El abogado Federico Toledo se enfrenta a la petición de una pena de cuatro años y diez meses de prisión por deslealtad profesional y un delito de cooperación para malversación de caudales públicos. Es el único de los cuatro acusados en la pieza del caso Montecarlo relacionada con el Ayuntamiento de Arrecife que se ha juzgado este jueves en la Audiencia Provincial que ha defendido su inocencia y la vista oral se ha centrado exclusivamente en su actuación.

Los antecedentes. La trama urdida por el exinterventor Carlos Sáenz y por el empresario José Vicente Montesinos consistía en pasar facturas al Ayuntamiento por pliegos de condiciones para servicios o suministros que no se hacían. Los pliegos eran un corta y pega. El interventor informaba favorablemente el pago con la ayuda del entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, ya fallecido, con quien se intercambiaba favores. Uno aprobaba gastos ficticios o inflados que le interesaban al otro y viceversa. Pero tras la detención de Rodríguez en el caso Unión y su renuncia al acta después de salir de la cárcel y facilitar una moción de censura, el siguiente concejal no reconoció varias facturas.

Los hechos. Entonces Montesinos solicitó el abono de las facturas y fue a los tribunales. El alcalde Cándido Reguera contrató a Federico Toledo para que llevara dos pleitos: uno por 16.000 euros y otro por más de 50.000. Lo hizo por decreto porque era un contrato menor. Uno de ellos lo perdió y Toledo no recurrió. En ambos pidió después la suspensión, tanto de la ejecución de la sentencia como del procedimiento, por la prejudicialidad penal, porque las facturas eran objeto de esta causa penal, el caso Montecarlo, y había que esperar a su resolución.

Las facturas finalmente, fueron reconocidas por el Ayuntamiento dentro del reconocimiento extraordinario para proveedores impulsado por el Gobierno central en 2012. En un primer momento no se habían incluido pero tras las alegaciones de la empresa y la certificación individual del interventor, se incluyeron. Durante la vista, nadie ha sabido afirmar si se pagaron o no se pagaron.

La acusación. Tanto la Fiscalía como la acusación particular (el Ayuntamiento de Arrecife) y popular (Acción cívica contra la corrupción) consideran que Federico Toledo no hizo lo suficiente para defender los intereses municipales. Por un lado, ponen de manifiesto los vínculos con alguno de los acusados. Toledo era socio de Javier Betancort, que a su vez era socio de Montesinos y éste de Sáenz. También fue compañero de partido, del PP, tanto de Betancort como de Reguera, que es quien le contrata y que estuvo imputado en la causa.

En 2008, Toledo y Betancort viajan a Fuerteventura y el billete lo pagó Tributos La Oliva, la empresa de Montesinos que gestionaba la recaudación en ese Ayuntamiento cuando Sáenz era interventor allí.

Por otro lado, las acusaciones consideran que Toledo debió recurrir el pleito perdido. El abogado presentó un escrito diciendo que el secretario accidental, Francisco Javier López, le había ordenado que no recurriera. López lo ha negado. Ha declarado que fue idea de Toledo, que además sabía que él no tenía esas competencias y que el letrado debe recurrir salvo que se le den las instrucciones contrarias. Las acusaciones también le afean a Toledo el hecho de que tardara 10 días en comunicar el fallo desfavorable y que no renunciara al caso cuando fue imputado en esta causa en 2012. Acabó renunciando en 2019.

La Fiscalía dijo en el juicio que, además de sus vínculos, intervino tarde y no presentó una buena defensa porque debía tener conocimiento de que sí había pliegos ya que se habían presentado unos borradores en el procedimiento administrativo. Afirmó que sabía que había diligencias penales de investigación y que no hizo mención a ello en la contestación a la demanda.

Por otra parte, el exalcalde Manuel Fajardo Feo dijo que se hizo lo que dijo el abogado pero que normalmente intentaban ir “con todos los procedimientos hasta el final”. La acusación popular habló de “confluencia de intereses” y dijo que el abogado debió poner en conocimiento  que tenía vínculos con uno de los acusados.

El juicio de Montecarlo, este jueves. Foto: Adriel Perdomo.

La defensa. Toledo sostiene que dejó de ser socio de Betancort en mayo de 2011, antes de que le fuera encargado al pleito. Sobre el viaje a Fuerteventura, alegó que fue porque éste le pidió que le acompañara “a un tema laboral”, por amistad. También sostiene que argumentó en el contencioso que no se debía pagar porque no existió contrato ni expediente y que no se hizo el trabajo, y que eso es lo que se había contestado desde Contratación, algo que corroboró la funcionaria Asenet Padrón, que ha ocupado la secretaría accidental del Ayuntamiento.

Su defensa alega que no se causó quebranto patrimonial puesto que para el abono de las facturas no fue decisivo ese pleito.  Posteriormente, Intervención presentó unos documentos del expediente que, según Toledo, siempre se había negado que existieran. Para la defensa del abogado Federico Toledo, su intervención en el procedimiento y la de Sáenz no son incompatibles, por lo que no se puede afirmar que haya connivencia. Su planteamiento fue que era mejor pedir la suspensión que recurrir. “Estimé más conveniente no apelar por las costas y para suspenderlo por la vía penal”.

El abogado Federico Toledo reconoció que habló por teléfono con Carlos Sáenz por petición de Cándido Reguera pero que no se reunió con él para hablar del procedimiento. Sobre la sentencia, dijo que la presentó una semana tarde porque estaba de viaje, pero que había tiempo suficiente para recurrir. Renunció en 2019 porque es cuando cambió su situación procesal, de investigado a acusado. En 2013, Fajardo Feo le pidió que renunciara a los dos procedimientos, le contestó que no tenía inconveniente pero asegura que no recibió contestación a sus escritos. En definitiva, según su defensa, no hay perjuicio. “El resultado hubiera sido el mismo se hubiera hecho lo que hubiera hecho”.  Las sentencias siguen sin ser ejecutadas, son inejecutables y no hay requerimientos de pago, sostienen.

El lío del despacho. En la Navidad de 2011 hubo un caso sonado en el Ayuntamiento de Arrecife. La secretaria accidental, Asenet Padrón, denunció ante la Policía que varios cargos públicos habían entrado en su despacho y había desparecido la copia de una documentación que reclamaba la Fiscalía. Este episodio ha salido durante el juicio porque uno de los que entró al despacho fue Toledo, junto al entonces alcalde Cándido Reguera y los concejales José Montelongo y Nayra Callero. Esos papeles aparecieron en la casa de Reguera.

Toledo ha reconocido que estuvo allí y que le llamaron porque el fiscal Stampa había dicho a Nayra Callero, que era abogada en ese procedimiento, que tenían que aparecer esos papeles “o imputaba a todo el mundo”. El abogado contestó a la demanda del contencioso al día siguiente de la visita a ese despacho. Por su parte, Callero ha declarado que no recordaba si estuvo o no ese día en el despacho de la secretaria del Ayuntamiento ni que estuviera Federico. Dijo que entraba en todas las dependencias municipales con naturalidad. “Se dijeron tantas cosas que ya he confundido lo que ocurrió con lo que ustedes dicen que ocurrió”, concluyó.