La asociación Transparencia Urbanística (TU), denunciante del caso Stratvs y personada como acusación popular, destaca en su escrito de acusación registrado esta semana que “a nadie se le permite hacer en Lanzarote lo que a Juan Francisco Rosa”.

“Sólo Rosa cree posible definir a su antojo el lugar, las dimensiones y características de sus negocios, y sólo él cree posible que las normas se ajusten, como ‘un guante a la mano’, a sus pretensiones”, afirma la acusación popular.

“Guiado por tal creencia, despliega todos sus mecanismos de poder e influencia para materializar sus pretensiones, a las que graciosamente se pliegan quienes están legalmente obligados” a defender el marco legal, añade.

Rosa utilizó un permiso del Gobierno de Canarias para restaurar una vivienda de 243 metros y un almacén de 900 para construir el complejo Stratvs, de más de 12.000 metros cuadrados, en el espacio natural protegido de La Geria.

Para la acusación popular, “resulta ofensiva para la inteligencia humana la entrega de los administradores públicos al poder de influencia del cacique, el sumo hacedor”. En Stratvs, añade, “el poder político claudicó desde el primer momento, y los llamados a garantizar la igualdad de todos ante la ley entregaron sus armas y aceptaron cambiar el principio de legalidad por la ley del más fuerte”.

La Fiscalía solicita para Rosa 15 años de prisión por ilícitos que van de la falsedad documental al delito contra la ordenación del territorio o daños al medio ambiente, mientras que Transparencia Urbanística añade tres delitos de tráfico de influencias y destaca “la ascendencia personal” de Rosa “sobre las decisiones de funcionarios y autoridades” para autorizar la construcción y funcionamiento de unas instalaciones ilegales.

“La Isla se muestra indefensa frente al cacique en plena bacanal de influencias políticas y ánimo de lucro insaciable”, afirma TU

Para Transparencia Urbanística, “sólo desde la perspectiva de un tráfico de influencias continuado se puede entender el cúmulo de ilegalidades cometido de forma consciente y deliberada” por representantes del Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento de Yaiza.

Según la acusación popular, se dictaron resoluciones “a sabiendas de su ilegalidad”, se produjo una “ausencia absoluta de control en la documentación falsa aportada”, no se inspeccionó, controló ni sancionó, y se dio una “complicidad” con el promotor para saltarse “informes desfavorables” y permitir la construcción y apertura del complejo Stratvs.

“La Isla”, señala la asociación, “se muestra indefensa frente al cacique en plena bacanal de influencias políticas y ánimo de lucro insaciable”. Con respecto a Stratvs, añade, “los representantes y cargos públicos” han puesto “la maquinaria administrativa al servicio de intereses particulares”.

De este modo, considera que “los sistemas de control y fiscalización del Estado de derecho han brillado por su ausencia” y que incluso “han participado activamente, propiciando y favoreciendo la comisión de los delitos” que se investigan en el caso Stratvs.

Extenuante “regateo con la ley”

Transparencia Urbanística asegura que el expediente de Stratvs ha sido “un regateo con la ley llevado a la extenuación”, con el “sometimiento a la capacidad de influencia” de Rosa “por los llamados a defender el interés general y a garantizar el cumplimiento de las normas”.

Así, la acusación popular defiende que las resoluciones que autorización la construcción de la bodega se emitieron “al dictado de las pretensiones” de Rosa, que se mantuvo “oculto” durante parte del expediente para que pareciera que la promotora era Piedad del Río, esposa del arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas, también imputado.

Sin embargo, añade, “los técnicos que intervienen tanto en el expediente de autorización del Gobierno autonómico como en la concesión de la licencia municipal mantienen un hilo de comunicación servil y constante” con Rosa.

“Inexistente labor de inspección”

Transparencia Urbanística critica los cargos públicos que intervinieron en los permisos han permitido “con impunidad” la explotación de una industria “clandestina” durante años. También destaca la “inexistente labor de inspección” del gerente del Consejo Insular de Aguas y del ingeniero del área de Actividades “a pesar del conocimiento de la contaminación y de la peligrosidad” existente, lo que denota “una capacidad de influencia” de Rosa “sobre las decisiones de los técnicos del Cabildo de una evidencia palmaria”.

Más detalles

“PLEITESÍA”. Para Transparencia Urbanística, “la manifestación de entrega y pleitesía no sólo se evidencia” desde el inicio del expediente hasta la apertura de la instrucción penal, sino que “el sometimiento de políticos y funcionarios se hace patente a lo largo de la instrucción, pudiendo afirmarse que existe un pulso constante a las decisiones judiciales por parte del Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Yaiza”.

“LEGALIZAR”. “La normativa aprobada, y que se ha pretendido aprobar, por dichas instituciones, se ha elaborado expresamente con el único fin de legalizar el complejo turístico Stratvs, y conferirle a través del planeamiento una posición jurídica singular y privilegiada, equiparándola indebidamente con las bodegas históricas de La Geria”.

“DEFENSA”. Para la asociación, “la entrega fiel y sin paliativos en la defensa de los intereses” del dueño de la bodega por el presidente del Cabildo, el consejero de Medio Ambiente y el Director insular de Ordenación Territorial “ha sido tan pública y evidente que ha causado alarma social en Lanzarote”.