Mayo de 2009. Las Islas están sufriendo la mayor crisis económica del siglo y una de las peores que se recuerdan. Hace unos meses que ha explotado a escala mundial una burbuja inmobiliaria inflada a base de créditos de dudoso cobro y la inversión privada ha caído en picado. En este escenario, el Gobierno de Canarias presidido entonces por Paulino Rivero (CC) y con Domingo Berriel como brazo ejecutor de la obra pública y la política territorial, aprueba una ley que voluntariamente genera obligaciones indemnizatorias a empresarios turísticos.

Ahora, 13 años más tarde, el Ejecutivo regional se ve obligado a asumir sus consecuencias. En el caso de Lanzarote, instando al Ayuntamiento de Yaiza a modificar el Plan General de Ordenación (PGO) para convertir en suelo rústico una parcela en Playa Blanca a cambio de indemnizar al propietario.

Se desconoce con exactitud el importe de la compensación económica, pero en su momento el dueño del suelo reclamó 18,5 millones de euros. El mecanismo era el siguiente: los titulares de suelos urbanos o urbanizables de uso turístico que no hubiesen sido desclasificados con la Ley de Directrices de 2003 y que mantuviesen “sus derechos urbanísticos consolidados” podían pedir al Gobierno reclasificar sus terrenos a rústico de protección territorial.

En esta categoría de suelo que impide la construcción se quedarían congelados durante cinco años y, a cambio, se les reconocería “la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios” con cargo a la comunidad autónoma. El Gobierno de Rivero se reservaba la opción de expropiar el suelo para uso público o para venderlo.

El Gobierno de Ángel Víctor Torres acaba de anunciar que, en ejecución de sentencias judiciales ganadas por los promotores en varias Islas, va a tramitar la conversión temporal en suelo rústico de parcelas turísticas que se acogieron a ese mecanismo fijado en la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial, la conocida como moratoria de Paulino Rivero.

En el primer paquete que ha pasado por Consejo de Gobierno se han incluido 26 parcelas. Una de ellas está enclavada en la urbanización Montaña Roja. Se trata de la parcela 139 y la empresa promotora es Urena Mountain. Se da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) había anulado, en diciembre de 2007, la licencia concedida en mayo de 1999 y prorrogada en abril de 2003, bajo la alcaldía de José Francisco Reyes, para construir un hotel de 434 camas. El proyecto lleva la firma de Agustín Díaz de Aguilar.

El hotel de la empresa Urena Mountain, que lleva la firma de Díaz de Aguilar, tiene la licencia anulada por la Justicia y nunca se llegó a iniciar su construcción

En la parcela no se había movido una piedra ni se podía edificar. Pese a ello, la moratoria de Paulino Rivero y Domingo Berriel abrió la puerta a una indemnización que se tendrá que determinar ahora.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El Gobierno de Canarias impulsó aquella moratoria, con la justificación de que quedaba en las Islas suelo clasificado para otras 396.000 plazas turísticas, en un momento en el que precisamente no había riesgo de ningún boom de la construcción.

La ley se aprobó en el Parlamento y abrió un plazo de seis meses para que los dueños de suelo turístico que quisieran se acogieran a la norma, pero luego el Gobierno no tramitó los expedientes para modificar puntualmente los planes generales municipales y clasificar los terrenos como suelo rústico e indemnizar.

Plano del hotel de Urena Mountain en la urbanización Montaña Roja.

La sentencia del TSJC en el caso de la parcela de Montaña Roja, que da la razón al promotor y obliga al Gobierno a tramitar el expediente contemplado en la ley, no se ahorra críticas a la técnica legislativa empleada en la moratoria de Rivero y Berriel, que descalifica por su “absoluta falta de rigor”: “El hecho de que una parcela de suelo urbano –ni siquiera se habla de su dimensión- en un entorno consolidado por la edificación, con encintado de aceras, pavimentado, acceso rodado, alumbrado, etcétera. pueda ser declarada ‘rústica de protección territorial’, resulta al menos extravagante”.

El tribunal añade que “repugna al sentido común y a la lógica” crear un suelo rústico “posiblemente rodeado de construcciones” durante un periodo temporal acotado “para terminar retornando a su condición anterior de suelo urbano”.

Indemnizar

La parte más delicada, y que puede dar lugar a nuevos pleitos, es la relativa a fijar la indemnización. En un listado de reclamaciones al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, elaborado por el Gobierno de Canarias en 2016, cuando ya la Justicia había fallado en su contra, se reconocía que los promotores que se habían acogido a la moratoria de Rivero y Berriel reclamaban al menos 887 millones de euros.

El actual Gobierno de Canarias quiere reducir al mínimo posible el importe a pagar y lo va a interpretar de la siguiente forma: la indemnización estará vinculada a la “situación física y jurídica” de cada parcela, que se depurará cuando se modifique cada Plan General para convertir en suelo rústico los terrenos urbanos o urbanizables de los promotores. En todo caso, la última palabra la tendrán los tribunales.