaladora Lanzarote IV con acceso restringido por problemas de mantenimiento de los equipos. Algunos fallos se deben a la instalación eléctrica, que se encuentra en un estado deplorable.

Además, está pendiente de licitación la instalación de un nuevo bastidor de producción de 10.000 metros cúbicos para la planta Lanzarote III, por siete millones de euros, y la rehabilitación del bastidor cuatro de la planta Lanzarote IV por otros dos millones, pero las licitaciones van muy lentas. Tampoco se han cambiado las 5.000 membranas que se han comprado para las desaladoras a pesar de que llegaron a Lanzarote el verano pasado.

Los cortes de agua siguen siendo la noticia diaria en muchos pueblos de la Isla. El Consorcio alega que no se dispone de un stock de piezas y repuestos básicos de los equipos esenciales. Las pérdidas en red siguen siendo de más del 55 por ciento. Se ha adjudicado el contrato marco destinado a obras de renovación, ampliación y mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, pero es insuficiente.

Quien gestione el agua va a tener que hacer frente a inversiones millonarias

En los últimos años solo se han puesto algo más de diez kilómetros nuevos de tuberías en servicio, cuando la red tiene unos 1.500 kilómetros y hace falta una renovación casi total. Dos tercios de las redes tienen una antigüedad mayor de 40 años. La situación no es buena y no parece que se vaya a solucionar de manera repentina. En lo único que hay consenso es en que la situación es mala. A partir de ahora, la responsabilidad, sin duda, será del Consorcio, pero la pelea consiste en quién ha tenido la culpa hasta llegar a esta situación.

Retirada de la imagen de Canal Gestión de las instalaciones de la central de Punta de los Vientos.

Lo que dice el Consorcio. El Consejo Consultivo de Canarias avaló, con un dictamen, la postura del Consorcio y facilitó la resolución del contrato. Era lo previsible. Es un espaldarazo para las decisiones del Cabildo pero el dictamen, que firma Alfredo Belda, un exdiputado de Coalición Canaria, no es vinculante.

El dictamen considera acreditados incumplimientos “graves, estructurales y sistemáticos” en la prestación del servicio público y señala que la causa principal y prioritaria es el incumplimiento del plan de explotación y de la obligación esencial de garantizar un servicio regular y continuo de abastecimiento de agua.

Hay que actualizar las tarifas para que sea viable, en manos públicas o privadas

Menciona algunas de las principales deficiencias: falta de medidas eficaces de mantenimiento, ausencia de sistemas adecuados de control y seguimiento de la red, no ejecutar actuaciones de sectorización, la inexistencia de un plan efectivo de detección de fugas y la insuficiente implantación de herramientas de innovación y gestión. El Consorcio sostiene que Canal solo invirtió en los cinco primeros años de la concesión 32 de los 54 millones de euros prometidos.

Los incumplimientos se pusieron sobre la mesa en un informe del gerente del Consorcio que sostiene que las deficiencias afectan a todos los procesos del ciclo integral del agua: la desalación, la distribución, el saneamiento, la depuración y la reutilización. Además, argumenta que esa situación se debe a los incumplimientos contractuales que no ha asumido la empresa madrileña, como la falta de mantenimiento, la organización de medios, la gestión de infraestructuras críticas y la continuidad del suministro.

El gerente del Consorcio, Fernando Fernández, apunta que los continuos cortes de suministro son un patrón estructural y no incidencias aisladas: “una respuesta preconcebida” ante un sistema que ha agotado su flexibilidad. El informe asegura que los incumplimientos esenciales ya habían sido advertidos desde agosto de 2024 y que después la situación no solo no se ha corregido, sino que ha seguido agravándose.

