Del grupo de 200 casas que constituyeron los primeros cimientos del barrio de Valterra, la primera barriada de Arrecife, las escrituras de 98 de ellas ya están a nombre de los que fueron sus inquilinos y hoy ya son sus propietarios. Quedan 102: 40 que eran de Garavilla, 10 de Ojeda, 20 de Rocar y 32 de particulares.

Las casas se entregaron en los años cincuenta. Las construyó el Instituto Social de la Marina (ISM) en suelo cedido por el Ayuntamiento. En los años sesenta se firmaron los contratos entre las conserveras y los trabajadores. A algunos se les descontaba la mensualidad directamente de la nómina y a otros no, pero en 1989 todas las casas estaban ya amortizadas.

Sin embargo, los vecinos siguen sin ser los propietarios legítimos. El primer escollo que tuvieron que pasar fue un pleito judicial entre la empresa que compró Garavilla, que pretendía quedarse también con las viviendas, y el ISM, que ganó la causa. Eso fue en 2017.

El pasado 9 de mayo se celebró una reunión en Las Palmas de Gran Canaria en la que participó la entonces alcaldesa Eva de Anta con representantes de la Delegación del Gobierno, del ISM y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Instituto se comprometió a ceder las viviendas a sus verdaderos propietarios, los marineros y trabajadores de las conserveras, y en la inmensa mayoría de los casos, sus herederos. Se adoptó, según el acta de esa reunión, la “solución más rápida”, la que concilia “el interés común y la tranquilidad de los vecinos”.

El Ayuntamiento de Arrecife alega que no tiene personal para llevar a cabo el traspaso de las viviendas, del Instituto Social de la Marina a los vecinos

Como la cesión del suelo fue municipal y los créditos han sido amortizados, la propuesta escogida fue la transmisión gratuita al Ayuntamiento para que éste, a su vez, trasmita las casas a los inquilinos.

De Anta se erigía en interlocutora y se comprometió a que el Consistorio corriera con los gastos. En el acta se refleja que la entonces alcaldesa aseguró que el equipo de trabajo del Ayuntamiento era “el más adecuado para conocer la situación de los posibles beneficiarios”.

Pero hace un mes, los vecinos se reunieron en el Ayuntamiento con la nueva alcaldesa, Astrid Pérez, y el criterio ha cambiado. Dicen los vecinos que no se quiere hacer cargo de la transmisión de las casas, que alega que debe ser el Gobierno central quien la haga, que el Consistorio no tiene competencias sobre vivienda y que no tiene personal cualificado para hacer frente a esa transmisión, además de que en el Ayuntamiento no se encuentra el expediente, a pesar de que  el director del ISM, José Julián Suárez, se trasladó en junio a la casa consistorial a firmar el acta de la reunión.

“El Ayuntamiento es la administración más cercana”, dice Antonio Betancor, portavoz de la asociación Mesa negociadora por las viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda, que recalca que lleva con esta lucha, con la de la inscripción de las viviendas, desde 1999, y que la corporación municipal sí tiene competencias en vivienda.

“Si no hay solución a las escrituras, los vecinos no van a salir de sus casas ni con ácido”, dice Lorena de la Cruz, presidenta de una asociación del barrio

Antonio Betancor dice que la asociación siempre ha ofrecido apoyo porque han hecho un trabajo de calle. “El Ayuntamiento ya tiene la mitad del trabajo hecho porque les cedemos nuestro archivo y ellos tienen el padrón histórico”, señala. “Algo raro debe haber porque si no, no se explica por qué no le meten mano a esto”.

De hecho, el Ayuntamiento impulsó en 2013 la declaración de las casas de Valtera y Titerroy dentro de un Plan estatal de vivienda como Áreas de Renovación Urbana (ARU) con un presupuesto de 20 millones de euros, aunque no se ha movido ni un bloque. La nueva alcaldesa ha insistido varias veces en recuperar ese dinero. “Les hemos dicho muchas veces que mientras no se resuelva esto, el ARU no sirve para nada”, señala Antonio.

“Si no hay solución a las escrituras, los vecinos no van a salir de sus casas ni con ácido”, dice Lorena de la Cruz, presidenta de la asociación, que cree que toda la tramitación del área de renovación urbana fue “una pantomima”. “Si quieren intervenir, primero las escrituras y después el resto, si no, aquí que no vengan”, añade. “Y que sean los mismos metros de vivienda”, advierte.

Dice Lorena que lo que tienen que hacer el Ayuntamiento y el Cabildo es ponerse de acuerdo y negociar con el Ministerio porque, apunta, “Loli Corujo sí se comprometió a ayudarnos, pero esto está otra vez atascado y estamos esperando una respuesta”.

Numerosos problemas

Mientras tanto, esta situación de interinidad permanente genera problemas para los vecinos. En primer lugar, como las casas no son suyas, los bancos no les dan un crédito para arreglarlas y tienen que pedir préstamos personales, como han hecho muchos de ellos, para solucionar los problemas que presentan las viviendas por el paso de los años. Algunos se han llegado a gastar hasta 20.000 euros porque han aprovechado para incluir una estructura de hierro.

Seneida Cedrés, Lorena de la Cruz, Censa Saavedra y un vecino.

Los vecinos creen que toda la tramitación del área de renovación urbana, actualmente paralizada a pesar de las graves deficiencias en los edificios, fue “una pantomima”

En segundo lugar, la mala situación de una casa afecta a las otras porque el techo es compartido por todas. “Mira cómo están las casas que vibran todas con las obras de Garavilla”, dice Censa Saavedra, la vicepresidenta de la asociación, que asegura que en la vivienda que tiene al lado de la suya corre riesgo de caerse el techo si llueve mucho porque está abombado hacia abajo: “Si se cae esa, dios no lo quiera, se cae la mía”.

Seneida Cedrés asegura que tuvo que rebajar la acera porque tiene un hijo con parálisis, para la silla de ruedas, y que de picar en la acera se hizo una raja en la pared de la vivienda.

En tercer lugar, hay casas ocupadas y el propietario no puede instar legalmente el desahucio porque no aparece como propietario. Todos los vecinos hablan de la dejadez del ISM: “Es curioso que si las casas son suyas, nunca se hayan preocupado de nada, no han invertido nada de nada”.

Antonio asegura que han fallecido muchos vecinos “con la pena de no poder dejarles la casa a sus hijos. “Con voluntad solo no vale, solo con la voluntad no se arregla”, dice. “Nos da igual quién se lleve las flores, si el Cabildo o el Ayuntamiento, pero que lo solucionen”, añade, y recuerda la promesa de Luis Casqueiro, que fue director del Instituto Social de la Marina, que dijo que lo primero que haría sería entregar las casas. Lo dijo, eso sí, hace más de 10 años.