Los técnicos de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, de la Consejería de Sostenibilidad, lo tienen claro: “el procedimiento de evaluación ambiental, la documentación técnica y la declaración de impacto ambiental” de las prospecciones petrolíferas autorizadas en Lanzarote y Fuerteventura están plagados de “carencias”.

Unas “deficiencias, contradicciones e incertidumbres que deberían haber hecho inviable la emisión de la autorización otorgada por resolución de 11 de agosto”, dictada por el Ministerio de Industria encabezado por José Manuel Soria.

En un informe que ha sido analizado este miércoles en el Consejo de Gobierno de Canarias extraordinario celebrado en Lanzarote se subraya que la resolución de Industria, que autoriza a Repsol a perforar hasta tres pozos petrolíferos “no subsana ninguna de las deficiencias” detectadas en el procedimiento y en la documentación.

Así, se subraya que el Gobierno español “dispuso de documentación relevante para la evaluación de impacto ambiental” de las perforaciones “y no se puso a disposición de las Administraciones públicas afectadas” ni de los ciudadanos en el periodo de información pública.

Además, el informe recalca que “la documentación ambiental presentaba deficiencias en cuanto al contenido mínimo exigido por la legislación vigente”, que “no fueran subsanadas” por Repsol.

Sin “respuesta” adecuada a “emergencias”

Los técnicos de la Consejería de Sostenibilidad hacen hincapié en que la documentación relativa “a respuesta en emergencias, riesgos, seguridad, salud y medio ambiente es absolutamente genérica” ante las “distintas situaciones y contingencias” que se pueden dar en las perforaciones.

En este sentido, en su resolución el Ministerio de Industria “se limita a fijar garantías financieras frente a responsabilidades” y deja en manos de Repsol “tomar toda clase de precauciones en prevención de daños o riesgos”, pero sin concretarlos ni especificarlos.

A juicio de la Consejería de Sostenibilidad, se “vulnera el principio preventivo” recogido en la legislación europea sobre impacto ambiental y solo se toman “medidas paliativas que ni siquiera se definen previamente y por lo tanto no se puede valorar su eficacia”.

“Análisis incompleto” de los sondeos

Por otro lado, el informe resalta que de los tres pozos autorizados, el “único” que ha sido objeto de análisis técnico y ambiental, pero “incompleto” y “obsoleto”, porque se cambiaron sus “características”, es el denominado Sandía.

La Consejería apunta que tras la publicación de la declaración de impacto ambiental se introdujo una “actuación novedosa”, consistente “en la ejecución de dos pozos de auxilio para la reducción del riesgo en caso de erupción”.

Sin embargo, añade el informe, no se concretan los detalles de cómo se harían a pesar de “la compleja planificación que exige este tipo de pozos”.