Lo que dice Canal. Canal Gestión anunció que “tras más de 12 años prestando el servicio en un escenario de hostilidad jurídica y técnica”, había decidido solicitar la resolución de contrato, pero por causas imputables al Consorcio, “por incumplimientos críticos y sistemáticos”. Canal sostiene que el Consorcio se comprometió por contrato a ejecutar y financiar unas inversiones valoradas en 78,7 millones de euros, que no ha llevado a cabo, y que el canon inicial de 50 millones que aportó no se gastó en la renovación y ampliación de sus infraestructuras hidráulicas, “como habría sido lógico habida cuenta de su deficiente estado de conservación inicial”.

Además de la falta de inversión, alega en su favor el bloqueo en la subida de las tarifas, que se tenían que haber actualizado cada año a partir de 2017, y no se suben desde 2011. También señalan que el Consorcio ha impuesto modificaciones contractuales, “incluidas órdenes de obras de carácter unilateral que han alterado de forma arbitraria las condiciones esenciales de la adjudicación”.

Toma de posesión del servicio por parte de los responsables del Consorcio.

En los últimos años solo se han puesto algo más de diez kilómetros nuevos de tuberías

Canal considera que el secuestro –la idea inicial, aunque luego se optó por la reversión del servicio tras la resolución del contrato- carecía de “cobertura legal” en el marco de un procedimiento de resolución contractual, además de que los motivos no eran suficientes y la medida no era proporcional.

Expuso cuatro motivos: falta de cobertura legal, falta de justificación del periculum in mora, el incumplimiento del procedimiento y la falta de concurrencia de los requisitos materiales de la intervención; en particular la inexistencia de una perturbación grave, así como el carácter excesivo e indeterminado del alcance.

Consideró que no se daba una “urgencia inaplazable” que legitimase la intervención y que el Consorcio debería acreditar que hay un riesgo cierto, objetivo y actual: un peligro inminente para el servicio.

Ofreció sus argumentos de por qué no es así: relata que en octubre de 2024, el Consorcio seguía insistiendo en que un tercero asumiera la ejecución de nuevas obras e inversiones, una posibilidad que se acabó desestimando, y que en abril de 2025 tampoco se planteó adoptar una medida cautelar de intervención.

Incluso en octubre optó por suspender el procedimiento de resolución durante tres meses para intentar llegar a un acuerdo con otra empresa, y dice que esta suspensión, por sí sola, resulta incompatible con la existencia de una situación de perturbación grave e inaplazable del servicio.

Canal sostiene que el Consorcio no ha hecho inversiones por 78,7 millones de euros

La empresa madrileña apunta que el Consorcio no acredita las actuaciones concretas que se desplegaron respecto a los mecanismos de control, qué incumplimientos específicos fueron requeridos ni en qué medida habrían resultado insuficientes para haber llegado a esta situación.

Así, considera que se deben identificar de forma concreta las deficiencias que se imputan y una secuencia de actos que permita conocer con precisión qué se le exigía, en qué plazo y con qué consecuencias. Lo que dice la empresa, en definitiva, es que antes de tomar esta decisión, lo lógico hubiera sido que se fueran tomando decisiones de forma gradual: que se reclamaran las inversiones no ejecutadas y que se impusiera algún tipo de penalidad.

El futuro. Es difícil aventurar cuál va a ser la resolución a largo plazo, porque será una batalla judicial larga. El Consorcio asume el servicio de forma directa, tanto la plantilla como las infraestructuras, designando interventores “con capacidad decisoria y accediendo a todos los recursos operativos y económicos de Canal Gestión”, según explicó el propio Consorcio. “La intervención del servicio viene avalada, además de por la necesidad y el sentido común, por informes técnicos y jurídicos”, apuntó el consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas.

El agua, o su futuro, será objeto de promesas electorales y quizá de reivindicación política

Esta debería ser una etapa transitoria, que también se podría convertir en el modelo definitivo, pero que podría servir para que se prepare un nuevo concurso para cedérselo a otra empresa, o bien se busque una gestión público-privada con una empresa mixta, como la que existe en Las Palmas de Gran Canaria, o se cree de nuevo otra sociedad instrumental, si bien, por la experiencia de Inalsa, esta solución no concita muchos apoyos.

