El Consorcio del Agua de Lanzarote ha iniciado un expediente para resolver el contrato de la concesión del agua en la isla, que gestiona en estos momentos Canal Gestión Lanzarote, filial de la madrileña Canal de Isabel II, que tiene contrato en vigor hasta el año 2043. El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, no ha aclarado si ya ha decidido si, cuando finalice el expediente, la gestión del agua va a volver a manos públicas y, en ese caso, de qué manera: si va a haber un nuevo concurso para que siga en manos privadas o si se va a optar por una empresa mixta.

El Consorcio considera que Canal incumple el contrato, entre otros motivos, porque no reduce las pérdidas de agua en red, porque no ha cumplido con el plan de inversiones previsto y porque subcontrata servicios, como el saneamiento, que no eran delegables.

Hasta ahora ha presentado un informe jurídico preliminar y falta que dé a conocer los informes técnicos para emitir la propuesta de resolución definitiva. Canal considera, por su parte, que “no existe grave perturbación del servicio”, que no se ha ocasionado ninguna infracción y que tendría derecho a una indemnización.

Ante esta situación de indefinición sobre el futuro del agua, Diario de Lanzarote se ha puesto en contacto con varios expertos en los procesos de remunicipalización del agua que abogan por la gestión pública.

Gonzalo Marín es portavoz de la Red Agua Pública, un espacio que aglutina a diferentes movimientos sociales, instituciones y personas que promueven una visión del agua como bien común. Una vez que se culmine el expediente de resolución del contrato, señala los pasos que hay que seguir.

La Ley de Bases de Régimen Local obliga al Consorcio a realizar un informe, un estudio realizado o avalado después por Intervención, que acredite cuál es la mejor forma de gestión del servicio. El estudio debe determinar cuál es la forma más “eficiente y sostenible”: directa, directa a través de una sociedad mercantil o una EPEL, indirecta o mixta. El estudio debe valorar los pros y contras de cada una. “Pero es importante tener en cuenta una cosa, y es que el abastecimiento y el saneamiento se consideran como derechos humanos, y ese debe ser un punto de partida y tenerlo siempre en cuenta”, añade Marín. “Tiene que primar una gestión que esté de acuerdo con estos principios, y hay doctrina suficiente que avala que la gestión pública es la más adecuada para cumplirlos. Los derechos humanos deben jugar un papel relevante”.

Eulalio Ávila es secretario e interventor-tesorero de Administración Local de categoría superior. Actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y es uno de los autores del Manual de remunicipalización de los servicios públicos de agua. Asegura, en este sentido, que se debe seguir el camino que marque ese estudio, pero que “es complicado que pueda ser más eficaz o más sostenible económicamente a través de una empresa privada, porque si lo gestiona la administración pública no tiene que pagar el IVA”. En este caso, el IGIC.

Después del estudio, Marín dice que hay que distinguir dos ámbitos: el institucional, donde el Cabildo debe jugar un papel importante y donde es necesario tomar un acuerdo plenario para que el agua vuelva a ser pública, e incluso previamente formar una comisión con los diferentes grupos políticos que estudie ese informe; y después el ámbito ciudadano. “Cualquiera que sea el cambio, debe haber participación y transparencia. Si hay empuje social es más fácil, y si hay convencimiento político también”, asegura.

Sobre si la subrogación de los trabajadores es un problema para la remunicipalización, Ávila dice que la ley está clara: “Desde la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2022 está muy claro lo que hay que hacer”, señala. El Consorcio del Agua tiene que subrogar a los trabajadores con el mismo régimen y los mismos salarios que tenían. No se aplica la famosa regla de gasto, porque la subrogación no los convierte en empleados públicos, ni funcionarios ni personal laboral, sino en personal subrogado adscrito al servicio.

Comparación

La plataforma Aigua és Vida ha publicado recientemente un estudio en el que compara la eficiencia hidráulica de los municipios que tienen gestión pública frente a los que tienen gestión privada en Cataluña, basándose en las auditorías que los operadores están obligados a publicar ante la Agencia Catalana del Agua. “Todos los indicadores marcan que lo público tiene un rendimiento más elevado y con tarifas más baratas”, señala su portavoz, Dante Maschio. Tienen menos pérdidas en red: “Esto desmiente el argumento que siempre utilizan quienes privatizan para justificar las subidas tarifarias e invertir en mejorar las redes”. El agua es entre un 30 y un 33 por ciento más barata que donde hay gestión privada.

“Si hay empuje social es más fácil y si hay convencimiento político también”

“Esto también tiene que ver con el ahorro que supone no pagar ese margen de beneficio industrial, que luego se lo reparten entre accionistas. Y también tiene que ver con el mercado de licitaciones que están obligadas a acometer las empresas públicas, porque cuando hay gestión privada, todas las subcontratas siempre van a las empresas del mismo grupo, y eso al final encarece los servicios y supone un modelo de gestión menos transparente”, dice. “Aunque lo público a veces es más lento, es más transparente, y eso lo hace más fiscalizable desde un punto de vista social”. Maschio dice que el modelo de Lanzarote, con un consorcio que es supramunicipal, es más interesante “por la escala”, porque permite reducir costes.

