El Plan General de Ordenación (PGO) de Yaiza, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, está recibiendo una batería de impugnaciones en los tribunales, por parte de entidades como la Fundación César Manrique y Transparencia Urbanística, que denuncian la legalización de irregularidades, pero también por empresas que no han quedado satisfechas con el nuevo planeamiento.

Uno de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo ha interpuesto la empresa Prosolmar, promotora de una urbanización turística en Playa Quemada, un núcleo costero que en las últimas décadas se ha mostrado en contra de convertirse en una localidad turística.

Prosolmar defendió en sus alegaciones al nuevo planeamiento del municipio sureño que el ámbito del plan parcial Costa Playa Quemada debía ser clasificado como suelo urbanizable, “ya que cuenta con plan parcial aprobado el 22 de diciembre de 1993 y publicado en el Boletín Oficial de Canarias el día 17 de octubre de 2001”.

Además, la empresa representada por el constructor José Luis Betancort expuso que “la demora en la publicación” del plan parcial “fue responsabilidad de la administración como ratifica la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2009, siendo el plan parcial valido desde el año 1993 y eficaz desde su publicación en el año 2001”.

El plan parcial Costa Playa Quemada contemplaba casi medio millón de metros cuadrados de afección de suelo, 500 camas para una clínica de salud que acompañaría a un hotel y villas que sumarían 1.200 camas, así como equipamiento comercial y un campo de golf.

El proyecto contemplaba un campo de golf, una clínica, un hotel y villas que sumarían 1.200 camas

El equipo redactor del Plan General, encabezado por el urbanista Jorge Coderch, rechazó las alegaciones e incorporar la urbanización al nuevo planeamiento. Argumentó que el plan parcial Costa Playa Quemada se encontraba afectado por la Ley de Medidas Urgentes de 2001, por lo que quedaba “extinguida” su “eficacia”.

Así, Coderch justificó la decisión en que cuando entró en vigor la Ley de Medidas Urgentes no se había aprobado un proyecto de reparcelación, ni la junta de compensación ni el proyecto de compensación, y tampoco se habían materializado las cesiones obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento de Yaiza.

Por ello, indicó Coderch, procedía la reclasificación del medio millón de metros cuadrados del plan parcial Costa Playa Quemada de suelo urbanizable con uso turístico en suelo rústico de protección territorial “al encontrarse en la zona de influencia del litoral”, considerando “necesario preservar de actividades y edificaciones el suelo”. Otra parte de la superficie del plan parcial se clasificó como suelo rústico de protección de infraestructuras.