La autorización minera de la cantera de La Degollada por parte de la Consejería regional de Industria está pendiente del filtro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El expediente está sobre la mesa de la Consejería que dirige Domingo Berriel desde mediados de octubre.

Así lo confirmó la consejera de Industria, Francisca Luengo, quien señaló esta semana en el Parlamento de Canarias que se ha solicitado la declaración de impacto ambiental para la zona minera, que alberga unos 6,8 millones de metros cúbicos de basalto.

Las empresas que han solicitado la autorización para la cantera, vinculadas a Honorio García Bravo, ex alcalde de Yaiza, han apuntado que por el volumen de basalto que se ha estimado, la mina tendría una vida útil de hasta 58 años, con una previsión de ingresos que rondarían los 2,3 millones de euros y unos beneficios al año de 1,8 millones.

El promotor ha indicado que se intervendría en una montaña que ocupa 300.000 metros de superficie, aunque se explotaría la mitad, y ha insistido en que el Plan Insular vigente, de 1991, “caracteriza la superficie de explotación como suelo rústico potencialmente productivo minero”. Además, destaca en el proyecto que hay infraestructuras públicas como carreteras o la ampliación del puerto de Playa Blanca, que necesitan de áridos, y así como que “no parece para nada descabellado” que durante el medio siglo de explotación de la cantera, “existe y existirá una demanda de áridos de construcción en el mercado insular”.

La consejera afirmó en la Cámara autonómica que “la actividad extractiva tiene interés para la industria” pero subrayó que está “muy sensibilizada” con el proyecto y destacó que se ha desplazado al pequeño pueblo del municipio sureño, con apenas 52 residentes censados. Llegó a afirmar que espera que ese entorno natural “tan maravilloso” se “mantenga”.

Se han presentado unas 200 alegaciones contra el proyecto

Luengo indicó que la declaración de impacto ambiental que tiene que emitir la Cotmac “suele tener carácter vinculante” para el departamento de Industria, y apostilló que hasta que no tenga el criterio de la Consejería de Política Territorial no es “prudente” que se pronuncie sobre si el Gobierno al final autorizará el permiso minero en La Degollada.

El diputado lanzaroteño Isaac Castellano, del grupo nacionalista, destacó que en el trámite de información pública se han presentado 198 alegaciones tratando de paralizar la instalación de una cantera y una machacadora en el pueblo sureño. Entre ellas, las del Cabildo y del Ayuntamiento de Yaiza.