La Audiencia Provincial juzga este próximo lunes al exconcejal Pedro Reyes (PP), al exinterventor Carlos Sáenz y al empresario José Daniel Hernández por la presunta malversación de casi 600.000 euros en el Ayuntamiento de San Bartolomé. El juicio se iba a celebrar en mayo pero se retrasó a noviembre.

La Fiscalía de Arrecife solicita una pena de seis años de cárcel y diez años de inhabilitación al exconcejal Pedro Reyes por prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos por la presunta contratación irregular a la empresa Proselan ocurrida cuando llevaba el área de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de San Bartolomé. Reyes ya no es cargo público. El pasado mes de abril dio el pregón de las fiestas de La Asomada.

El caso se instruyó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife y en el banquillo también se sentarán como acusados el exinterventor de Arrecife y de San Bartolomé, Carlos Sáenz y el empresario José Daniel Hernández Arráez, ambos condenados por la pieza de Proselan dentro del caso Unión, por unos hechos muy similares a los que se juzgan la próxima semana, pero en el Ayuntamiento de Arrecife. Ambos están actualmente en prisión.

A Carlos Sáenz, la Fiscalía le atribuye un delito continuado de prevaricación administrativa, como cooperador necesario, además de un delito continuado de fraude y un delito continuado de malversación de caudales públicos, y pide una condena de seis años de prisión y 10 años de inhabilitación.

En cuanto a José Daniel Hernández, el Ministerio Fiscal pide una condena de cinco años y seis meses de prisión, así como nueve años de inhabilitación. Se le considera inductor de un delito continuado de prevaricación, autor de un delito de falsedad mercantil y cooperador necesario de sendos delitos de fraude y malversación de caudales públicos.

"Expoliación de fondos públicos"

Según destaca la Fiscalía, entre 2004 y 2007 los tres acusados se concertaron para la “arbitraria expoliación de los fondos públicos de San Bartolomé”. El empresario era administrador único de una empresa, Proyectos y Servicios de Lanzarote, dedicada a la iluminación y la electricidad, al igual que la sociedad Proselan con la que facturó 300.000 al Ayuntamiento de Arrecife por servicios no prestados que aparecían como facturas de iluminación en fiestas de barrios y carnavales.

La Fiscalía pide seis años de cárcel para Pedro Reyes y Carlos Sáenz, y cinco años y medio para José Daniel Hernández

El escrito de acusación destaca que en San Bartolomé se tramitaron múltiples expedientes de contratación de forma presuntamente ilegal. “Se creaba la ficción de la adjudicación directa por contrato menor”, señala la Fiscalía, sabiendo que estaban prescindiendo de las normas de contratación pública y de que no podían ser contratos menores porque el límite superaba los 12.000 euros fijados para la adjudicación directa de suministros.

Fueron 36 los expedientes que se adjudicaron a la citada empresa sin que existiera contrato. La cantidad total que cobró la sociedad fue de casi 600.000 euros (582.813,07 euros).  De esos 36 expedientes, al menos en 13 de ellos, según la Fiscalía, ni siquiera se hizo la obra o el servicio, cuatro de ellos en 2004, otros cuatro en 2005 y cinco en 2006.

En contra de la normativa

El proceder era sencillo. El empresario presentaba en Intervención las facturas de los supuestos servicios prestados. De ellas, 17 de estas facturas, que corresponden a 2006, fueron presentadas al cobro en 2007 y se conformaron mediante la firma del concejal de Servicios Públicos, que era el departamento que asumía el gasto “simulando que el expediente de contratación era válido y que el servicio o la obra se habían desempeñado en las condiciones pactadas”.

El interventor autorizaba las facturas y reconocía la obligación de pago, “a sabiendas de que en muchas ocasiones no se habían prestado los servicios descritos y de que su proceder era totalmente incompatible con la normativa administrativa de contratación pública aplicable”.

Nueve de esas facturas son de 2003, seis de 2004, cuatro de 2005 y las otras 17 de 2006. La de menor importe es de 630 euros y la mayor de 29.000 euros. Entre los conceptos se encuentran obras correspondientes al alumbrado de La Cañada (Güime), dos de la segunda fase de electrificación de Guacimeta, una de la electrificación de la calle El Cercado en Guïme, dos de la instalación eléctrica de la cancha deportiva, una por instalación de torretas y otras por ampliación de la red telefónica.

También había facturas de la red informática, del campo de lucha, de la reforma del centro sociocultural El Porvenir, el proyecto eléctrico para el teleclub de Güime, el del teleclub de Playa Honda, instalaciones en el campo de fútbol de Playa Honda, proyectos y legalizaciones en Playa Honda, el centro sociocultural de Montaña Blanca, el de El Islote o alumbrado público sin especificar.

Devolución de fondos públicos

La Fiscalía pide, en concepto de responsabilidad civil, que los tres acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de San Bartolomé con 155.061 euros, siendo responsable civil subsidiario la empresa Proyectos y Servicios de Lanzarote, vinculada a José Daniel Hernández. El importe se corresponde con el dinero cobrado en facturas por trabajos que, según sostiene la Fiscalía, "no se llegó a realizar la obra" ni a "prestar el servicio objeto del contrato", con el "consiguiente lucro personal y correlativo quebrando de las arcas públicas municipales".