El Consorcio del Agua de Lanzarote ha obtenido una nueva resolución judicial favorable ante las medidas cautelares solicitadas por Canal de Isabel II en relación con la reversión y toma de posesión del servicio. Mediante un auto fechado el 21 de octubre, la magistrada de la plaza número cuatro de la Sección Contencioso-Administrativa del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado las dos peticiones planteadas por la empresa.

Canal de Isabel II pretendía que el tribunal obligara al Consorcio a asumir de inmediato todos los derechos y obligaciones de los contratos que Canal Gestión Lanzarote mantenía con proveedores y otros terceros vinculados al servicio. También solicitaba que se atendieran todos los requerimientos de la antigua concesionaria y se le concediera pleno acceso a archivos, aplicaciones informáticas e instalaciones para preparar la liquidación de la concesión.

El tribunal rechaza imponer esas obligaciones como medidas provisionales mientras se resuelve el recurso. La decisión no constituye una sentencia sobre el fondo del conflicto, pero evita que el Consorcio tenga que asumir cautelarmente y de forma general los contratos privados de la anterior concesionaria.

El presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua de Lanzarote, Oswaldo Betancort, valora que "esta resolución permite seguir desarrollando la gestión del servicio sin que se imponga al Consorcio la asunción automática de todos los contratos privados de la anterior concesionaria. Seguiremos defendiendo los intereses de Lanzarote y La Graciosa y trabajando para mejorar el servicio con el respaldo de nuestros servicios técnicos y jurídicos".

Sobre la petición de asumir esos contratos, la magistrada explica que antes sería necesario examinar si esa obligación resulta jurídicamente procedente, una cuestión que no puede resolverse en este trámite cautelar. Añade que los posibles perjuicios económicos alegados por Canal podrían compensarse si posteriormente obtuviera una sentencia favorable.

El auto también señala la contradicción entre solicitar la anulación del acuerdo de reversión y pedir, al mismo tiempo, que se impongan actuaciones que la propia empresa presenta como necesarias para ejecutar ese acuerdo.

Respecto al acceso a documentación e instalaciones, el tribunal considera que Canal debe plantear sus solicitudes en el procedimiento de liquidación del contrato. Por tanto, la resolución no establece una prohibición general de acceso, sino que rechaza concederlo en los términos solicitados mediante esta medida cautelar.

Este pronunciamiento se suma al auto del pasado 19 de octubre, del que el Consorcio informó en una nota anterior, que rechazó suspender la incautación de los ocho millones de euros de garantía del contrato. Ambas resoluciones permiten mantener la ejecución de los acuerdos en los aspectos cuestionados cautelarmente, mientras continúan los procedimientos judiciales.

El Consorcio asumió la gestión directa del ciclo integral del agua el 2 de junio. Desde entonces, ha mantenido la continuidad del servicio y ha venido tramitando sus propios procedimientos de contratación para atender las prestaciones necesarias.

Por su parte, el vicepresidente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Domingo Cejas, destaca que "nuestra prioridad es garantizar el abastecimiento, el saneamiento y la depuración, mientras ordenamos las contrataciones necesarias y defendemos los recursos públicos. Ese trabajo continúa cada día para mejorar la atención a los usuarios de Lanzarote y La Graciosa".

El nuevo auto no impone costas a ninguna de las partes y permite presentar recurso de apelación en el plazo de quince días desde su notificación.