En el marco de las actuaciones que el EPRONA (Equipo de Protección de la Naturaleza) de la Comandancia de Las Palmas viene desarrollando en la isla de Lanzarote para combatir la proliferación de construcciones ilegales, se ha llevado a cabo la segunda fase de una amplia operación de vigilancia e investigación.

En esta nueva etapa, el EPRONA ha investigado a un total de 22 personas por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, tras realizar 23 inspecciones en edificaciones presuntamente ilegales situadas en los términos municipales de Haría y Tías. Estas actuaciones se suman a las llevadas a cabo el pasado mes de mayo, en la denominada primera fase, en la que fueron investigadas 20 personas y se efectuaron 42 inspecciones. De este modo, en lo que va de año 2025, las investigaciones acumulan un total de 42 personas investigadas y 65 construcciones inspeccionadas.

Por todo ello, los investigados se enfrentan a penas de prisión de uno a tres años, multas de doce a veinticuatro meses, así como a la demolición de las obras y la obligación de reponer los terrenos a su estado original.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de que los agentes del EPRONA detectaran un incremento de edificaciones con fines residenciales y recreativos en suelos protegidos, donde este tipo de construcciones está expresamente prohibido. Dichas actuaciones ilegales provocan la degradación de zonas medioambientalmente sensibles, poniendo en riesgo la biodiversidad y afectando a la calidad de vida de las comunidades locales legalmente asentadas.

Durante el desarrollo de la investigación, el EPRONA de la Comandancia de Las Palmas —que se traslada periódicamente desde Gran Canaria a Lanzarote— ha contado, como en fases anteriores, con la colaboración de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y de las áreas de Urbanismo de los ayuntamientos de Haría y Tías. En este sentido, la Guardia Civil agradece la implicación y apoyo de estos organismos, cuya colaboración ha sido fundamental para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, la Guardia Civil recuerda la importancia de respetar la normativa urbanística y medioambiental, y advierte de que la ejecución de obras en suelo protegido puede implicar responsabilidad penal y patrimonial, incluida la obligación de restituir los terrenos a su estado original.