La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de súplica interpuesto por el exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, en el que pedía la suspensión de la condena del caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales. De esta manera, se hace firme la decisión previa de la Audiencia de que ingrese en prisión para cumplir la pena de un año de cárcel que había aceptado en el juicio.

El fiscal Javier Ródenas solicitó el ingreso en prisión del exsecretario de Yaiza, aunque su condena no llega a los dos años de prisión, el límite habitual para aceptar una suspensión del cumplimiento de la pena.

El fiscal destacó que “la percepción de impunidad en los delitos de prevaricación existe y se agiganta si el condenado elude la pena de prisión en un automatismo burocrático limitado a una visión rutinaria de comprobar la hoja histórico penal y el límite de la pena impuesta”.

La Fiscalía también aludió a la "exigencia de un plus de responsabilidad a quienes han ocupado cargos públicos utilizados para servirse del cargo para delinquir y no para servir al cargo con objetividad" y a los antecedentes del exsecretario, que está inhabilitado pero trabaja en el Cabildo de Gran Canaria.

En el caso Yate, Fuentes fue condenado por tres delitos: a seis meses de cárcel por prevaricación urbanística, a seis años de inhabilitación por prevaricación administrativa y a otros seis meses de cárcel por malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento público y mercantil.

La Audiencia Provincial dictó un auto el pasado 20 de abril en el que ordenaba el ingreso en prisión del exalcalde, José Francisco Reyes, y del exsecretario municipal. Reyes entró en la cárcel de Tahíche el pasado 23 de mayo y, ahora, la Audiencia desestima el recurso de súplica de Vicente Bartolomé Fuentes, que había insistido en solicitar que se suspendiera su pena.

En un auto dictado el jueves de la semana pasada, la Audiencia resalta que “no se han desvirtuado en absoluto los razonamientos que llevaron a denegar la suspensión de la pena impuesta” al exsecretario del Ayuntamiento de Yaiza.

Así, la Audiencia recuerda que Bartolomé Fuentes, como secretario del Ayuntamiento sureño, “emitió informes a sabiendas de su manifiesta ilegalidad contribuyendo de manera decisiva en el dictado final de los decretos de concesión de licencia por el alcalde, propiciando con su actuación manifiestamente ilegal una alteración total de la realidad urbanística del municipio de Yaiza”.

En el caso Yate, iniciado a raíz de una querella de Carlos Espino, entonces consejero socialista en el Cabildo de Lanzarote, se confirmó la autorización de “construcciones y edificaciones hoteleras sin otra base legal que el capricho del alcalde”, recuerda la Audiencia en su rechazo al recurso de súplica del exsecretario. También destaca que “el relato de hechos probados que fue reconocido como cierto por el propio” condenado.

“Latente” la posibilidad de delinquir

La Audiencia también subraya que el antiguo secretario de Yaiza acumula cuatro condenas y que “la posibilidad de comisión de nuevos delitos” por parte de Vicente Bartolomé Fuentes “está latente”.

De tal manera, resalta “su condición de funcionario en activo actualmente” en el Cabildo de Gran Canaria, añade que “en tal condición” de trabajador público “cometió los delitos de las tres condenas que pesan sobre el mismo, si bien una de ellas no es firme”, y apostilla que le consta “una cuarta condena por delito contra la seguridad vial, lo que probaría la variedad delictiva que practica el aquí penado”.

Delitos de “corrupción política”

Además, la Audiencia considera que, en su recurso de súplica, el exsecretario municipal “no hace referencia el recurso a la gravedad de los hechos, pues se trata de delitos cometido por funcionarios públicos, en lo que viene denominándose corrupción política”.

Para la Audiencia, estos delitos suponen “uno de los ataques más demoledores que puedan infringirse a una sociedad democrática, no solo desde un punto de vista cuantitativo: por el perjuicio económico que producen, sino cualitativo: al socavar, hasta casi disolver, los principios mismos sobre los que se asienta aquélla”.

“Daños irreparables” a Yaiza

Además, la Audiencia también tiene en cuenta que la gravedad de los delitos cometidos en el caso Yate “viene dada por los daño irreparables al municipio, por las construcciones desmedidas y contrarias a la normativa urbanística, que provocaron una alteración del territorio en perjuicio de todos los ciudadanos”.

Por último, la Audiencia descarta que el “voluntario reconocimiento” de los delitos pueda influir en la decisión de que Bartolomé ingrese en prisión. También señala que su anunciada “voluntad de integración social y laboral” no es más que “una mera manifestación de intenciones por quien ha sido condenado en varias ocasiones, por distintas modalidades delictivas”.