Maschio habla de “garantizar la sostenibilidad económica del operador, revisar los ingresos, los gastos y la tarifa para que sea una tarifa que garantice, por un lado, la sostenibilidad económica del operador y, por otro, que fomente el ahorro, garantice el derecho humano al agua y al saneamiento y tenga en cuenta a la población en situación de vulnerabilidad económica”. También resalta que el operador debe contar con una planificación que le permita trabajar con ideas y proyectos a medio y largo plazo, teniendo en cuenta factores como la estructura de costes, los impactos del cambio climático o las directivas de agua potable o de aguas residuales.

Respecto al proceso de vuelta al control público, destaca que “lo más importante es que haya una convicción política que se crea el proyecto” y que “las campañas de presión ciudadana son claves para influir en las decisiones políticas”. Apuesta por promover “espacios de participación donde la ciudadanía tenga voz”, e incluso un observatorio ciudadano “para que las decisiones se tomen de forma conjunta y se eviten posibles conflictos”.

Heroicidad

Luis Babiano es gerente de AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Dice que el éxito del proceso de remunicipalización dependerá “como siempre, de la altura moral de nuestros políticos y de la presión social que se haga”. “En este país, remunicipalizar tiene algo de heroicidad porque, a pesar de que se reconoce que el agua es un servicio público, de titularidad pública, la externalización se hace básicamente para recaudar dinero y por causas que nada tienen que ver con el agua: para salvar sus cuentas o para hacer rotondas, pero no para invertirlo en el agua”, asegura.

En España hay tres ejemplos claros: Arteixo, Terrassa y Valladolid

Dice que hay que ser consciente de que es un camino largo y hay que estar preparado “y armar bien los argumentos para los tribunales”. “No se trata de hacer un discursito en un balcón: hace falta unidad política, social y empresarial, incluso”. “Si uno remunicipaliza, no es por un gusto ideológico, sino porque realmente es consciente de que el agua necesita muchísima inversión y va a apostar por un modelo público que incentive la economía y dé muchas oportunidades de inversión a empresas privadas”, añade.

Para Babiano, la privatización suele ser sinónimo de especulación. “Si dependemos de una industria altamente demandante de agua como es el turismo, si queremos garantizarnos el futuro vamos a tener que seguir una línea de inversión continua. Pero si has privatizado el agua y ese dinero lo dedicas a cosas que no tienen nada que ver con el agua, se produce todo lo contrario: una desinversión”, destaca.

Asegura que la tendencia mundial es la remunicipalización. “Se ha remunicipalizado en todos los continentes del mundo”. En Estados Unidos se ha hecho en Atlanta o Indianápolis; en Europa, en París, Berlín o Budapest; y Londres estudia su vuelta a lo público después de varios expedientes a la empresa que gestiona el agua. En España hay tres ejemplos claros: Arteixo (Galicia), donde la empresa pedía una indemnización al Ayuntamiento y los tribunales determinaron la indemnización en sentido contrario; Terrassa (Cataluña) y Valladolid.

Babiano menciona la ‘ley Montoro’, “que prácticamente subrayaba la necesidad de privatizar el sector y que municipios como Valladolid, que remunicipalizaron el servicio, fueron denunciados por Hacienda”. “Valladolid no solo tuvo que sufrir las embestidas de la empresa privada, sino que vino una denuncia del Ministerio de Hacienda, que se personaba en una causa contra la remunicipalización del agua, aludiendo al artículo 85 de la Ley de Bases que él había modificado, y ahora vamos sabiendo algunas cosas más”. Un juzgado investiga el uso de un gabinete jurídico por parte del exministro que cobraba por permitir a los lobbies legislar en función de sus intereses.

Ejemplos

“La empresa mixta es la forma más perversa de privatización”

Dante Maschio dice que los casos de Terrassa y de Valladolid son muy interesantes por cómo hicieron la recuperación de la gestión directa y señala que después “incluso con cambios de color político en los gobiernos, no cambia la gestión”. Sobre una posible amenaza de indemnización millonaria, señala que puede que haya que pagar, pero puede que no. Destaca que en el proceso que se inició en Barcelona, no culminado, el gobierno municipal hizo un estudio, valorando bien los activos con los que cuenta la empresa, y consiguió bajar mucho la cantidad de la indemnización.

También señala que la empresa mixta “es la forma más perversa de privatización”, porque se acaba imponiendo el interés de la empresa privada. “La arquitectura de una empresa público-privada no garantiza que lo público se involucre en la gestión, menos aún cuando se la delegamos a grandes grupos privados”, dice.