En el pleno de septiembre del Ayuntamiento de Teguise se aprobó, por unanimidad, una propuesta de la Concejalía de Sanciones relacionada con una sanción por las riñas de gallos en el municipio.

La propuesta incluía la desestimación de las alegaciones de los denunciados, entre ellas las del presidente de la Asociación Cultural y Deportiva Club Gallera de Teguise, pero se suspendía el trámite del procedimiento municipal por prejudicialidad penal, ya que el asunto está en manos de los juzgados después de que, en mayo de 2025, el propio Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Bienestar Animal, remitiera el expediente inicial a Fiscalía por indicios de un presunto delito de maltrato animal. El caso lo tramita en estos momentos un juzgado de instrucción de Arrecife.

Otra de las medidas acordadas fue el cese inmediato de toda práctica de descreste y amputación de barbillas, orejillas, rasurado lesivo o cualquier otra intervención física “no justificada sin control, justificación y documentación veterinaria individualizada” en todos los gallos alojados en esa gallera de la Villa de Teguise.

La medida afecta a todos los animales que hay en ese recinto, alrededor de una centena, tanto a aquellos que ya presentaban signos de haber sufrido estas prácticas como a aquellos otros que puedan encontrarse “en situación de riesgo”. De igual manera, entre las medidas adoptadas está la solicitud al servicio veterinario de que lleve a cabo una nueva inspección y que identifique a cada ejemplar mediante anilla, marca identificativa, fotografía, ubicación en la jaula o cualquier otro medio disponible.

La medida, sin embargo, no clausura la gallera ni prohíbe esta actividad, la de las peleas de gallos, aunque no es el primer expediente que se abre en los últimos años a esta gallera por los mismos motivos. Se señala, no obstante, que cualquier intervención futura de estas características “solo podrá realizarse cuando concurra informe veterinario individualizado previo”.

En el decreto inicial que da lugar a la apertura del expediente sí se consideraba que el cierre de las instalaciones sería una medida “idónea, necesaria y proporcionada para evitar la continuación de los efectos lesivos investigados”, aunque también otorgaba un trámite previo de audiencia para que los denunciados formularan alegaciones.

El expediente establecía la multa en 1.350 euros por una infracción grave, considerando que había agravantes debido al elevado número de animales afectados, el carácter permanente e irreversible de las lesiones y la persistencia de la práctica constatada.

La Ordenanza municipal sobre tenencia de animales y protección animal de Teguise considera una infracción grave “la esterilización, la práctica de mutilaciones y el sacrificio de animales sin control veterinario o en contra de las condiciones y requisitos establecidos por la normativa vigente” y prohíbe practicar mutilaciones “excepto las controladas por veterinarios”.

Instalaciones de la Gallera de Teguise. Fotos: Adriel Perdomo.

Tradición

El asunto viene de lejos. Las riñas de gallos no están prohibidas, aunque no se pueden fomentar ni subvencionar por parte de las administraciones. La Ley de bienestar animal de Canarias de 1991 prohíbe la utilización de animales en peleas, pero el artículo 5.2 contempla las excepciones. Podrán realizarse peleas de gallos “en aquellas localidades en que tradicionalmente se hayan venido celebrando” siempre que cumplan con unos requisitos: que se prohíba la entrada a menores de 16 años, que el recinto sea cerrado y que esas casas de gallos o instalaciones donde se celebren tuvieran al menos un año de antigüedad en el momento de la entrada en vigor de la Ley, “salvo las que se construyan en sustitución de aquellas”.

El veterinario concluye que persisten las mismas prácticas ya comprobadas

En Teguise se hacían las peleas en el Complejo Agroindustrial hasta que cerró, ya que era una instalación municipal, y ahora hay unas dependencias en la Villa, las de este club. La Plataforma No a las peleas de gallos en Lanzarote denunció en el año 2016 que se había puesto en marcha ese mismo año y que, por tanto, no existía cuando se aprobó la Ley en el año 1991, así que quedaría fuera de la legalidad.

Desde entonces ha recibido varias inspecciones y denuncias. El Seprona de la Guardia Civil incoó un expediente en el año 2017, que no prosperó, pero después hizo varias inspecciones a partir del año 2023. La Federación Gallística Canaria y la Asociación Cultural y Deportiva Club Gallera de Teguise llegaron a denunciar a la sargento del Seprona de Lanzarote por las inspecciones realizadas en el año 2023 por una larga serie de delitos que fueron archivados. Otra inspección, en el año 2024, dio lugar a este expediente municipal y a su pieza separada sobre estas medidas cautelares.

La concejal decretó el inicio del expediente sancionador después de esa visita del Seprona, que constató la presencia de 110 gallos alojados en jaulas individuales, algunos de ellos con amputaciones aparentes de crestas, barbillas y otras partes y prácticas.

