La tercera jornada del primer juicio del caso Unión ha dado el relevo a los testigos citados por parte de la Fiscalía. Durante toda la mañana, el Ministerio Público ha intentado demostrar, a través de sus testimonios, que no existe expediente en la contratación de Batllori ni en el Ayuntamiento de Arrecife ni en Inalsa.

Las defensas, por su parte, han incidido en las posibles contradicciones de los testigos, en desviar la responsabilidad hacia el ex concejal de Hacienda José Miguel Rodríguez, en el caso del Ayuntamiento, o que se podía tratar de un contrato menor. En el caso de Inalsa pretendieron  justificar que se podía ser asesor sin tener contrato de ningún tipo, además de intentar sembrar la duda de que la UCO se pudo llevar el expediente. En Inalsa, sin embargo, no hubo registro policial y tampoco hay expediente.

La única fricción entre las defensas ha ocurrido en el momento en que la abogada de Luisa Blanco ha renunciado a que declaren como testigos el interventor y el tesorero del Ayuntamiento. La defensa de Batllori se ha opuesto a la retirada de este testigo, pero tras un receso, y después de que hablaran ambos abogados, también ha renunciado. La declaración de varios trabajadores municipales apuntaba al interventor como funcionario clave para autorizar los pagos a Batllori.

Durante la jornada han declarado dos alcaldes: el ex primer edil de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, que lo era en el periodo que se investiga (marzo de 2008 a febrero de 2009) y el actual, Manuel Fajardo Feo. Pérez Parrilla ha señalado que no contrató a Batllori y que no delegó su contratación, “que es indelegable”. Dijo que los concejales del PIL no le advirtieron de que hacía falta un asesor ni le dijeron que lo era.

“Asesor del Ayuntamiento, desde luego que no era”, dijo, así como que tampoco vio en el Ayuntamiento ni a Batllori ni ningún trabajo que hiciera. También señaló que “pagar a un asesor con fondos públicos para que trabaje para un partido político no es lo regular”.

Por su parte, el actual alcalde tan sólo declaró que decidieron personarse como perjudicados por si se habían visto alterados los intereses municipales y que, por lo que ha podido saber, no hay contrato ni documento alguno sobre Batllori.

Asimismo, declaró la concejal Emilia Perdomo, antigua íntima de Dimas Martín, hoy fuera del PIL en el grupo de no adscritos, y que en la Sala ni se cruzó la mirada con el fundador de los insularistas. Perdomo dijo que a Batllori lo presentó María José Docal en una reunión a la que ella no acude y que a su departamento no le asesoró.

“Asesor del Ayuntamiento, desde luego que no era”, dijo el ex alcalde Enrique Pérez Parrilla

Aseguró que Luisa Blanco le comentó que Batllori estaba asesorando sobre la Relación de Puestos de Trabajo y que no recuerda haber oído hablar de Batllori en las reuniones con los concejales del PIL que se celebraban los lunes.

La defensa de Batllori intentó demostrar que ella también podía contratar sin la firma del alcalde porque tenía autorizados pagos por 200.000 euros como concejal en esa época, y que ella contrató a otras personas cuya única relación con el Ayuntamiento era la presentación de las facturas.

También quiso saber si el fiscal y la anterior jueza del caso la habían presionado para su declaración en 2012 y contestó que nunca se sintió presionada. Perdomo negó, como sostiene la defensa, que Batllori hiciera un asesoramiento para la formación de los trabajadores municipales en cuanto a la ayuda a domicilio, algo que corroboró otro de los testigos, un técnico del departamento.

Sin contrato

Cuatro funcionarios del Ayuntamiento prestaron declaración como testigos: Sheila Aguiar, del departamento de contratación, Pilar Machín y Asenet Padrón, que fueron secretarias municipales, y Carmen Villaverde, del departamento de intervención.

En líneas generales, lo que declararon es que en el Ayuntamiento no consta expediente sobre la contratación de Batllori ni documentos que justifiquen el trabajo realizado. Además explicaron los pormenores del procedimiento de contratación y pago de facturas o servicios en el Ayuntamiento.

Durante las declaraciones de estos testigos, las defensas señalaron que ni el Interventor ni el Tesorero pusieron reparos a los pagos, por lo que entienden que la contratación estaba hecha de forma adecuada. La Fiscalía intentó destacar que la contratación verbal está prohibida y que un asesor se contrata por decreto de alcaldía.

El único documento que relaciona a Batllori con el Ayuntamiento son las facturas que presentaba él mismo. La técnico de Intervención, Carmen Villaverde, dijo que las facturas no hacen referencia a ningún contrato y que para haberse pagado tenía que haber existido un expediente contable.

Inalsa

Andrés Barreto, ex concejal de Arrecife, declaró como testigo y como denunciante, ya que llevó a Fiscalía las facturas que Batllori pagó a Inalsa. Dijo que se las dio un miembro del comité de empresa, Miguel Ángel Figuera, e insistió en que según la información de los trabajadores, Batllori no hizo trabajo alguno en Inalsa, y menos como asesor para cursos de formación porque los cursos los decidía el comité de empresa. Barreto señaló que Inalsa tenía asesores de sobra, también en materia laboral. “Había cargos políticos y bien remunerados para asesorar a la empresa”, aseguró.

“Había cargos políticos y bien remunerados para asesorar a la empresa”, aseguró Barreto

Juan Manuel González, del departamento de administración de Inalsa, dijo que quienes autorizaban el pago de facturas a Batllori, por 26.000 euros en un año, y quienes las hicieron llegar a su departamento fueron los acusados Plácida Guerra y Rafael Elorrieta y que las facturas era el único documento que relacionaba a Batllori con Inalsa ya que no hay expediente de contratación. “No me comentaban que Batllori trabajara para Inalsa”.

El fiscal insistió que en algunos de los conceptos por los que facturó Batllori, como el asesoramiento al Plan de viabilidad, ya se pagaban a otra empresa y que parecía haber duplicidad en el pago. Finalmente, Esteban Cabrera, que representó a la empresa de aguas en los tribunales durante trece años, señaló que no tenía contrato hasta que llegó la administración concursal, y que hasta entonces cobraba por facturas presentadas.

Sesión de tarde

Por la tarde ha declarado María José Docal, consejera del PIL en el Cabildo, quien indicó que ella convocó una reunión de los concejales del PIL con Batllori para presentarlo a instancias de Dimas Martín.

También prestó declaración Roberto Acuña, contratado como asesor de recursos humanos de Inalsa. Batllori asegura que se le contrató verbalmente también para asesoramiento laboral. Acuña declaró que Batllori le recomendó llamar a la patronal Femepa para celebrar unos cursos y que le acompañó a una reunión en Las Palmas.