Lo más probable es que el Cabildo pueda permanecer en esa situación transitoria, sin tomar esta decisión, hasta agotar el presente mandato, en mayo de 2027. El agua, o su futuro, será objeto de promesas electorales y quizá de reivindicación política si es que con el nuevo modelo se puede revertir de alguna manera la situación, algo poco probable dada la precariedad del servicio y la cantidad de inversiones que se necesitan, que no se ejecutarán en el plazo de un año. Así pues, la decisión definitiva sobre el futuro del agua la tomará otro grupo de gobierno, en el que podrán estar algunos de los actuales gobernantes, o no.

En cualquier caso, quien gestione el agua va a tener que hacer frente a inversiones millonarias no solo para cambiar las redes, sino para culminar los depósitos y para hacer frente al gran problema oculto del ciclo integral, que es el saneamiento. No solo habrá que buscar la financiación, sino que deberán ser ágiles en su respuesta. Lo que también va a ser inevitable es la subida de las tarifas, congeladas desde 2011. Ni en manos privadas ni en manos públicas puede ser viable la empresa si no se actualizan las tarifas. De hecho, es el motivo principal por el que finalmente no se llegó a un acuerdo para que otra empresa asumiera el servicio.

Imagen de archivo de una rotura de tubería.

Consecuencias. El consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, afirmó durante un pleno de la Asamblea de Madrid que se van a defender con todas sus armas jurídicas “tanto en la vía administrativa y, si hace falta, en la vía penal, para poder recuperar toda esa inversión que sí que ha hecho Canal en Lanzarote”.

Esta es una de las consecuencias, en este caso personales, para los máximos responsables del Consorcio, que puede influir en las decisiones que tomen en el futuro. Pero si finalmente sí opta por la vía penal, no será, ni de lejos, el único pleito, y el resto puede afectar de manera más gravosa a la población general.

Canal ha metido en sus cuentas más de 40 millones de deuda tarifaria del Consorcio

De momento ya hay un pleito en marcha por la subida de la tarifas, o mejor dicho por la no subida. En realidad son seis procedimientos judiciales distintos. Canal reclama ya más de 40 millones de euros y la cifra sube, no solo porque se sume un año más sin actualizarlas sino por los intereses. La empresa tiene tal confianza en que va a ganar que ya ha incorporado esa cantidad como un activo a sus cuentas, y el resultado de 2025 le da más de 27 millones de beneficios.

Tanto Canal como el Consorcio presumen de que han ganado en los tribunales el mismo caso. El Cabildo, porque dice que ha cumplido lo que decía la sentencia, que consistía en llevar el procedimiento a la Comisión de Precios de Canarias, que no permitió la subida, y la empresa porque el fallo le daba la razón, aunque no fijara una cantidad líquida a satisfacer. La ejecución de la sentencia aún puede inclinar la balanza hacia el lado de Canal sin que se suban las tarifas pero exigiendo al Consorcio que pague a la empresa madrileña el dinero que reclama.

El pleito principal, que con seguridad se entablará contra la resolución del contrato por parte del Consorcio, puede acabar con una buena noticia o con un nuevo desastre, de proporciones mucho mayores que el concurso de acreedores de Inalsa, cuya deuda solo era de 38 millones de euros en el momento de su intervención y que fue el argumento para privatizar el servicio señalando que no había dinero para afrontarla.

Si gana el Consorcio, todo bien, excepto para los contribuyentes madrileños, que habrán perdido en la aventura lanzaroteña unos 200 millones de euros si se suman los 110 iniciales y los cerca de 80 en pérdidas de explotación en estos 13 años. Si pierde, la cantidad a pagar puede hipotecar seriamente el futuro del ciclo integral del agua de Lanzarote.