Con la apertura del expediente, el Ayuntamiento requirió a la gallera la documentación veterinaria correspondiente y comprobó que existía certificación válida para algunos animales, pero que no había documentación suficiente para justificar todo lo observado por los agentes. El Ayuntamiento va solicitando acciones e incorporando documentos al expediente, como dos informes veterinarios emitidos por Gesplan, un informe técnico del veterinario municipal y, finalmente, un informe técnico municipal de febrero de 2026.

El primer informe veterinario ya asegura que hay “un número elevado de animales con resecciones o amputaciones de crestas, barbillas y orejillas, con afectación potencial de funciones fisiológicas y con incremento de sensibilidad frente a temperaturas extremas, sin que la documentación aportada permita, en esta fase inicial, reputar acreditada una justificación veterinaria individual, suficiente y trazable respecto de la totalidad de las intervenciones observadas”.

En junio de 2025 se hace una nueva visita de inspección, por parte de otro veterinario, en la que se informa de nuevo que hay indicios de que se hacen este tipo de prácticas y existe “una dinámica de manejo de animales no acompañada de acreditación suficiente de control veterinario individualizado respecto de las intervenciones corporales detectadas”.

El informe técnico municipal, de febrero de 2026, finalmente concluye que la amputación parcial de crestas y barbillas constituye una pérdida funcional definitiva para los animales, que su “resección en ausencia de anestesia, analgesia y supervisión veterinaria adecuadas compromete severamente el bienestar animal” y que “la persistencia de animales jóvenes no intervenidos en la instalación, unida a los indicios previos constatados, permite apreciar un riesgo relevante de reiteración de la actividad de descrestado si no se adoptan medidas de control adecuadas”.

Ese informe técnico municipal confirma, por una parte, que se trata de una raza ganadera oficialmente reconocida y de “animales de producción” y, por otra, que no toda intervención sobre los gallos es ilícita, ya que admite que el descreste puede ser un “acto clínico admisible cuando es individualizado, está documentado y se practica bajo control veterinario con anestesia y seguimiento”. “Lo reprochable no es la intervención veterinaria controlada, sino la mutilación sin control veterinario y sin justificación”, dice el informe.

De oro

Esa visita de comprobación a las instalaciones coincide con el evento conocido como El pollito de oro y el informe señala que hay unas 100 personas que asisten y se constata nuevamente que “todos los gallos participantes presentan descreste y otras mutilaciones, junto con otras prácticas observadas en informes anteriores”, que de nuevo podrían ser constitutivas de un presunto delito de maltrato animal. “Los animales han sido atusados, es decir, se les ha retirado parcialmente el plumaje, y presentan aplicación de ungüentos de elaboración casera con el objetivo aparente de intensificar la coloración rojiza en determinadas zonas corporales”, añade el informe.

En el decreto inicial se consideraba el cierre como una medida “idónea”

Además, durante la inspección se observan varios animales muertos “presumiblemente como consecuencia de las peleas, así como otros ejemplares visiblemente afectados, ubicados en una zona de recuperación alejada del reñidero”.

El veterinario Narciso Bueno solicitó en esa visita la documentación obligatoria, como es el Libro de registro de explotación (con las entradas y salidas de animales), el registro de tratamientos veterinarios, los productos empleados y el listado de los propietarios de los animales participantes, pero constata “la ausencia total de dicha documentación, como ya se había evidenciado en visitas anteriores, lo que supone un incumplimiento grave de la normativa vigente sobre sanidad animal, bienestar animal y trazabilidad”.

El veterinario concluye que persisten las mismas prácticas que en visitas anteriores y que son “difícilmente compatibles con el bienestar animal”. En el mismo sentido, constan en el expediente municipal dos informes de veterinarios de Gesplan que llegan a conclusiones muy parecidas respecto a las mutilaciones, aunque también señalan que las instalaciones son suficientemente amplias y confortables.

“Según dicen los presentes es una práctica habitual en los gallos de pelea para evitar el desangrado de éstos y porque la propia Federación Canaria lo exige para poder participar en las riñas, estas amputaciones suelen realizarse sobre el año de vida del gallo. Cabe mencionar que la Federación Gallística Canaria es una asociación de clubes privados, y por tanto las normas o reglamentos que pudieran emitir son acuerdos entre ellos, pero que carecen de validez legal”, apunta uno de estos informes sobre las prácticas realizadas a los gallos, que recoge las manifestaciones de los participantes en las peleas.

En el trámite de alegaciones, siete propietarios presentaron informes de un veterinario de Cádiz, pero otros informes consideran que no son consistentes y que incluso “cabría la posibilidad de que el veterinario incurriera en responsabilidades disciplinarias por incumplimiento del Código deontológico ya que estamos ante espectáculos basados fundamentalmente en el maltrato, sufrimiento y muerte de animales”.