El Ayuntamiento de Arrecife ejercerá acciones civiles y penales en las tres piezas del caso Montecarlo que le afectan, según señaló la alcaldesa, Eva de Anta, este martes por la tarde en una comparecencia sobre este caso durante el pleno municipal.

De Anta aseguró que están personados como acusación, por lo que solicitarán penas para los procesados, y como perjudicados, por lo que pedirán la devolución del dinero presuntamente malversado.

La alcaldesa señaló que el abogado del Ayuntamiento aún no ha presentado el escrito de acusación y que se le han dado órdenes para que pida ante el Juzgado un impulso procesal al caso con el objetivo de que “si se demuestra la malversación y el fraude”, exigir la devolución íntegra de todas las cantidades “en defensa del interés público y para luchar contra las malas prácticas y por la transparencia”.

“Me comprometo a que vuelva al Ayuntamiento el escrito de acusación sellado por el Juzgado”, aseguró la alcaldesa en su intervención.

El portavoz de Somos, Borja Rubio, señaló que la alcaldesa sólo ha informado de una declaración de intenciones pero que no contestó sobre si el Ayuntamiento ya ha desistido del recurso que interpuso contra el archivo de la causa al tesorero municipal, una cuestión que no ha quedado aclarada.

El Ayuntamiento de Arrecife pedirá penas para los procesados y como perjudicado solicitará la devolución del dinero presuntamente malversado

Rubio señaló que la Fiscalía había dicho que el abogado del Ayuntamiento había actuado  “al interés de un acusado y sin ningún tipo de control”.

Daniel Cabecera, de Ganemos, coincidió con Somos en considerar que se trata de una declaración de intenciones y destacó que aún no se les han respondido las preguntas hechas por escrito en julio de 2016. Realizó una serie de preguntas, como quién eligió al abogado, qué instrucciones se le dieron y quién determinó la estrategia.

De Anta apuntó que al abogado se le había contratado en la época de Fajardo Feo como alcalde. El PP, por su parte, pidió que no se hiciera un juicio paralelo y preguntó qué directriz se había dado al abogado.

Pendientes del interventor inhabilitado

Respecto a la destitución del interventor de Arrecife, condenado en firme por el caso Unión, De Anta señaló que la orden de destitución debe llegar desde Función Pública y que se está en contacto con el Ministerio para que, una vez que envíen la resolución, el cese sea inmediato.