La asociación de juristas Jiménez de Asúa se creó en julio de 2015, aunque antes de su creación ya se había querido personar como acusación popular en las piezas del caso Unión, incluso en alguna que estaba archivada. La asociación, a la que no se le conocen asociados y cuyo origen está en Gran Canaria, ejerce casi toda su actividad en Lanzarote y se presenta como acusación popular pero no acusa.

En varias piezas pidió que se anulara el auto de apertura de juicio oral. En otra acabó recusando a la juez Silvia Muñoz y también se querelló contra el juez Pamparacuatro y contra el secretario judicial y los agentes de la UCO que investigaron el caso. Después se personaron en otras piezas de corrupción, como el caso Montecarlo, y pidieron la disolución de Transparencia Urbanística. No han tenido éxito en ninguno de estos casos.

Desde 2016 pusieron su atención en Yaiza, donde pidieron personarse en un sinfín de procedimientos administrativos y donde han puesto una docena de contenciosos en los Juzgados ante la negativa del Ayuntamiento de permitirles la personación.

Primero empezaron por los expedientes de legalización de los hoteles, siguieron con los de suelo urbano no consolidado en el Plan General, principalmente en el ámbito de Montaña Roja, después con las unidades de actuación del plan parcial Playa Blanca y los de suelo urbano no consolidado en Castillo del Águila, y en 2017 siguieron con la legalización de un hotel en Puerto Calero, del Rubicón Palace y de la contratación del redactor del Plan General, Jorge Coderch, para esos expedientes.

También pidieron ser parte en expedientes de obras municipales, como el campo de fútbol de Yaiza o la nave de Uga, y otros tan concretos como los expedientes urbanísticos relacionados con retranqueos de las viviendas legalizadas en el plan parcial Playa Blanca.

A esta asociación, los Juzgados la han multado por mala fe y la Fiscalía la ha calificado como un “caballo de Troya”. El Ayuntamiento de Yaiza, por su parte, se ha opuesto a sus pretensiones porque no concretan, según una de las contestaciones, “en un grado mínimamente razonable, los intereses que desean proteger, ni se determinan los datos concretos para los que se solicita el acceso y personación en los expedientes”.

Yaiza considera que sus peticiones son “genéricas, opacas, dédalas, y capciosas” y les llegó a contestar que “la única fórmula que en derecho ampararía la totalidad de la pretensión ejercitada, dado que los integrantes de la asociación solicitante son juristas, es que se presenten a cualquier oposición que convocara el Ayuntamiento”.

Juan Alberto Rubio Ortega, abogado de la asociación.

Pero Jiménez de Asúa es selectiva. No se ha personado en el expediente del suelo urbanizable de acceso a Playa Blanca, relacionado con Luis Lleó, ni en los expedientes dentro del plan parcial Costa Papagayo: los de legalización de los hoteles Son Bou y Princesa Yaiza, ambos del mismo propietario, Juan Francisco Rosa, así como en el del incumplimiento de los deberes urbanísticos en ese plan ni en el de la ocupación de zonas verdes municipales. De hecho, la asociación comenzó con esta batería de peticiones después de que la Junta de Gobierno municipal declarara ilegalizables esos dos hoteles si no se llevaba a cabo una demolición parcial.

La asociación, incluso, lanza advertencias en sus solicitudes, en las que añaden que si no les dan cumplimiento, “esta parte ejercerá las acciones que sean pertinentes, incluidas las de exigencia de la responsabilidad personal que corresponda”. Los tribunales les han dado la razón en primera instancia en alguno de estos casos, donde se les ha permitido ser parte de los expedientes, aunque todas las sentencias se han recurrido.

El Ayuntamiento de Yaiza está pidiendo en esos recursos que la asociación aporte información tanto sobre su creación como sobre su financiación, ya que alguien tiene que asumir los numerosos gastos de su intensa actividad judicial.