La Policía Local de Arrecife precintó el pasado 2 de septiembre una parcela propiedad de la empresa Hormiconsa en la que se llevaba a cabo la actividad de tratamiento de residuos, según señala la propia resolución policial, situada junto a la machacadora que la empresa constructora tiene en el barrio de Argana Alta.

El precinto se produce en ejecución de la resolución adoptada por el pleno del Ayuntamiento de Arrecife el pasado 28 de marzo de 2025, dentro de un expediente sancionador. La denominada parcela 536 quedó precintada advirtiendo al responsable que en caso de reanudar la actividad podría cometer un delito de desobediencia a la autoridad y una infracción muy grave.

Se da la circunstancia de que en marzo, el concejal de actividades clasificadas, Kevin Cortés, explicó en un pleno que había habido un error, que se habían equivocado de parcela y que, en lugar de precintar la parcela 351, habían ordenado el precinto de la 536.

La parcela que se ha cerrado ahora es la parcela 536 del polígono dos, en la que se acumula material para convertirlo en áridos y que en teoría respondía a un error. Sin embargo, el propio edil dijo que se abriría un expediente para la parcela 351, que es donde está la machacadora, que no se ha culminado.

El expediente se ha alargado durante mucho tiempo. En septiembre del año pasado, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife acordó sancionar con 15.001 euros y ordenar la clausura del establecimiento y de la actividad de tratamiento de residuos “sin título habilitante” en esa misma planta. Según la legislación urbanística en vigor, esa actividad no tiene cabida en ese lugar. No se trataba solo de una parcela, sino de toda la planta, incluida la machacadora y las naves.

Expediente sancionador

El Departamento de Actividades del Ayuntamiento inició el expediente sancionador por infracción a la Ley de Actividades Clasificadas y espectáculos públicos porque esa actividad no se encuentra permitida en la categoría de suelo donde se desarrolla.

La asociación Adey Galguen había denunciado que la situación se arrastra desde hace años, ya que en 2015 la Oficina Técnica municipal ya tramitaba un expediente por el proceso de ejecución de una sentencia penal por la construcción del complejo en el que se debía demoler lo ilícitamente construido -tres naves con sus anejas plantas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción- y reponer la finca a su estado inicial.

En 2022, la sentencia penal se hizo firme, y la asociación siguió solicitando que se ejecutara y revelando quejas vecinales por la tierra que sale desde la machacadora a la superficie en el barrio de Argana Alta.