El Ayuntamiento de Arrecife tardó nueves meses en contestar a una demanda en el procedimiento judicial por el que el anterior alcalde Cándido Reguera decidió destituir de su cargo a la secretaria accidental Asenet Padrón, precisamente porque consideraba que no había sido diligente en dar traslado al abogado contratado por el Ayuntamiento y sólo le había dado dos días de plazo para interponer un recurso.

Padrón, en un escrito dirigido a la Junta de personal municipal, desmonta las explicaciones sobre el cese que dieron en rueda de prensa en febrero de 2012 Cándido Reguera (PP), junto a su entonces compañera de partido Nayra Callero y el teniente alcalde José Montelongo (PSOE).

La ex secretaria había denunciado previamente que los tres concejales habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su permiso para consultar un expediente que había sido solicitado por la Fiscalía, y que tras la visita faltaban documentos.

Reguera explicó entonces que Padrón no llevaba “los expedientes ni el trabajo con la diligencia debida”, concretamente en ese en el que una empresa reclamaba una indemnización de 90 millones de euros al Ayuntamiento.

Sin embargo, según la ex secretaria, no hubo falta de diligencia. El pasado mes de noviembre el secretario de la Corporación certificó, contestando a una solicitud hecha diez meses antes, que el procedimiento al que se refirió el entonces alcalde corresponde a una reclamación de la empresa promociones parque de La Vega contra la Comisión de valoraciones de Canarias, que es órgano que depende del Gobierno.

La funcionaria municipal, en su escrito, señala que no era un procedimiento contra el Ayuntamiento, sino que se comunicó al Ayuntamiento que se podía personar, y que todos los trámites se hicieron correctamente.

Según su relato de los hechos, en noviembre de 2011 se pidió presupuesto al abogado que indicó el alcalde para que llevara el caso, y en diciembre se le entregó el expediente completo, aunque previamente ya se había enviado la personación. La contestación a la demanda en ese procedimiento se presentó en octubre de 2012, nueve meses después de la destitución de la secretaria.

Acusaciones de ‘falsedad’

La funcionaria relata en un escrito los hechos y pide que se informe de ellos a la Junta de personal ya que en una Junta de hace dos años se informó “falsamente” de los motivos de la destitución.

Pide que en el futuro “este tipo de conductas abusivas ni se produzcan ni se toleren” y señala que se le atribuyó una responsabilidad que nunca existió, que las acusaciones contra ellas eran falsas y que no hubo falta de diligencia.

Caso Montecarlo

Añade que “se actuó sin negligencia, en tiempo y forma, y que en aquellos días, además de cuanto ya demanda de por sí este Ayuntamiento y en los que se atendieron cuatro sesiones plenarias y numerosas comisiones informativas, además, se encontraban abiertas unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, por las cuales, casi a diario, y con apercibimientos personales si no se contestaba en el plazo se pedía documentación a la Secretaría debiendo dar prioridad a aquello que posteriormente derivo en el caso Montecarlo”.