La Fiscalía de Las Palmas también solicita el ingreso en prisión del exsecretario de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, por su condena en el caso Yate, a pesar de que la pena no llega a los dos años de prisión.

El fiscal también alude, como en el caso de Reyes, al contexto "de exigencia de un plus de responsabilidad a quiénes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad" y a los antecedentes del ex secretario, que está inhabilitado pero trabaja en el Cabildo de Gran Canaria.

También se refiere a que "la percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático limitado a una visión rutinaria de comprobar la hoja histórico penal y el límite de la pena impuesta".

En el caso Yate, Fuentes fue condenado por tres delitos: a seis meses de cárcel por prevaricación urbanística, a seis años de inhabilitación por prevaricación administrativa y a otros seis meses de cárcel por malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento público y mercantil.

"Los tres delitos por los que ha sido condenado son delitos graves", y esto obliga al juez "a atender con carácter fundamental a tres parámetros: su conducta posterior al hecho, sus antecedentes y sus circunstancias personales".

El exsecretario ya ha sido condenado anteriormente en tres ocasiones, dos de ellas firmes y la otra pendiente de recurso. Ya fue condenado por prevaricación urbanística a la pena de cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo y también por un delito de negativa de someterse a las pruebas de detección de alcohol en 2015. También fue condenado por prevaricación urbanística a 19 meses de cárcel, por su labor como secretario, al igual que en el caso Yate.

El fiscal concluye señalando que "la función ejemplarizante y de coerción dirigida a la sociedad en general. Máxime al tratarse de un servidor público cuya misión principal como Secretario de la Corporación Municipal de Yaiza era impedir el abuso de poder y los caprichos urbanísticos del entonces alcalde, que se ejecutaron, durante un período prolongado de más de seis años en la masiva concesión de licencias urbanísticas a establecimientos hoteleros en contra de la normativa urbanística que le era obligado observar y hacer valer”.

“Además conviene no despreciar que el procedimiento reglado -tantas veces recordado desde el organismo supramunicipal como el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote- fue omitido cuando, dada la preferente posición que ocupaba en el control del otorgamiento de los actos administrativos, debió haber controlado su escrupuloso cumplimiento”, concluye el fiscal.