La interventora del Cabildo, Rosalinda Bonilla, ha señalado que su informe sobre el acuerdo económico con la plantilla de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) aprobado por la oposición en el pleno del Cabildo “se pronuncia con carácter desfavorable” al mismo.

En concreto, ese carácter desfavorable se extiende a “la ordenación del pago a los trabajadores” por cuestiones salariales reclamadas en los tribunales por los empleados de los Centros.

El pago, apunta la interventora, quedaría “a expensas de lo que resuelvan las sentencias que se dicen como consecuencia de las demandas de carácter individual presentadas por los trabajadores ante la jurisdicción social”.

La interventora señala que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) reconoció en noviembre del año pasado el “derecho a percibir un complemento personal por la diferencia cuando la retribución anual con el nuevo convenio sea inferior a lo que percibían” antes de su entrada en vigor en el año 2014 “y, en caso contrario, a percibir la cantidad del nuevo convenio”.

Sin embargo, precisa la responsable de Intervención del Cabildo, “la concreta materialización del derecho reconocido por la Sala dependerá de lo que resuelvan las sentencias referidas en las demandas individuales”.

Si los trabajadores ganasen las demandas individuales y se determinara que lo reclamado “no supone un incremento retributivo sino la cuantificación del derecho reconocido, la propuesta sería legal al tratarse de una interpretación de la aplicación del convenio”, concluye la interventora.

La aclaración de la interventora del Cabildo se produce después de que el presidente Pedro San Ginés le solicitara que precisara el sentido de su informe “a la vista de la controversia surgida” desde el pleno del pasado 9 de octubre, en el que la oposición aprobó un acuerdo económico con los trabajadores de los Centros para desbloquear la huelga en el ente público.

Informe de Intervención sobre los CACT

San Ginés ha resaltado que la oposición ha venido “negando el carácter desfavorable del informe de la interventora” y que ha llegado a afirmar “que amparaba el pago anticipado” de las remuneraciones en litigio antes de las sentencias individuales relativas a cada trabajador.

El presidente también recordó que el acuerdo aprobado por la oposición, “incluido el cese de Echedey Eugenio y José Juan Lorenzo” como miembros del Consejo de administración de los Centros, estaba “supeditado” al visto bueno de Intervención.

Para San Ginés, el segundo informe de la interventora, hecho público el viernes, “no deja lugar a interpretaciones tendenciosas ni malintencionadas porque es claramente contrario a un acuerdo que es nulo de pleno derecho”, como recalcó que también lo había determinado la Asesoría jurídica del Cabildo, que tacha de “ineficaz” el acuerdo del pleno aprobado por la oposición.

El presidente dijo que el criterio de Intervención “respalda las tesis” que ha sostenido la dirección de los Centros Turísticos. Para San Ginés, “deja en evidencia la irresponsabilidad e incoherencia del Partido Socialista, al que le pesaron más los votos de los trabajadores de los Centros en un proceso congresual interno que atender sus responsabilidades en el grupo de gobierno.

San Ginés también ha criticado al comité de huelga, “que no dudó en jugar con los intereses de sus compañeros en un asunto que tenía tan poco recorrido como validez jurídica”. “Es a ellos a quienes corresponde explicar su actitud y comportamiento ante la opinión pública y ante sus compañeros”, apostilló.